Que no siempre gane la banca

Juegos de azar en la mira
Que no siempre gane la banca
Quiénes son los protagonistas detrás del negocio de las salas de juego en Argentina. Cuánto le ingresa al Estado por impuestos y por qué la provincia de Buenos Aires es el epicentro del debate sobre un nuevo marco regulatorio para la actividad.

por Federico Poore
Debate, 20-09-2012

“Escúcheme bien. Aquí hay setecientos florines; tómelos y gáneme la mayor cantidad que pueda a la ruleta. Necesito dinero inmediatamente, sea como fuere”, exclamó Paulina Alexandrovna. Paulina no existe: es uno de los personajes de El jugador, la novela que Fedor Dostoievski publicó en 1867 y que reflejaba su adicción al juego en una ciudad imaginaria a la que llamó Roulettenburgo. 
Un siglo y medio más tarde, mientras el fenómeno de los juegos de azar explota en la Argentina, son muchas las ciudades que hoy se disputarían el título de “Roulettenburgo de las Pampas”. Mar del Plata, Rosario, La Plata y, sobre todo, el conurbano bonaerense, son el escenario de un negocio multimillonario, que detrás del humo de cigarrillo y la sonrisa de los ganadores esconde una trama poco contada.
En nuestro país no existen cifras nacionales que especifiquen cuánto dinero mueve el negocio del juego. En 2006, la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales (ALEA) calculó ingresos anuales por catorce mil millones de pesos, cifra que el diario español El Mundo actualiza a diez mil millones de euros por año. Sólo las utilidades brutas -ganancia luego del pago de premios- de los tragamonedas de la provincia de Buenos Aires alcanzaron durante 2011 la friolera de 6.400 millones de pesos, casi el doble de lo que la provincia presupuestó para todo el año en el área de Desarrollo Social.
“El fenómeno de la industria de los juegos de azar en la Argentina comenzó su cambio profundo con la puesta en marcha del sistema online de control para las máquinas tragamonedas en la provincia”, explica Nicolás Bondarovsky, jefe de redacción de Games Magazine, una de las principales revistas del sector. El periodista reconoce a la Argentina como la principal plaza de Latinoamérica y cree que en los próximos años el país seguirá la tendencia mundial de los llamados “centros de entretenimiento”.
Las ganancias son exorbitantes. Ángel Tabanelli, dueño de Boldt y operador de Trilenium, en 2011 reportó ganancias brutas de casi sesenta millones de pesos únicamente en el casino de Tigre. El año pasado, la española Codere (que opera sólo en provincia de Buenos Aires) reportó un beneficio bruto de explotación de 165 millones de euros. Cristóbal López recauda 1.000 millones de pesos anuales con las máquinas tragamonedas ubicadas en el Hipódromo de Palermo, según detalla el diputado provincial Walter Martello (CC-ARI), que hace siete años viene investigando el tema y publicó este año el libro No va más.

De Perón a Duhalde
A comienzos de la década del cincuenta, Juan Domingo Perón estatizó los casinos. Su idea fue limitar las salas de juegos a los lugares de veraneo, objetivo que acompañó con la creación de la Lotería de Beneficencia Nacional, y destinó a la acción social parte de los recursos generados por el sector.
Con el correr de los años, el sistema se distorsionó y la recaudación terminó desviándose hacia otros destinos. En los noventa, cuando se realizó el traspaso del control del juego del Estado nacional a las provincias, los gobernadores comenzaron a engrosar sus arcas con los recursos del juego.
En la provincia de Buenos Aires, la actividad estuvo hasta 1992 bajo la órbita de una simple dirección dependiente del Ministerio de Economía. El ex gobernador Eduardo Duhalde decidió expandir las facultades del organismo estatal con la creación del Instituto Provincial de Loterías y Casinos, al tiempo que en el resto del mundo comenzaba a crecer el negocio de las máquinas electrónicas.
“Loterías” se montó a este nuevo fenómeno, exacerbando el potencial de los últimos desarrollos tecnológicos y poniendo en práctica las variantes más insólitas del juego, que quedaron en manos de empresas cuyo negocio consistía en estimular y masificar las apuestas electrónicas.
La comisión investigadora de lo actuado por el Instituto, conformada en la Cámara de Diputados bonaerense a finales de los noventa, condenó la situación al advertir que “en ningún país, salvo rarísimas excepciones, se deslocalizan los lugares de apuestas y se erigen innumerables bocas para tentar a los apostadores, tanto grandes como pequeños, o transeúntes”. Lejos quedaba la ley 4.588 de 1937, que indicaba que las salas debían situarse en ciudades balnearias “y a distancia no menor de 350 kilómetros de la Capital Federal”. El carácter ocasional o turístico del juego se había convertido en una tentación constante para los habitantes de la provincia.

