Sin retorno

Sin retorno
El acto de Hugo Moyano en Plaza de Mayo marca el fin de la alianza estratégica entre el Gobierno y el líder de la CGT. Cuál es el poder real del camionero tras la probable ruptura de la central. 

por Federico Poore
Debate, 30-06-2012


El locutor resumía por altoparlantes el espíritu del acto. “Los trabajadores somos más buenos que Lassie, pero no dejen que nos enojemos”, gritaba. Eran las dos de la tarde del miércoles 27 y la Plaza de Mayo era el epicentro de la movilización impulsada por el titular de la CGT, Hugo Moyano. Mientras las columnas continuaban llegando, dos elementos se destacaban visualmente: las pecheras verdes de Camioneros y las viseras azules de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (Uatre), que conformaban el grueso de la masa de trabajadores presentes.
A falta de pocos minutos para el discurso de Moyano, único orador del acto, el observador casual todavía podía caminar con naturalidad en medio de los manifestantes. Entre bombos y choripanes reinaba una tensa calma que nunca terminó de canalizarse en consignas unificadas (más allá de entonar al final la clásica Marcha Peronista, de la que los partidos de izquierda, esperablemente, no participaron). Seguía siendo una notable capacidad de convocatoria -superior a la de casi cualquier otro colectivo político y social en la Argentina-, pero si se recuerda que el titular de la central esperaba 150 mil personas, no es arriesgado concluir que, como demostración de fuerza, se quedó corta.
“Voy a renovar el contrato el 12 de julio y voy a seguir en la CGT”, lanzó Moyano en uno de los pasajes de su breve discurso. “No podemos aceptar que se apodere de la CGT un grupo de dirigentes que van a pasar a ser ministros del Ejecutivo y van a recibir órdenes”. ¿Cómo sigue este enfrentamiento, que marca la ruptura definitiva de la larga sociedad política entre el gobierno nacional y la central de trabajadores? ¿Cuál es el poder real de fuego del sector encabezado por Moyano, ahora que se descuenta una fractura?

EXHIBICIÓN DE FUERZAS
Buena parte del poder de Hugo y Pablo Moyano descansa en la conducción del Sindicato de Choferes de Camiones, gremio que la familia conduce desde 1987. Con cerca de 150 mil afiliados, el sindicato cuenta con la capacidad de paralizar la distribución de diarios, alimentos y combustibles (nafta y gas), así como los camiones de caudales, la recolección de residuos y el reparto de correo, tal como se intentó demostrar con la huelga que acompañó la movilización del miércoles. Concretamente, en el acto en Plaza de Mayo hubo un gran despliegue de camioneros de Olavarría, Santa Cruz, Santa Fe, Entre Ríos y Misiones.
También apoyaron el paro y la marcha unos treinta gremios entre los que estaban el sindicato de peones rurales que dirige Gerónimo “Momo” Venegas, una fracción de la Unión Ferroviaria, el sindicato de pilotos, empleados del seguro, portuarios, textiles, el gremio del calzado, así como los docentes de UDA y la CGT Azul y Blanco que conduce Luis Barrionuevo.
El reclamo en torno al mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias sumó el apoyo del movimiento Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y sectores de izquierda como el Partido Obrero y el PTS, uno de cuyos referentes, el metrodelegado Claudio Dellecarbonara, hizo acto de presencia criticando a otros dirigentes del sindicato de base de subtes enfrentado a la conducción de UTA.
La postal reflejaba la nueva red de apoyos que el dirigente de origen marplatense había cosechado adentro y afuera de la CGT tras su declaración de guerra al gobierno nacional. Esta alianza había comenzado a desmoronarse a principios del año pasado, cuando el camionero reclamó espacios en la listas del Frente para la Victoria, un pedido que incluyó presiones para colocar un candidato a vicepresidente de origen sindical. Muchos de los candidatos propuestos por la central quedaron afuera, aunque el metalúrgico Carlos Gdansky y el titular del sindicato de peajes, Facundo Moyano, entraron en la nómina en la provincia de Buenos Aires.
A principios de este año, el alejamiento de Omar Viviani, del sindicato de taxistas -quien luego de ser uno de los dirigentes más cercanos al camionero pasó a acompañar los reclamos del antimoyanismo-, terminó por trazar una nueva red de alianzas donde viejos enemigos, como Venegas y Barrionuevo, volvieron junto a Moyano. En el caso del titular de Uatre, además, el acercamiento se produjo tras varios meses de estar enfrentados durante el conflicto del campo, diferencias que recién fueron dejadas de lado en febrero del año pasado, cuando Venegas fue detenido en el marco de la causa por la mafia de los medicamentos.
Aunque parezca obvio, hay que destacar que ninguna de las agrupaciones ajenas a la CGT que estuvieron el miércoles puede considerarse “apoyos” de Moyano en su disputa hacia el interior de la central. Más aún, la fracción de la CTA liderada por Pablo Micheli -que envió a la distancia su apoyo al reclamo impositivo- dejó en claro que la huelga se había producido “en un contexto político en donde parecería que lo menos importante es el tema del impuesto”. Y el diputado Héctor Recalde, que el martes había estado en Casa de Gobierno, no fue a escuchar a Moyano.

¿EL CANTO DEL CISNE?
Confirmada la huelga, la decisión oficial fue no ceder ni un milímetro ante los planteos de Moyano, a tal punto que la cadena nacional que la presidenta Cristina Kirchner brindó el martes 26 incluyó duras críticas al líder camionero pero ninguna novedad con respecto a lo que parecía ser su principal reclamo: la suba del mínimo no imponible.
Esta escalada verbal -y la denuncia penal contra Hugo y Pablo Moyano por entorpecimiento de servicios públicos en la toma del miércoles 20- hacía esperar un acto contundente, multitudinario. Sin embargo, la demostración de fuerza, al no contar con el apoyo de otros gremios grandes, fue más exigua de lo prometido. Otra imagen: el líder de la CGT compartió el palco junto a Julio Piumato (Judiciales), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento) y dirigentes opositores hoy considerados de segunda línea como Cynthia Hotton, Claudia Rucci, Carlos “Tato” Brown, Fernando “Pino” Solanas y Mario Cafiero.
“Es el principio del fin de Moyano”, arriesgó a Debate Oscar Lescano, titular del sindicato Luz y Fuerza. “Fue un acto confuso, contradictorio. El día que se murió Néstor, Moyano dijo que después de Perón había sido el mejor presidente del país, y ahora viene con que los Kirchner hicieron guita con la circular 1050”, abundó el referente del gremio antimoyanista. Lescano destacó el palco “chiquito” y habló de una convocatoria escasa. “El único que podía mover un poco fue Municipales, y no movió nada”, reflexionó, sobre el gremio que conduce Amadeo Genta. También habló de un escenario de ruptura entre la actual conducción y el espacio opositor que integra junto a Sanidad, Smata, Comercio y los “independientes” de Uocra, Taxistas y Obras Sanitarias.
Ante la consulta de esta revista, una de las dirigentes cercanas a Gerónimo “Momo” Venegas se mostró conforme con el resultado de la movilización: “Fue un discurso duro, que era lo que esperábamos”. Schmid, virtual vocero del camionero, salió sin hacer declaraciones y sus colaboradores hablaron de “temas pendientes para discutir” dentro del moyanismo. El martes, en declaraciones radiales, había lanzado: “Yo volvería a votar a Cristina. No sé qué haría Moyano”, acaso síntoma de un conflicto entre ambos.
Matizando este diagnóstico, hubo quienes señalaron que meses atrás la salida de Moyano de la CGT parecía sellada y que el acto del miércoles lo devolvió al centro de la escena. Aunque resta saber si la movilización de la plaza quedará en la historia como el canto del cisne. “Por más que haya sido un acto importante, no es difícil ver la debilidad de Moyano al lado del ‘Momo’ Venegas”, analizó Nicolás Tereschuk, politólogo y editor del blog Artepolítica. Pensando en el posible destinatario del discurso de Moyano, Tereschuk reflexionó: “Siempre es bueno que un dirigente trate de ampliar su audiencia, pero suena medio extraño que le hable a toda la sociedad en medio de una campaña de reelección en la CGT”, sostuvo. Y agregó que “la declarada voluntad de quedarse en la central chocaba con los sindicatos que estaban en ese palco, que no eran ni tantos ni tan pesados”.

HACIA UNA FRACTURA
Otra discusión central tiene que ver con qué hará el Gobierno ante la elección de la CGT, si es que -como se descuenta- el sector de los “Gordos” presenta impugnaciones legales ante el Ministerio de Trabajo. A esta altura, la ruptura parece cristalizarse, sobre todo después de la solicitada, firmada por sindicatos como la UOM, UPCN, UOCRA, Sanidad y Luz y Fuerza, donde se criticó la movilización. “Algo está muy mal, si detrás de las históricas banderas de los trabajadores, se refugian la Sociedad Rural y los dueños del capital”, escribieron los opositores a la conducción del camionero.
De mediar una anulación del confederal que llamó al congreso, algunos dirigentes del antimoyanismo creen que podrán llevar adelante una elección paralela. En tal caso, se materializaría lo que varios ya dan por hecho: la ruptura de la CGT, en una rama opositora -con Moyano a la cabeza- y otra “oficialista”.
“El ministerio se va a atener a derecho”, adelanta Héctor Palomino, a cargo de la Dirección de Estudios de Relaciones de Trabajo bajo la conducción del ministro Carlos Tomada. El objetivo, sostiene, será “limitarse a ejecutar la acción del Estado” sin involucrarse en el conflicto entre moyanistas y opositores. ¿Es consciente de que cualquier decisión que tome Trabajo será leída en clave política? “Puede pasar cualquier cosa el 12 de julio, pero será un tema de los sindicatos. El Gobierno seguirá actuando aunque la CGT se divida”, insiste.
Lescano, en cambio, asegura que ya cuentan con una promesa del Gobierno si la CGT va hacia una ruptura: concretamente, un fallo a favor del Ministerio en la impugnación que presentaron contra la convocatoria efectuada por Moyano. “Sabemos que lo van a impugnar, y la nuestra va a ser la CGT reconocida legalmente”, dice el titular de Luz y Fuerza. ¿Quiénes liderarán esa supuesta CGT “oficial”? “Por ahora Antonio Caló, pero puede llegar a ser un triunvirato. No vamos a andar peleándonos ahora por eso”, explica.
Algo queda claro: el rol de oposición que Moyano pasó a ocupar frente al Gobierno nacional no tiene vuelta atrás. “La alianza política y social entre los gobiernos kirchneristas y la CGT fue fructífera en muchos aspectos, como lo demuestran los convenios colectivos firmados y el desmantelamiento de lo más notorio de la flexibilización laboral”, dice Tereschuk, y agrega: “Con la ruptura, el Gobierno pierde algo en el camino. ¿Una CGT dividida no es una central más debilitada? Y esta CGT debilitada, ¿es un activo o un riesgo?”. Los vertiginosos tiempos de la política argentina impiden anticipar posibles respuestas.

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Entrevista a Federico Pinedo

"Estamos en un sistema 
de locura generalizada 
que no le sirve a nadie"
El jefe del bloque macrista en Diputados, Federico Pinedo, analiza el conflicto en la CGT y la situación 
de su fuerza de cara a las próximas elecciones.

por Federico Poore
Debate, 30-06-2012

Junto a Emilio Monzó y Humberto Schiavoni -ministro de gobierno porteño y titular del PRO, respectivamente- compone el power trio al que apuesta Mauricio Macri para consolidar una construcción política de alcance nacional. Y si bien en su despacho no tiene un mapa del territorio argentino con el porcentaje de votos que aporta cada provincia al total -como Schiavoni-, la falta de un armado nacional sigue siendo una de sus grandes obsesiones.
Titular de la bancada macrista en la Cámara baja y uno de los principales referentes opositores, Federico Pinedo recibe a Debate en el anexo de Diputados para hablar sobre Hugo Moyano, el combate a la inflación y el escenario de las próximas legislativas, donde apuesta a “ganar la Ciudad y hacer una buena elección en la provincia”, más allá de lo que decida hacer la ex vicejefa de gobierno Gabriela Michetti. “Hay que encontrar referentes en el interior que quieran ir a una propuesta nacional y no ir a hacer colonización desde Buenos Aires”, dispara.

¿Qué opinión le merece el conflicto que mantiene la actual conducción de la CGT con el gobierno nacional?
Estuve una semana afuera. Cuando me fui no pasaba nada: cuando volví me dijeron que no se iban a transportar los caudales, no se iba a recoger la basura y que esa noche se iba a acabar la nafta en todo el país (risas). Hay una lucha de poder completamente desmesurada, fuera de cualquier racionalidad. El Gobierno dice “vamos por todo”, Moyano dice “no nos van a correr” y así estamos: en un sistema de locura generalizada que no le sirve a nadie.

Pero, ¿qué piensa del reclamo específico de elevar el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias?
Es una posición histórica del PRO. En los últimos tiempos, el kirchnerismo aprobó una ley inconstitucional, que delega en la Presidenta la facultad de establecer el mínimo no imponible cuando es el Congreso el que tiene que decidir quién paga los impuestos. En fin, una violación más a la Constitución. Nosotros seguimos impulsando mecanismos automáticos de ajuste a ese mínimo para evitar que los pobres paguen impuestos a la riqueza.

¿Cómo puede evolucionar el conflicto?
No sé qué pasará, pero en algún momento la Presidenta deberá elevar el mínimo.

Su partido alienta la candidatura a presidente de Mauricio Macri para 2015. ¿Cómo debería encarar conflictos sindicales de esta magnitud?
Hay un dato objetivo: este conflicto es completamente innecesario. El gran problema de la Argentina es la inflación, que está generando que la industria argentina deje de exportar. Por eso han caído todas las variables: construcción, industria, provisión de acero, cemento. Se paralizaron exportaciones competitivas como el vino y el aceite: si no podemos vender eso, estamos en el horno. Y todo eso por culpa de la inflación. Es un problema que puede resolverse. Hay países como Brasil, Chile o Colombia que tienen tasas de crecimiento altas con niveles de inflación muy bajos.

Este diagnóstico sobre el “agotamiento del modelo” lo pueden compartir varios opositores, pero luego aparecen distintas recetas. ¿Qué propone el PRO?
Aumentar la producción. La inflación se genera cuando uno tiene más emisión de moneda que generación de riqueza. Esto no parece difícil para la Argentina, porque hay una altísima demanda de los productos que vendemos. Pero cuando uno ve que los productores de trigo se quedaron con su cosecha sin vender por culpa de Guillermo Moreno, o que no le dan dólares a la gente que quiere hacer operaciones inmobiliarias, están paralizando la producción. Y luego vienen las locuras de la soberbia económica del Gobierno, de pensar que va a pasar lo que ellos quieren que pase. Es lo que llamo “kicillofeadas”, un chiste que podés hacer una sola vez: cuando agarrás a los tipos desprevenidos les sacás la guita, pero después nunca más. Si el Gobierno genera incertidumbre absoluta, la gente se va.

¿Comparte la idea de desdolarizar la economía, más allá de cómo se estén dando las acciones en el corto plazo?
La única manera de desdolarizar es tener una moneda estable que sirva como reserva de valor. Si no se puede ahorrar en pesos -algo que hoy está casi prohibido porque las tasas de interés son más bajas que la inflación- la gente se va a otra moneda. El peso sirve para atesorar y para hacer intercambios. Si tenés algo que no cumple ninguna de las dos funciones, no se llama moneda: son unos papelitos que imprime Mercedes Marcó del Pont. Desdolarizar está muy bien, pero marcopontizarte es una pelotudez. No es ninguna novedad. Pasó acá y en el Imperio Romano.

¿Qué perfil maneja el PRO como partido de oposición?
Cuando estás en minoría en el Congreso lo que hay que hacer es dialogar con la sociedad, para construir una mayoría. Por supuesto que continúan los debates en el Congreso, pero pasan menos por las decisiones y más por el diálogo hacia afuera para estar en condiciones de convertirse en una alternativa de poder y ganar las elecciones.

Días atrás presentó un espacio opositor junto a Patricia Bullrich y algunos dirigentes del radicalismo, pero algunos analistas temen que sea una reedición del Grupo A. ¿Qué piensa de esta lectura?
Es lo contrario: una herramienta para construir políticas públicas de largo plazo en temas como pobreza, seguridad, infraestructura y la relación con el resto del mundo. Queremos recibir distintas miradas para tener políticas de largo plazo por medio de seminarios que tendrán una participación plural, con gente que piensa cosas muy distintas, pero de las cuales nos podremos enriquecer.