De la captación de apuestas al megacasino de Tigre
Aquí entra en escena Boldt. Durante décadas, la empresa de Ángel Tabanelli se había limitado a brindar servicios de impresiones de seguridad para bancos, pero en mayo de 1993 un decreto de Duhalde la puso al frente de un programa de implementación de terminales online para el tipo de quiniela Club Keno Bonaerense.
Así, sin licitación pública y por medio de contratación directa, la empresa se hizo cargo de la captación de apuestas en más de tres mil quinielas de la provincia. Dos años más tarde, Duhalde amplió este acuerdo exclusivo para que la firma también instalara máquinas tragamonedas en los casinos bonaerenses y Boldt comenzó a llevarse hasta un cuarenta por ciento de las utilidades producidas por todos los slots de la provincia. “Adjudicar en forma directa es algo normal en el juego”, se defendió Ángel Tabanelli en una entrevista concedida semanas atrás a El Cronista Comercial.
Junto a la Sociedad Comercial del Plata (SCP), en 1999 inauguraron el Trilenium, “el casino más grande de Latinoamérica”. Ubicado en Tigre, arrancó con sesenta mesas de juego y 1.500 máquinas electrónicas. Según el acuerdo vigente, la recaudación de los juegos de paño iba para el Estado provincial pero el cincuenta por ciento de las utilidades brutas de las máquinas quedaban en la empresa.
El socio de Boldt en el Trilenium era Santiago Soldati, un ícono empresarial de la década menemista que había participado en varias privatizaciones y oficiaba de cara visible del Tren de la Costa. Juntos lograron una concesión por diez años y una cláusula de exclusividad en un radio de 150 kilómetros, con una empresa creada ad hoc que había presentado un capital inicial de sólo doce mil pesos.
Pero las desprolijidades no terminaban allí: el Instituto preveía para la empresa adjudicataria una rentabilidad de 75 millones de pesos anuales reconociendo una inversión total de setenta millones. Según estos cálculos, Boldt se embolsó en un año toda la inversión prometida y finalizó ese primer contrato con nueve años de ganancia pura.
Desde la empresa aseguran que no son “socios” de los gobiernos. “Las ganancias le corresponden en un ciento por ciento a los estados provinciales”, recuerda a Debate Juan Carlos Salaberry, director comercial de Boldt. Sin embargo, admite que su compañía se lleva un buen porcentaje de las ganancias de las máquinas. Pero en esos casos, insiste, “nos hacemos cargo de todas las inversiones y costos operativos”.

Cartón lleno
A la expansión desenfrenada de los casinos se le sumó la consolidación de los bingos oficiales, que habían desembarcado en territorio bonaerense gracias a la ley 11.018. Su supuesta “contribución” al bienestar social por la vía recaudatoria es al menos dudosa: de cada cien pesos que se juegan, sólo dos van a parar al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.
En diciembre de 1998, ante una caída en el volumen de juego, una resolución de Loterías permitió instalar tragamonedas en los bingos, reconociéndolas como una “modalidad complementaria”. De manera escandalosa, la medida borraba con el codo lo que el propio Instituto había establecido seis meses antes en la resolución 1246, en la que prohibía el funcionamiento “de máquinas de habilidad o destreza”.
Ante la dificultad de controlar los slots, Loterías fijó un canon de entre 1.500 y 20.000 pesos por cada uno. El propio organismo estimaba que esa suma anual podría cubrirse con las ganancias de catorce días: el resto del año era pura utilidad para la empresa.
Según el diario Hoy de La Plata, las tres salas ubicadas en La Matanza generan 730 millones de pesos al año. Le siguen las de Quilmes (425 millones), San Martín (357 millones), Lanús (318 millones), Avellaneda (306 millones) y La Plata (304 millones). Hoy suman 46 en 32 municipios. Catorce de ellos son controlados por una sola empresa: Codere.