Le preguntaba porque existen temas, como la causa Malvinas, en los que el PRO estaba más cerca del Gobierno. Sin embargo, el partido no viajó este año al Comité de Descolonización. Es difícil no leer eso como un gesto de “oposicionismo”.
Lamenté mucho no poder ir a las Naciones Unidas (el año pasado estuve, junto a Héctor Timerman). No fuimos por el nivel de enfrentamiento demencial entre el gobierno nacional y los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, a los que se les quitó la seguridad de las escuelas y de los hospitales, se dijo que no se iban a cumplir unas inversiones en seguridad del transporte ferroviario, y finalmente fueron con la policía a buscar a un funcionario nuestro. En ese contexto, no podíamos mirar para otro lado. Igual hicimos una presentación por escrito a las Naciones Unidas, en la que pedimos que se incorpore al expediente argentino. Pero no acompañamos a la Presidenta.

¿Cómo se puede resolver el conflicto del gobierno nacional con el de la Ciudad en torno a la administración del subte?
Se sale fácil: con un acuerdo de inversión. Hay que ver cómo se hace una serie de inversiones para que el servicio sea seguro. Se requieren reuniones de trabajo.

EL ARMADO NACIONAL 
Meses atrás, usted admitió a esta revista que el desafío del PRO no estaba “tan lejos como 2015 sino en 2013”. ¿Qué avances hubo en ese sentido?
(Piensa) El año que viene va a ser importante porque allí las fuerzas opositoras van a tener que demostrar cuáles están en condiciones de organizar una alternativa de poder. El PRO no es un partido testimonial, ideológico, es un partido de poder: queremos ganar la elección para transformar a la Argentina desde el gobierno. Por eso, 2013 es central, y ponemos mucho énfasis en los grandes padrones, es decir, la franja del centro de la Argentina.

¿Qué expectativas tiene para 2013?
Vamos a hacer una gran elección en Santa Fe, con Miguel Del Sel; deberíamos ganar la Ciudad de Buenos Aires; hacer una buena elección en la provincia de Buenos Aires; lograr una buena elección en Mendoza, donde estamos asociados al Partido Demócrata y a sectores del justicialismo no kirchnerista; y entre todos los aliados tenemos que construir una alternativa fuerte en Córdoba. Eso compone el setenta y pico por ciento del electorado en la Argentina. En el resto, dependemos de los acuerdos que hagamos con fuerzas locales. Lo que hay que hacer es encontrar referentes representativos en el interior que quieran ir a una propuesta nacional y no ir a hacer colonización desde Buenos Aires.

Hubo algunas provincias, como Entre Ríos, donde el PRO estuvo cerca de quedar como una fuerza testimonial.
Sí, siempre uno comete errores y quiere correr más rápido de lo que dan las patas. Pero tenemos que construir alianzas que estén en condiciones de ganar en 2015. Aunque espero que en Entre Ríos tengamos representantes locales ya para el año próximo.

¿Qué espera que pase en la provincia de Buenos Aires si Gabriela Michetti finalmente no se presenta en ese distrito?
No es evidente, para ninguno de nosotros, qué conviene hacer en la provincia. Creo que Gabriela tiene un perfil más vinculado al trabajo en la Ciudad: demostró que lo puede hacer y que lo hace bien. Si fuera a la provincia sería una gran candidata, como demuestran las encuestas, pero tengo serias dudas de que quiera presentarse como candidata a gobernadora en 2015. Y si no lo fuera, nos quedaría un hueco dudoso. No es obvio lo que tiene que hacer Michetti, ni para la Argentina ni para el PRO. No es que si va para un lado está todo bien y si va para el otro está todo mal. Si pensamos sólo en nosotros, nos equivocamos.

¿Son ciertas las encuestas que le dan un 20 por ciento de intención de voto en la provincia?
Algunas un poquito menos.

En caso de que Michetti no se presente, ¿cuáles son las alternativas? ¿Qué hay de los contactos con Sergio Massa?
Hay dirigentes que son “simpáticos” para los demás, que tratan bien al resto. ¿Quién se lleva mal con Scioli o con Massa? Nadie. Ahora bien, no tengo mucha idea de qué es lo que hará, y no creo que sea candidato en 2013 porque es intendente de Tigre. Parto de la base de que tenemos que construir alternativas realistas, y veo tanto a Scioli como a Massa dentro del kirchnerismo.

¿Cómo está la relación con Francisco de Narváez?
Tampoco sé bien qué está haciendo. Sé que tiene buena relación con Scioli, y está llevando a cabo algunas cosas en la Cámara con los radicales. Supongo que duda, y mucho más dudamos quienes tenemos menos información que él (risas). Pero la relación es cordial.

¿No hubo rencores tras la disolución de Unión-PRO?
No es un tema de rencores. Nosotros sentimos la responsabilidad de construir una alternativa y no vamos a reducir ese deber a situaciones personales. No nos ofende que los dirigentes tomen decisiones. Algunos dicen “mi límite es Macri”, otros quieren ir para un lado o para el otro... Nosotros decimos: hagan lo que les parezca, pero queremos ganar la elección de 2015 y no vamos a perder mucho tiempo con la gente que no tenga eso en claro.

¿Qué pasa en Santa Fe? Miguel Del Sel hizo una muy buena elección, pero tiene un anclaje territorial muy bajo.
Sin dudas. Miguel es un fenómeno político extraordinario, muy típicamente despreciado por la “intelligentzia culturosa” de la Argentina. Pero bueno, casi siempre que esa intelligentzia va para un lado, la política va para el otro. Miguel es un dirigente muy impresionante en su relación con la gente. Ha demostrado compromiso político, va a ser candidato el año que viene. En el interior la organización tendrá una buena base en el peronismo tradicional.

¿Qué se sabe del contacto con Carlos Reutemann, obtuvieron alguna respuesta?
Reutemann es otro de los políticos que nadie sabe qué está haciendo. Así y todo, Lole siempre ha tenido una gran relación personal con Mauricio y con Miguel, por separado. Le tenemos mucha simpatía por lo que representó. Sin dudas hay gente suya que va a trabajar con nosotros.

Pero no él específicamente.
No lo sé. Creo que seguirá en el Senado.

Una de las expresiones de la debilidad legislativa del PRO es que hoy no tiene senadores. ¿Cómo se puede revertir esta situación?
Vamos a tener dos senadores el año que viene, porque aspiramos a ganar la Ciudad de Buenos Aires. Y en cuanto al resto del país… En la Argentina siempre se da un fenómeno: cuando los presidentes están muy fuertes, los gobernadores están débiles; y cuando los presidentes están más débiles, los gobernadores se fortalecen. Hoy muchos gobernadores están en una situación donde no pueden pagar los sueldos: intuyo que tendrán que ser más duros en materia política, generando más espacios de negociación para sus provincias.

¿Qué figuras quedan para presentar en Capital en las próximas legislativas?
Si Michetti es candidata la voy a acompañar; si no, probablemente seré candidato.

¿Cree que siendo una elección legislativa el PRO cuenta con más chances?
Un poco eso y otro tanto el estado de ánimo de la sociedad. En 2011 el setenta por ciento de los argentinos pensaba que estaba bien económicamente y que al año siguiente -éste- iba a estar mejor. Creo que la situación se ha invertido y esto influye mucho en el escenario electoral. En el caso nuestro será una bendición, ya que el año pasado además competimos sin candidato a presidente, lo cual fue algo tremendo. Esta vez encabezamos nuestras listas y competimos de igual a igual con los demás. Creemos que nos va a ir mejor.


LA SUCESIÓN EN LA CIUDAD
Con Mauricio Macri sin chances de ser reelegido, se desata una disputa por la sucesión en la Ciudad. ¿En quiénes piensa?
Hay dos figuras muy evidentes que son Gabriela Michetti y Horacio Rodríguez Larreta, y después otras personas importantes que han empezado a surgir, como María Eugenia Vidal. No sé si está para ser candidata a jefa de gobierno, pero es una figura importante.

En 2011 no se pudo resolver la interna entre Michetti y Larreta...
Porque fue candidato Macri.

Pero mientras no lo era, esa interna estuvo abierta y fue difícil resolverla por consenso.
El partido está enviando a la Legislatura un proyecto de ley de internas abiertas y obligatorias para los cargos locales. Esperamos que se puedan resolver por internas el año que viene.

Mencionó tres candidatos. ¿Los otros -Diego Santilli, Cristian Ritondo- están muy “verdes”?
Siempre hay candidatos. Todavía falta mucho, por ahí en 2015 cualquiera es Gardel.

EL EPISODIO DE VERBITSKY
La Legislatura iba a nombrar ciudadano ilustre al periodista Horacio Verbitsky, pero el gobierno porteño ordenó frenar el galardón, algo que hasta Beatriz Sarlo calificó como “muy torpe”. ¿Qué opina del episodio?
No estoy muy seguro de qué quiere decir ser “ciudadano ilustre”. ¿Verbitsky es un prócer? La verdad es que no pienso eso. No tengo idea de qué fue lo que pasó, pero me parece legítimo que los legisladores no quieran votar a alguien al que no consideran un prócer.

Si uno ve la lista, tampoco es que todos son Belgrano.
(Risas) Bueno, son artistas y personalidades, es un reconocimiento de la Ciudad. Pero si no hay consenso, no debería ser ciudadano ilustre. Creo que habría que ser más amarrete en el otorgamiento de los premios, así tienen más valor.

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Entrevista a Roxana Morduchowicz


Jóvenes y vínculos 2.0
La especialista sostiene que, lejos de anular la vida social, las tecnologías generan nuevas formas de sociabilidad juvenil que la escuela debe aprovechar y fortalecer.

por Federico Poore
Clarín Educación, 27-06-2012

No tenerle miedo a las nuevas tecnologías. Esta es la clave que propone la especialista en comunicación y culturas juveniles Roxana Morduchowicz ante la naturalidad con la que los chicos entran y salen del mundo online. Consultora de UNESCO en temas de Comunicación, Medios y Juventud, Morduchowicz explica a Clarín Educación algunas de las principales estrategias que la escuela puede incorporar para aprovechar estas “nuevas formas de ejercer la vida social” que tienen los jóvenes.

¿Cuál es la relación entre el uso de las redes sociales y la “sociabilidad directa” en adolescentes?
Entre los adultos circula el prejuicio de que el celular y la computadora anularon la vida social de los jóvenes. Es decir, que los chicos hoy viven una vida autista, encerrados en la habitación y navegando por Internet. Habiendo estudiado a los jóvenes, podemos afirmar que las pantallas no hacen esto sino que generan otras formas de sociabilidad. Si antes sólo existía el teléfono de línea, los menores de 18 años hoy tienen teléfono celular (con mensajes de texto y voz), e-mail, chat y redes sociales. De ninguna manera podemos decir que por eso son menos sociales: simplemente generaron otras formas de ejercer su vida social.

¿Cuáles son sus características?
Ante todo, que están mediadas por una pantalla. Los adolescentes están en un momento de la vida en el que su cuerpo cambia, y el hecho de que haya una pantalla ayuda a una comunicación más abierta y desinhibida. Muchos dicen: “Yo en Internet me animo más”, y al no estar el cuerpo son más extrovertidos, cuentan chistes, hablan más de sí mismos. También aparece el concepto de audiencia. Ahora tienen cincuenta o cien “amigos” y el chico aprende a comunicarse de otra manera para llegar a ese público.

¿Qué riesgos corre un chico cuando escribe en la web creyendo que lo leen sólo sus amigos y termina llegando a público mayor?
Una de las prioridades del adolescente es la popularidad. Y si para tener muchos amigos tienen que dar algo más de información personal, la dan. La intimidad cae ante el deseo de ser popular. A veces los jóvenes no miden el alcance de Internet y suben videos, textos o imágenes vinculados a su vida privada porque se consideran inmunes, típico del adolescente que dice “a mí no me va a pasar”. Mientras más inmunes se creen, menos atentos están a estas situaciones.

¿Los adultos deben enseñarles a los chicos la diferencia entre público y privado, o hay que asumir que estas categorías ya no existen?
Los adultos deben hablar. Los filtros que ofrecen los navegadores son fantásticos, pero nada reemplaza al diálogo. Pueden tomarse algunas medidas: si el chico todavía está en la escuela primaria, es no incorporar la computadora a la habitación, instalarla en un espacio de circulación compartido. La idea es evitar las horas de consumo en soledad a una edad temprana, porque una vez que se cierra la puerta de la habitación, el chico está en un territorio sin adultos. También se debe estar al tanto de para qué usa internet el chico. No se trata de controlar qué es lo que habla con sus amigos sino confirmar que aquellos con quienes habla a diario son amigos.

En su libro sostiene que los jóvenes en Internet no sólo son consumidores sino también productores de contenido. ¿Puede el colegio ayudarlos a que produzcan mejores “obras” dentro de los formatos que ofrece la web?
La escuela tiene un enorme rol. Cuando les preguntamos a los chicos cómo aprendieron a usar Internet, un enorme porcentaje responde que lo hizo en la escuela, sobre todo chicos de sectores populares. Sabemos que el principal uso que los jóvenes le dan a la web son las redes sociales y los juegos en red. Pero cuando se les enseña a usar la información se fomenta la diversidad del uso. Dominique Wolton dice que el problema no es la información -que hoy abunda- sino el antes y el después: cómo buscarla, a quién creerle. Si quiero averiguar sobre la contaminación del río puedo encontrar el sitio de Greenpeace y el de una petrolera; el tema es saber qué hacer con la información que provee cada uno. Competencias como éstas son las que el docente debe enseñar. Y hay otra tarea que me parece excelente. Cuando los chicos llegan a primer año del secundario, en general no se conocen. Frente a ello, muchas escuelas crearon el perfil de Facebook de ese año y, moderados por el preceptor o un profesor, los chicos pueden compartir un perfil para conocerse mejor.

En Argentina, la penetración de redes como Facebook es muy amplia. ¿La tecnología iguala a los jóvenes o aumenta las diferencias de clase?
Las desigualdades pasan por el acceso en el hogar, donde aún existen brechas importantes. No así en el uso: hoy el cien por ciento de los adolescentes navega por internet a diario. El que no lo hace en su casa, lo hace en un locutorio o en la escuela. Sucede que quienes cuentan con Internet en la casa tienen un uso más diversificado, mientras que el chico que va a un locutorio no paga para hacer la tarea, sino para jugar, escuchar música o entrar a las redes sociales.

¿Los maestros están más familiarizados con las nuevas tecnologías?
Todos los adultos, no sólo los docentes, desconocen en profundidad las herramientas en cuanto a su uso instrumental, ya que los chicos cuentan con más tiempo libre para explorarlas. Sin embargo, los docentes tienen más sentido crítico y pueden trabajar desde ese lado. Nosotros recomendamos dos cosas: no tenerle miedo a las tecnologías aunque el chico tenga un mejor manejo, y estar al tanto de los consumos culturales de los adolescentes. El docente debe saber para qué usan Internet o el celular, qué música escuchan, qué películas ven. Hoy los bienes culturales a los que accede un chico definen su identidad.

¿Por qué algunos docentes mantienen una visión sospechosa sobre Internet?
Las tecnologías generan incertidumbre, sobre todo en los adultos. Para nosotros son “nuevas tecnologías”; para los chicos, tecnologías a secas. La clave está en romper algunos mitos y animarse a explorar. Si no, los que nos quedamos afuera somos los adultos.


Causa común

Causa común
Con apoyos hacia el interior de los tres bloques principales, el Congreso se prepara para discutir este año la despenalización del consumo de drogas. Las chances de aprobar una reforma de la ley y el desafío de dar una batalla real contra el narcotráfico.

por Federico Poore
Debate, 16-06-2012

Cuesta creer que el “episodio del vaso” haya ocurrido hace apenas un año. Pero así fue: corría junio de 2011 cuando el presidente de la Asociación Antidrogas de la República Argentina, Claudio Izaguirre, le tiró un vaso de agua a Sebastián Basalo, director de la revista THC, durante un debate televisivo sobre la despenalización de la marihuana. La imagen se multiplicó en los medios y las redes sociales como un símbolo de las dificultades que encontraba el país para discutir el tema. Sin embargo, algo cambió en los últimos meses, porque el debate no sólo llegó al Congreso -donde se estudia en comisión tras escuchar los aportes de especialistas y de la sociedad civil- sino que además se materializó en un borrador consensuado entre miembros de los tres principales bloques legislativos.
Semanas después de una jornada de protestas, cuando unas sesenta mil personas se movilizaron en distintos puntos del país reclamando la despenalización, los diputados Ricardo Gil Lavedra (Unión Cívica Radical), Victoria Donda (Frente Amplio Progresista) y Diana Conti (Frente para la Victoria) hicieron circular un anteproyecto que comenzó a discutirse en plenario de comisiones. Así y todo, la decisión del Ejecutivo es mantener la iniciativa en compás de espera mientras aguarda un mayor consenso social.
El miércoles 13 se celebró la tercera audiencia en las comisiones de Legislación Penal y de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, la última de una serie de reuniones que había arrancado la semana anterior con la exposición del ministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, y en la que distintos grupos se pronunciaron a favor o en contra de la propuesta. Si bien durante la última semana se informó que seguirán las rondas de consulta y que el despacho deberá esperar, los cálculos más optimistas estiman que antes de que termine 2012 el país podría tener una Ley de Estupefacientes actualizada, pese a la oposición de la Iglesia y de algunos legisladores.