La Repsol de los juegos de azar
Compañía de Recreativos (Codere) es la principal operadora de apuestas deportivas en Madrid. Nació en 1980 tras la legalización del juego en España y cuatro años más tarde inició su desembarco en Colombia, México, Panamá, Uruguay, Brasil y, por supuesto, la Argentina, donde se concentró en la provincia de Buenos Aires. En una nota publicada por el semanario español Expansión, el presidente de la compañía, José Antonio Martínez Sanpedro, reconoció que el ochenta por ciento de las ganancias brutas del grupo estaba en territorio latinoamericano.
Al igual que con Boldt, la llegada al país de la firma ibérica contó con el visto bueno de Duhalde. No por nada la entidad de bien público que, en los papeles, explota los bingos de Temperley y Lomas de Zamora es el Club Atlético Banfield, equipo de los amores del ex presidente. Luego de que el “Taladro” obtuviera el Apertura 2009, la entonces presidenta de Codere Argentina, Beatrice Rangel, armó un agasajo en el que los jugadores le entregaron una camiseta encuadrada para ser exhibida en las oficinas de la compañía en Madrid.
Los negocios de Codere en el país resultaron fabulosos: según su último balance anual, la firma embolsó 186,4 millones de euros de ganancia bruta sólo en territorio bonaerense, contra 42,1 millones en su país de origen. La Argentina representó el 40,25 por ciento de sus ingresos mundiales.
En 2010, Rangel admitió que el grueso de su facturación está en las máquinas. “Las tragamonedas subsidian al bingo, los bingos tienen un margen mínimo”, le dijo al diario La Nación. Consultada por qué siguen manteniendo los cartones, respondió: “Es obligatorio. Por cada máquina debe haber dos puestos de bingo”, en relación a lo establecido desde 2003 por ley provincial. El año pasado, la ejecutiva fue reubicada en México y, en su lugar, la empresa nombró al peronista Héctor Luna, ex presidente de la Cámara Argentina del Bingo y hoy vicepresidente del grupo. Esta revista se contactó con Luna para una entrevista, pero el pedido fue derivado a su vocero, que días más tarde negó cualquier posibilidad de concretarla. “No estamos saliendo a hablar”, informó.

Orden en la sala
El primer intento regulatorio en torno al descontrol de los bingos tuvo lugar hace unos diez años, bajo la gestión de Felipe Solá. Acorralado por problemas de caja y la crisis económica que sacudía al país, Solá presentó un proyecto que legalizaba las tragamonedas en los bingos pero proponía que la provincia se alzara con un tercio de las ganancias. Luego de idas y vueltas, en junio de 2003 se aprobó la ley provincial 13.063, que establece:

- Al menos el 85 por ciento de la recaudación total de las tragamonedas debe destinarse al pago de premios.
- Del porcentaje restante (“utilidades brutas”), el 66 por ciento queda para las salas de bingo y el 34 para el estado provincial.
- Por cada máquina habilitada debe haber dos asientos para el juego de bingo.
- Debe haber al menos un puesto de trabajo por cada slot autorizado.