EL DIAGNÓSTICO
La actual Ley de Drogas -en sí, una modificación al Código Penal- castiga tanto la comercialización como el consumo de estupefacientes. Además, incluye una figura intermedia: la “tenencia simple”, donde se dirimen aquellos casos en los que no queda claro si la droga incautada era para comercio o para consumo personal. Un fallo de la Corte Suprema de 2009 (ver aparte) estableció la inconstitucionalidad de la persecución de una persona por el consumo de marihuana. En rigor, le apuntó al segundo párrafo del artículo 14 de la ley actual, que hasta el momento reprime a quien “tuviere en su poder estupefacientes”, lo que abrió la puerta para dejar de criminalizar al consumidor.
Sin embargo, en la práctica, si una persona no logra demostrar fehacientemente que la tenencia es para uso personal puede recibir penas de hasta seis años sin que se tengan pruebas de que buscaba comercializar la droga. Algunos datos sirven para ilustrar cómo funciona la 23.737. Durante 2011, el 48 por ciento de los delitos ligados a la norma fue por consumo, el 17 por ciento por tenencia simple y el 34 por ciento restante por comercio de estupefacientes, según cifras del Ministerio Público Fiscal. Es decir que la mayor parte de los procesos se inicia por la acusación de consumo. Por otro lado, sólo el dos por ciento de las causas iniciadas por comercio recibieron condena.
Si se toman en consideración los últimos veinte años, los números son aún más elocuentes. De acuerdo con un informe elaborado por la Universidad de Buenos Aires, durante ese lapso el setenta por ciento de los expedientes fueron por tenencia para consumo personal. El 87 por ciento de esas causas se inicia por tener hasta cinco gramos de marihuana o cocaína incautada a varones jóvenes en la vía pública, que no portaban armas ni estaban cometiendo otro delito. Varios sectores plantean que este esquema de “lucha contra el narcotráfico” fracasó.

LOS PROYECTOS EN DANZA
En este momento circulan seis propuestas en la Cámara de Diputados y una en Senadores. El único que parte desde la Cámara alta es el de Aníbal Fernández, que no plantea la modificación de la Ley de Drogas sino, directamente, la sanción de una nueva norma. Allí se prevé que “no es punible la adquisición y tenencia de estupefacientes cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiera que está destinada al consumo personal y no se ponga en peligro la salud de terceros”. No obstante, la iniciativa no establece cuál es el límite a partir del cual la tenencia deja de ser para consumo y establece que quien “tuviere en su poder estupefacientes que excedan un consumo personal será penado con uno a tres años de prisión”.
Otro proyecto recibió hasta ahora mayor aceptación entre los bloques. Se trata del expediente 0175-D-2012, firmado por la diputada Victoria Donda, que pena la comercialización, pero deroga todos los artículos de la ley referidos a las penas al consumo o la tenencia. “El proyecto de Fernández pone como condición para no penar el consumo que no haya una trascendencia a terceros; el de Donda lo elimina, y le quita así cierta arbitrariedad a la situación de las personas que consumen en la vía pública”, explica a esta revista Graciela Touzé, presidenta de la Asociación Intercambios, una ONG que estudia problemas relacionados con las drogas.
Tanto el borrador de Fernández como el de Donda promueven la despenalización del consumo de todas las sustancias ilegales, no sólo de la marihuana. Éste es el mascarón de proa de las diferentes iniciativas, que responden al fallo de la Corte pero también al clima de época. Palabras más, palabras menos, la pregunta que se hacen sus partidarios es: ¿Durante cuánto tiempo puede mantenerse como delito algo que no es visto como tal por un grupo importante de la población?
En Intercambios trazan una distinción clave: “Las sustancias que hoy están prohibidas continúan siendo ilegales. Ésta es la diferencia entre lo que se está planteando en el proyecto de ley respecto de lo que se denomina legalización. Éste no es un proyecto de legalización”. Dos puntos adicionales aclaran el panorama. Emilio Ruchansky, editor de la revista THC, subraya que lo que se discute es no sólo la despenalización del consumo de drogas, sino su descriminalización. “De aprobarse, no vas a ir preso por fumar marihuana en la vía pública. Lo que podrá hacer la policía es sacarte la sustancia, que sigue siendo ilegal”, explica. En tanto, el radical Mario Fiad, presidente de la Comisión de Prevención de Adicciones de la Cámara baja, deja en claro que descriminalizar la tenencia de estupefacientes para consumo personal “no equivale a despenalizar la comisión de delitos cometidos bajo el efecto del consumo, que seguirá siendo punible”.
Tampoco serán detenidos y procesados aquéllos que cultiven plantas y tengan semillas, siempre y cuando no las vendan. Según el borrador que circula en las comisiones, sólo será reprimido quien siembre o cultive plantas “con fines de comercio”.
Otro de los cambios tiene que ver con la polémica figura de la tenencia simple, que en el proyecto de Donda se mantiene, pero con el acento puesto en la presunción de inocencia. Con la actual ley, muchas de estas causas terminan afectando a meros consumidores, ya que aquellos a los que se les inicia un proceso están obligados a demostrar en la Justicia que destinaban la droga para consumo propio (mientras tanto, siguen procesados). La iniciativa de la legisladora del FAP invierte la carga de la prueba: ahora se supondrá que toda tenencia de drogas en cantidades moderadas es para el propio consumo, y será la Justicia la que deberá probar que la cantidad incautada tenía como fin la comercialización. Si no hay pruebas suficientes, la persona no irá a los Tribunales. Donda entiende que esta cláusula mejora el borrador de Aníbal Fernández, donde “era el consumidor quien debía probar de forma fehaciente que la tenencia era para consumo personal, con lo cual se iniciaba de todas formas un proceso penal”.
También presentaron proyectos propios las diputadas Adriana Puiggrós, Adela Segarra y María del Carmen Bianchi, aunque los legisladores buscarán consensuar el texto para unificarlo en un solo dictamen.

DEDICARSE AL NARCOTRÁFICO
El argumento que viene sosteniendo el kirchnerismo, y que hoy comparte el resto de los bloques mayoritarios, es que descriminalizar el consumo permitirá concentrar los esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico. Para Fernández, la actual legislación “formó parte del fracaso de la política criminal en materia de persecución, represión y sanción de los delitos vinculados al tráfico ilícito de estupefacientes, al direccionar la operatividad a los eslabones más débiles”, lo que redundó en un sistema judicial colapsado por causas vinculadas al consumo.
Uno de los casos más recordados es el de Emanuel Vázquez, quien terminó asesinado por un vecino a principios de 2008. Su madre, Isabel Vázquez, se convirtió en una de las referentes de la Red de Madres Contra el Paco y hoy apoya la iniciativa. “Nosotros estamos de acuerdo con la despenalización, porque lo que vemos es que los que pagan el pato son siempre los perejiles, mientras que los que venden y fabrican están libres”, argumenta ante la consulta de esta revista. En sintonía con lo expresado en las reuniones de comisión, Vázquez parte de su experiencia personal para reclamar un cambio de rumbo. “Mi hijo murió con una causa porque le encontraron medio porro. Estos pibes no deben estar más penalizados, sino que deben recibir una ayuda desde el Estado”, sostiene.
En consonancia con este reclamo, el proyecto reconoce diferentes grados de responsabilidad de aquellos involucrados en el tráfico. El objetivo es que aquél que lava dinero, corrompe funcionarios y dirige una red criminal no sea tratado de la misma manera que el último eslabón de la cadena. Para este último caso, el proyecto de Donda plantea el principio de proporcionalidad de las penas: se mantiene como delito, pero con castigos menores, incluso al grado de convertirlos en delitos excarcelables. El objetivo es que los pequeños vendedores -en muchos casos, adictos a los que les pagan con la propia dosis- obtengan la pena mínima o una condena en suspenso. La diputada anticipó que el resto de los delitos de narcotráfico mantendrá los mismos castigos que hasta ahora.

EL POROTEO
Como era de esperarse, la oposición más frontal a esta iniciativa la encabeza la Iglesia católica. Días atrás, el cardenal Jorge Bergoglio exhortó a los jóvenes a no dejarse engañar por quienes “les digan: ‘llevala en el bolsillo, total ahora se puede, lo que no se puede es venderla’”, una lectura ciertamente errónea de los alcances del proyecto. “No les crean a los mercaderes de la muerte, si quieren drogas que tomen ellos”, atacó Bergoglio, en una marcha juvenil que anticipó el Corpus Christi. Algunos sacerdotes villeros, como el padre Charly Olivero o José Di Paola (más conocido como el cura Pepe), mostraron una postura ambigua: no se oponen, pero dicen que “no es el momento” para despenalizar.
En Diputados también hubo algunas resistencias. “Es muy precario el proyecto de despenalización. No dice nada de los menores, ni de la forma de combatir el narcotráfico, ni del problema del paco”, escribió en Twitter la diputada de Unión por Todos Patricia Bullrich. En diálogo con esta revista, el diputado Omar De Marchi, del interbloque del peronismo disidente, aseguró que la descriminalización no contribuye a resolver el problema. “En el fondo lo que se está haciendo es generar un gran negocio para la cadena intermedia”, sostuvo. Además del Peronismo Federal, se espera el voto en contra de casi una decena de diputados del PRO (aunque algunos esperan un voto favorable de Laura Alonso y la abstención de Paula Bertol).
De todas maneras, el apoyo a la despenalización parece ser mayoritario en la Cámara baja. Se sabe que el FAP unificó su postura a favor y que algunos legisladores del kirchnerismo y de la UCR anticiparon un voto positivo. Como trascendió en los últimos días, el gobierno nacional busca manejar los tiempos del debate hasta que exista un mayor consenso entre la opinión pública. Así lo expresó la diputada Diana Conti tras la tercera jornada de debates: “Vamos a buscar mayor comprensión social de la temática, hay que militar el proyecto”, sostuvo. Cabe destacar, además, que esta semana el jefe del bloque kirchnerista, Agustín Rossi, había viajado a las Naciones Unidas junto a la presidenta Cristina Kirchner.
Por eso, la orden que habría bajado desde Balcarce 50 sería la de no acelerar el trámite innecesariamente, teniendo en cuenta las menores chances con las que contaría el proyecto si es que llega demasiado pronto al Senado. Aquellos que a principios de la semana calculaban la modificación para agosto moderaron sus vaticinios. “Veo una media sanción en agosto y una aprobación en el Senado, sin apuro, antes de fin año”, arriesgó a esta revista un comunicador de fuerte llegada a la Casa Rosada.
Desde el kirchnerismo subrayan que una iniciativa más consensuada contará sin dudas con el visto bueno del gobierno nacional. En una entrevista reciente con Debate, Ignacio O’Donnell, subsecretario de Planificación, Prevención y Asistencia de la Sedronar, dijo que se iba a respaldar “la despenalización para una cantidad mínima para consumo propio, con la idea de sacar del fuero penal y criminal el hecho del consumo personal”.

EL DESAFÍO MÁS GRANDE
La Ley de Drogas fue sancionada en 1989. Sus resultados están a la vista. Hace tres años, la Corte advirtió que luego de un tiempo ciertas normas consideradas legítimas en su origen pueden “haberse tornado indefendibles desde el punto de vista constitucional con el transcurso del tiempo”. Quienes intentan cambiar la ley parten de la misma premisa, aunque el espíritu de la reforma dependerá del tipo enfoque que se le termine dando a la legislación.
En ese sentido, algunas de las fuentes consultadas esperan que las iniciativas sean mejoradas en el recinto. Adrián Grünberg, juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1, cree que debería eliminarse la figura de tenencia simple. En el proyecto de Donda, esta figura aparece “cuando la entrega, suministro o facilitación fuere ocasional y a título gratuito y por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que es para uso personal de quien lo recepta”, situación que prevé penas de hasta tres años de prisión. “Esto puede dar lugar a arbitrariedades. La policía va a decir ‘no es para consumo personal’, y es posible que llegue así a los tribunales”, dice el magistrado, que en esta zona gris no observa grandes diferencias entre los proyectos de Donda y Fernández “a los ojos del intérprete judicial”.
Grünberg resume su experiencia como juez al indicar que “el 95 por ciento de las causas enmarcadas en la Ley de Estupefacientes es contra pequeños vendedores. Vienen por comercio o por tenencia simple, aunque en muchos casos van a un juicio abreviado donde negocian un cambio de condena. No tenemos casos de peces gordos”. El magistrado aprueba que se saque a los consumidores de la esfera de los tribunales penales, pero opina que una eventual despenalización no alcanzará por sí sola para combatir al narcotráfico. Para ello, hará falta una política de Estado que aliente verdaderas investigaciones policiales que vayan más allá de “reventar” quioscos en villas de emergencia.

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El consumo en números
El informe más acabado sobre las cifras de consumo de sustancias psicoactivas en la Argentina lo llevó adelante el Observatorio Argentino de Drogas, dependiente de la Sedronar. La investigación se realizó en 2010 en todas las localidades del país de 80 mil habitantes o más y comprendió a personas de entre 12 y 65 años. Algunas de las principales conclusiones fueron las siguientes:
Prevalencia de vida: El 70 por ciento de las personas probó alguna vez alcohol; el 47,3 por ciento, tabaco; el 8,1 por ciento, marihuana; el 3,1 por ciento, tranquilizantes sin prescripción médica; el 2,6 por ciento, cocaína. Otras drogas como el paco, la pasta base, los solventes y el hashish fueron consumidas por menos del uno por ciento de la población.
Prevalencia de año: El 56,3 por ciento tomó alcohol al menos una vez durante el último año, cifra que baja al 29,3 por ciento en el caso del tabaco y al 3,2 por ciento en marihuana. Apenas el 1,3 por ciento de la población tomó tranquilizantes sin receta en los últimos doce meses, mientras que el consumo de cocaína en el mismo período se manifestó en el 0,8 por ciento de las personas.
Prevalencia de mes: Éstas son las cifras que revisten mayor interés para quienes diseñan políticas públicas ya que hablan de consumos que tuvieron lugar en los últimos treinta días; es decir, “conductas actuales”. Según este informe, el 44,5 por ciento de la población tomó alcohol en algún momento del último mes, mientras que el consumo de tabaco fue del 27,4 por ciento. Entre las drogas ilegales, el consumo reciente de marihuana fue del 2,4 por ciento; el de tranquilizantes sin prescripción, del 0,7 por ciento; y el de cocaína, del 0,5 por ciento. El éxtasis, la pasta base, el paco y los solventes alcanzaron durante el último mes a menos del 0,2 por ciento de la población
Otros números: La marihuana es “la droga ilícita de mayor consumo en el país”, pero su consumo se caracteriza por ser más ocasional (54,7 por ciento de los casos relevados) que frecuente. El uso de cocaína durante el último año fue mucho mayor en los varones (1,5 por ciento) que en las mujeres (0,2 por ciento). El consumo frecuente de esta droga se encuentra “sobre todo entre la población de 25 a 34 años”.

Breve historia del debate
La intención del Gobierno de modificar la legislación en la materia comenzó a principios de 2008, cuando el Ministerio de Justicia -que por aquellos años lideraba Aníbal Fernández- explicó la posición del Estado argentino en una Sesión Extraordinaria sobre Consumo de Drogas y Narcotráfico de Naciones Unidas. Desde Viena, Fernández pidió terminar con un sistema que criminaliza al consumidor sin brindarle siquiera el derecho a la salud y criticó convenciones anteriores de la ONU que, sostuvo, confundían consumidores con traficantes. El entonces ministro ordenó elaborar una encuesta nacional sobre el consumo de sustancias ilegales y convocó al Comité Científico para elaborar un proyecto alternativo.
Un año más tarde llegó el resonante fallo de la Corte, que ayudó a que el Congreso avanzara de manera más firme con la reforma. Para resolver el caso “Arriola”, una investigación en torno a una red de comercialización de estupefacientes en Rosario, el máximo tribunal benefició a cinco jóvenes que habían comprado pequeñas cantidades de marihuana (contrariamente a lo que se cree, Arriola no es el “consumidor perdonado” sino uno de los dealers finalmente condenados). La Corte argumentó que, tras diecinueve años de la ley, la actividad criminal “lejos de haber disminuido se ha acrecentado notablemente, y ello a costa de una interpretación restrictiva de los derechos individuales”. A tono con el artículo 19 de la Constitución, alertó sobre el peligro de revictimización que implica penalizar a consumidores que son ellos mismos víctimas y declaró inconstitucional cualquier condena por “la tenencia de estupefacientes para uso personal que se realice en condiciones tales que no traigan aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros”, aclarando que la decisión no implicaba de modo alguno “legalizar la droga”. Finalmente, exhortaba “a todos los poderes públicos a asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas (…), enfocadas sobre todo en los grupos más vulnerables, especialmente los menores”.