Una de las personas que colaboró con la redacción del texto recuerda: “Lo que planteamos fue el principio de un plan de transparencia. Nos hicimos cargo de una Lotería caótica, con una recaudación en concepto de tragamonedas de apenas dos millones y medio de pesos al año”. La fuente dice que el nuevo sistema arrancó el 6 de diciembre de 2002 y que hacia finales de mes el Estado llevaba recaudados 14,7 millones de pesos.
Esta nueva fuente de ingresos contribuyó a que el Estado se lanzara a promocionar la actividad: la unidad del negocio pasó de 385 millones de pesos en 2002 a casi 2.000 millones cuatro años más tarde. En 2006, un decreto de Solá renovó automáticamente y por quince años las licencias de las salas de juegos que habían desembarcado durante el gobierno de Duhalde.
Desde 2002, además, cada bingo es controlado por uno de los sistemas que proveen las empresas Boldt, Electrochance, Octavian o Sielcon. “Como en aquel momento no había tiempo para hacer una licitación internacional, armamos un modelo según el cual existen ciertos sistemas homologados por Loterías y el empresario puede elegir cuál va a controlarlo”, cuenta Juan José Marc, ex funcionario provincial y editor de El Diario del Juego. Este esquema es más confiable que el de otras provincias o, sin ir más lejos, que el propio control que el gobierno bonaerense tiene sobre las demás tragamonedas: de hecho, los 3.600 slots ubicados en los casinos de la provincia aún son controlados por Boldt. “Es un negocio de la época de Duhalde que nadie le tocó”, afirma uno de los principales jugadores de la industria.

El dueño del juego en Capital
Para entonces también funcionaban bingos en Capital gracias a una medida del ex presidente Menem, que había autorizado la apertura de salas en Lavalle, Congreso, Belgrano, Flores y Caballito. Los cuatro primeros pertenecían a un grupo liderado por Domingo Lacquaniti, que pronto comenzó a denunciar una situación de desventaja frente al nuevo protagonista del juego en la Ciudad: Cristóbal López.
La carrera de López como “zar del juego” comenzó en su Chubut natal bajo el gobierno del radical Carlos Maestro. Allí fundó Casino Club, firma que en 2001 consiguió sus primeros permisos para operar centros de juego de Santa Cruz. Más adelante, se firmó un convenio que permitió a la empresa instalar en el Hipódromo de Palermo el negocio de las máquinas tragamonedas (del que estaban excluidos los bingos porteños). Otro lugar codiciado por Cristóbal fue el “casino flotante” de Puerto Madero, que por entonces administraba la española Cirsa. El primer barco, Estrella de la Fortuna, se había instalado en tiempos de Menem: como la ley porteña prohibía los casinos, la argucia fue ubicar la sala en una embarcación que flotaba “en aguas nacionales”.
Tiempo más tarde, la Nación y el gobierno porteño aprobaron el funcionamiento de un segundo barco casino, el Princesa, y en 2007, aprovechando un extenso conflicto gremial y la mala situación financiera de Cirsa, Cristóbal López se alzó también con ese negocio.
El PRO no le puso obstáculos al empresario. En 2008, Mauricio Macri envió a la Legislatura un convenio suscripto entre el presidente de Lotería Nacional y el titular del Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad en el que ambos se obligaban a respetar los términos “de las concesiones y permisos que amparen a los juegos existentes a la fecha, con sus ampliaciones y prórrogas”. Sólo dio marcha atrás luego de recibir presiones de la Iglesia.
El casino flotante siguió funcionando bajo jurisdicción federal gracias a una cautelar, hasta que el año pasado la Corte Suprema habilitó a la Ciudad a cobrarles impuestos a estos barcos, incluso de forma retroactiva. Macri podría haber tomado este precedente para reclamarle pagos a Cristóbal López por los slots en Palermo, pero hubo escasa voluntad del gobierno porteño para ejercer sus derechos. En su lugar envió 200 mil facturas de ABL a los vecinos de la Ciudad con incrementos de hasta un 300 por ciento.
La próxima adquisición de Cristóbal fue el bingo Los Polvorines, que le compró a Aurelio Serra. La sala no era precisamente el target de público al que venía acostumbrado: según temen otros empresarios, su objetivo es llegar con las tragamonedas al próspero Hipódromo de San Isidro. Dado que la ley 13.063 prohíbe abrir nuevos bingos sin cerrar otros, bastaría con una autorización de Scioli para trasladar la sala de Los Polvorines a Zona Norte.
Uno de los periodistas que mejor conoce la provincia resume el estado del arte: “Siempre cobraron todos y hubo un reparto equilibrado, pero ahora aparecieron otros jugadores”. En los últimos meses, numerosos sectores políticos y sociales comenzaron a reclamar un nuevo marco regulatorio para la actividad. La disputa está abierta. Todos hacen sus apuestas.


* La nota completa, en la edición impresa de la revista Debate de setiembre.