Las leyes en el mundo
En Portugal funciona desde 2001 un modelo de despenalización regulada; es decir que el consumo de drogas se descriminalizó, pero se mantiene una penalización en la esfera administrativa. Por ejemplo, un joven interceptado por la policía con una sustancia para uso personal debe presentarse en un órgano a cargo del Ministerio de Salud para identificar sus necesidades. “Si es adicto se intenta ver qué tratamiento podría facilitarle la vida, si es usuario ocasional se analiza si existen otros factores que pudieron llevarlo a un consumo problemático”, explicó João Castel-Branco Goulão, coordinador del Centro Portugués de Drogas y Alcohol, en un debate reciente que se organizó en Buenos Aires. Por medio de esa política -sostuvo el experto- Portugal logró disminuir enormemente el consumo de drogas inyectables, así como la violencia asociada al consumo de sustancias. Más aún: el país ostenta hoy la menor tasa de consumo de cannabis en personas mayores de 15 años de toda la Unión Europea. De todas formas, Castel-Branco Goulão señaló que para la despenalización del consumo personal de drogas “es determinante que el sistema de salud esté listo para recibir el flujo de gente que puede necesitar atención”.
En Holanda, contrariamente a lo que se cree, la droga no está “legalizada”. Lo que sí funciona es una red de locales con licencia, los famosos coffee shops, donde los usuarios pueden consumir hasta 5 gramos de marihuana. Para combatir el “turismo narco”, en el sur del país ya se prohíbe el ingreso de extranjeros a los locales, una medida que podrá extenderse al resto del país -incluido Amsterdam- en 2013. En México, una ley impulsada por el presidente Felipe Calderón despenalizó en 2009 la tenencia de hasta dos gramos de marihuana, 50 miligramos de heroína y 500 miligramos de cocaína. Aquellos sorprendidos con cantidades mayores son automáticamente considerados pequeños traficantes.
Un informe elaborado por la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, que integran, entre otros, Fernando Henrique Cardoso y Mario Vargas Llosa, se expresó a favor de la despenalización del consumo citando los casos del resto del mundo. “En la mayoría de los países europeos (con excepción de Suecia y Grecia), Canadá y Australia, la posesión de cantidades pequeñas de marihuana no lleva a la criminalización de los usuarios. Tanto en la práctica legal como en la represión al comercio, se observa una distinción entre drogas débiles y fuertes. En la mayoría de los países, los traficantes, en particular de drogas pesadas, pueden ser tratados con penas severas”, asegura el comunicado.

La vida después de Carrió

La vida después de Carrió
Tras el fracaso electoral de 2011, la Coalición Cívica intenta sobrevivir lejos de su líder. Las posibles alianzas y el regreso del perfil “progresista”.

por Federico Poore
Debate, 09-06-2012

El pasado 18 de mayo fue un punto de inflexión en la historia de la Coalición Cívica. Aquella mañana, mientras se elegía al rosarino Pablo Javkin como secretario general del partido, los delegados presentes votaron avanzar en el diálogo con fuerzas políticas afines. Un escenario radicalmente distinto al propugnado por Elisa Carrió en las últimas elecciones, donde la CC-ARI se presentó sin alianzas y obtuvo el último puesto entre los partidos que superaron las primarias. Su antigua líder, de viaje por México, no participó del encuentro: ahora se debate entre dar la discusión dentro del partido, donde ya no es mayoría, o irse definitivamente y gestar un nuevo armado.
La dirigencia de la CC se mostró conforme con la idea de barajar y dar de nuevo. “Tuvimos un pronunciamiento muy contundente en torno a la renovación del partido”, explicó a Debate Pablo Javkin días después del encuentro en el Centro Vasco, y agregó: “vinieron todos los partidos  que invitamos y pudimos restablecer el diálogo”. Este abogado de cuarenta años, fundador del ARI y autor de la Ley de Boleta Única de Santa Fe, había terminado en diciembre su período como diputado provincial y fue designado al frente del partido en lugar de Adrián Pérez, quien dejó su cargo para ir a estudiar a Estados Unidos.
Antes de irse, el ex candidato a vicepresidente dejó un claro mensaje al plenario de 82 delegados: “El esquema de 2011 no puede repetirse”, sentenció Pérez. Durante su exposición, varios de los presentes recordaron que el “pollo” de Lilita fue quien terminó dando la cara la noche de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) donde la Coalición Cívica arañó el 3 por ciento de los votos, cifra que cayó al 1,82 por ciento en la elección general. Todos coincidieron en el diagnóstico: Carrió había perdido casi cuatro millones de votos desde las presidenciales de 2007, cuando salió segunda detrás de Cristina Kirchner. Más aún: de tener una bancada con casi veinte integrantes en 2009, la representación parlamentaria de la Coalición Cívica corre el riesgo de extinguirse el año próximo. Hoy que Lilita parece haber dado un paso al costado, la estrategia del partido vuelve a orientarse hacia posibles alianzas.

LA POSIBILIDAD DE UN FRENTE
El encuentro que consagró a Pablo Javkin tuvo numerosos invitados extrapartidarios. Su intervención fue aplaudida, entre otros, por el titular de la UCR, Mario Barletta; por los referentes del Frente Amplio Progresista, Juan Carlos Zabalza (PS) y Margarita Stolbizer (GEN); y por el líder de Proyecto Sur, Fernando “Pino” Solanas. “Con Proyecto Sur tenemos coincidencias en temas claves como ferrocarriles y recursos naturales, mientras que con el socialismo y la UCR hemos compartido el Acuerdo Cívico y Social”, detalló Javkin.
Frente a ellos, la CC-ARI resolvió iniciar una campaña a favor de una reforma tributaria y continuar la cruzada “Sin agua no hay futuro”, presentada en abril en Río Negro para concientizar sobre los riesgos de la minería a cielo abierto, lo que daría a entender que, en esta nueva etapa, el acento volverá a estar puesto en el perfil “progresista” del partido. “Carrió manifestó por carta que no iba a obstaculizar esas decisiones. Tampoco es que pueda hacerlo”, dijo Pérez.
Fuentes partidarias admiten que con quien más se conversó en este tiempo es con Proyecto Sur -otro movimiento necesitado de votos-, aunque en la Coalición Cívica saben que al sellar una alianza con Solanas no podrán cerrar con otros partidos del plenario, especialmente la UCR. El radicalismo, por otra parte, tiene sus propias discusiones internas tras el tercer puesto de octubre y la división en el Congreso frente a algunas medidas tomadas por el gobierno nacional.
Las chances, entonces, parecen estar más volcadas al bloque del FAP y a algunas de las fuerzas que lo integran. “Las coincidencias con el GEN en provincia de Buenos Aires son muy grandes y con el socialismo construimos una relación de más diez años en Santa Fe”, recordó uno de los integrantes de la cúpula partidaria. Posibles acuerdos con el frente que lidera Hermes Binner avanzan en Entre Ríos, Santa Fe, Río Negro y Santa Cruz.
Para Javkin, lo central en esta nueva etapa será retomar el “horizonte de alternancia”, lo que implica que la CC deberá salir del lugar de fuerza testimonial que hoy ocupa en el mapa político. Y si bien públicamente niega la proximidad de un acuerdo (“lo peor que podemos hacer es ponernos a discutir alianzas este año”, dice), los dirigentes que lo acompañan saben que el objetivo será sumar la mayor cantidad posible de votos en 2013, teniendo en cuenta que las elecciones de medio término favorecen a aquéllos que ofrecen un “control legislativo” del gobierno nacional y que será difícil repetir una performance tan pobre como la de octubre.
¿Qué sucederá con Carrió? En el entorno de la chaqueña aseguran que “no se fue a ningún lado” y que seguirá acompañando el derrotero del partido aunque no comparta las decisiones del grupo. Sin embargo, sus potenciales objeciones estarán en franca minoría, ya que luego del alejamiento de “lilitos” como Fernando Sánchez y Maximiliano Ferraro, su grupo de incondicionales se redujo a apenas un puñado de dirigentes.
En las últimas semanas, Lilita dedicó sus días al Movimiento Humanista de Resistencia y Construcción, un espacio más “espiritual” que político, que comparte junto al ex diputado nacional Juan Carlos Morán y al dirigente Héctor “Toty” Flores. Incluso Elsa “Tata” Quiroz, una de las figuras más cercanas a Carrió, no participa activamente del movimiento por estar tramitando su jubilación. Para Flores, ninguno de los ex diputados padece el “síndrome del legislador con mandato cumplido”, pero justifica los caminos que cada uno tomó tras el derrumbe. “Todos los que quedamos afuera de la Cámara tenemos que rearmar nuestras vidas”, dijo.  



EL ÉXODO CÍVICO
El alejamiento de los principales dirigentes de la Coalición Cívica comenzó en octubre de 2007, días después de que Elisa Carrió obtuviera el 23 por ciento de los votos en las presidenciales, en lo que sería su pico de aceptación popular. Un grupo de diputados encabezado por Eduardo Macaluse -entre los que se encontraban Carlos Raimundi, María América González, Delia Bisutti y Marta Maffei- se fue tras cuestionar las alianzas con Patricia Bullrich, María Eugenia Estenssoro y Alfonso Prat Gay, el “giro a la derecha del ARI” y prácticas autoritarias de Carrió. Luego sería el turno del senador Samuel Cabanchik, que formó su propio bloque en la Cámara Alta. Hasta Fabiana Ríos, que le había dado la primera gobernación al ARI, se alejó para conformar su propio partido. Luego llegarían las peleas con los dirigentes del Acuerdo Cívico y Social, que arañó el 30 por ciento de los votos a nivel nacional, a los que acusó de “traidores”. 

Clarín, juego contrarreloj

Clarín, juego contrarreloj

El fallo de la Corte delimita un nuevo panorama judicial y económico para el conglomerado de medios más grande del país. Qué hará el Grupo y en qué consiste su estrategia de “control de daños”.


por Federico Poore
Debate, 02-06-2012

El futuro de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual descansa en una carpeta. En la jerga se lo conoce como cuaderno de pruebas, suma cerca de dos mil carillas y contiene toda la documentación que el Estado nacional presentó en la Justicia sobre la posición dominante que ostenta en el mercado el Grupo Clarín. Poco leído por los jueces, este anexo que entregó (y volverá a entregar) la Procuración tiene las cifras que tal vez logren destrabar el artículo que obliga a la empresa a desprenderse de sus licencias.
Los representantes del Estado jugarán un rol fundamental durante los próximos seis meses, ahora que la Corte Suprema estableció límites a la cautelar que ponía al Grupo a salvo del impulso desconcentrador de la 26.522. En el fallo, los jueces dejaron en claro que este tipo de medidas es precario y que no pueden sustituir la solución de fondo, por lo que dispusieron que el 7 de diciembre de este año caerán todas las cautelares, lo que habilita al Estado a exigir la adecuación de licencias que establece el artículo 161.
En otras palabras, la Corte le dijo al conglomerado que si quiere seguir demorando la ley deberá conseguir que la Justicia la declare inconstitucional, un objetivo más difícil que el simple pedido de “no innovar”. ¿Esto significa que el Grupo deberá comenzar a desprenderse de sus licencias en diciembre? Debate consultó a representantes de la empresa, funcionarios de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y especialistas en la materia. Todos negaron que las ventas vayan a comenzar antes de fin de año. A diferencia de multimedios como Vila-Manzano -que admiten públicamente que “hoy lo único que queda es cumplir la ley”-, Clarín parece decidido a agotar la batalla judicial, ahora en torno al fondo de la cuestión, que según algunos cálculos podría extenderse hasta 2015.
Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, dice que el multimedios nunca tuvo plan alternativo porque creyó en la infalibilidad de su estrategia (hacer que caiga toda la ley), algo en lo que hasta ahora fracasó. “Estuvieron tratando de demoler judicialmente algo que la Corte ya les dijo que no van a poder demoler, con lo cual recién ahora empiezan a pensar en el plan B”. Es decir, la eventual desconcentración de sus propiedades.

UNA SEÑAL DE ARRIBA
La Corte dijo que el plazo de tres años otorgado por la Cámara en lo Civil y Comercial “no resulta irrazonable”, pero modificó el cómputo del plazo. Para la Cámara, la cuenta regresiva comenzaba cuando el Estado fue notificado de la demanda (noviembre de 2010), lo que hubiera mantenido la cautelar hasta fines de 2013. El máximo tribunal confirmó la extensión de la medida, pero precisó que debería correr desde que obtuvo la cautelar (diciembre de 2009). Es decir, “adelantó” la aplicación unos once meses.
En la Casa Rosada interpretan la decisión como un paso adelante. “Termina con la estrategia meramente dilatoria de Clarín, que especulaba con que la cautelar se extendiera, y marca la necesidad de una medida de fondo que impugne la 161 por inconstitucional”, explica a Debate el subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, en el reportaje que acompaña esta edición. El jueves 31 de mayo, la presidenta Cristina Kirchner resumió la sensación oficial: “tres años es mucho tiempo”, sostuvo en un acto en Casa de Gobierno.
El multimedios, en cambio, cree que la batalla judicial recién empieza. Martín Etchevers, gerente de Comunicaciones Externas de Grupo Clarín, recuerda que la cautelar había sido pedida “no de manera autónoma, sino justamente para acompañar la demanda de fondo, que es la inconstitucionalidad de determinados artículos de la ley. Ése es el juicio central y se encuentra en pleno trámite”.
Los especialistas consultados hacen una lectura más amplia del fallo y de sus consecuencias. “Ahora queda claro que Clarín va a tener que desconcentrarse. Esto, que parece elemental, no era una certeza hace uno o dos años. También queda claro que eso no va a pasar en diciembre: será un camino lento, lleno de chicanas judiciales y administrativas”, sostiene Martín Becerra. Para Gustavo Arballo, profesor de Derecho Público de la Universidad Nacional de La Pampa, el máximo tribunal optó por una solución razonable ya que “les da a todos los actores, inclusive al propio Estado, un tiempo breve pero interesante para pensar cómo sigue la película de acá a diciembre. Lo que cambia es que la pelota empieza a estar del lado del Estado”.

LA FAMOSA “CUESTIÓN DE FONDO”
La causa vuelve ahora a primera instancia con el mandato de resolver el fondo de la cuestión: la supuesta inconstitucionalidad del artículo 161. La argumentación de Clarín se basa en cuatro elementos:

- Los efectos retroactivos de la ley.
- El hecho de que el Estado decidiera la “anulación” de licencias que ese mismo Estado habían otorgado con anterioridad.
- La vulneración del derecho de propiedad.
- La vulneración al derecho a la libertad de expresión.

Cuesta imaginar cómo podría prosperar una demanda por la retroactividad de la 26.522. Tal como señala Arballo en su blog Saber leyes no es saber derecho, dos puntos impugnan este argumento. Primero, nadie tiene derecho al mantenimiento de una legislación determinada. Segundo, si ése fuese el alcance de la garantía de irretroactividad, ninguna ley antitrust del mundo podría tener efecto. “Puedo haber comprado legítimamente una empresa que tiene el cuarenta por ciento del mercado, y luego comprar otra que tiene el cuarenta por ciento del mercado. Pero en cualquier parte del mundo la ley de defensa a la competencia me puede decir que tengo un problema”, ejemplifica Arballo.
Argumentos similares esgrimen en la Afsca. “¿Qué sentido tendría una ley antimonopólica si dijera ‘lo que existe como monopolio se queda’?”, se preguntan. En las oficinas de Suipacha 765 se apoyan en la legislación comparada y confían en la jurisprudencia sentada por los casos de Estados Unidos contra Bell y Standard Oil.
La respuesta de Clarín es que acciones como las que llevó adelante el gobierno norteamericano (en el caso de la gigante petrolera, tras un fallo del Tribunal Supremo) tuvieron lugar luego de un análisis realizado por un organismo ad hoc, “que es lo que pide la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Argumentan que en el caso argentino no hubo ninguna comisión competente e independiente que analizara su situación de monopolio. (Lo cual no quiere decir que, en caso de recibir una sentencia adversa, el Estado no pueda conformar una).
Las recomendaciones internacionales parecen estar del lado de la Ley de Medios. En un informe titulado Indicadores de Desarrollo Mediático, la Unesco alentó a los Estados a “hacer desinvertir” grupos de medios de comunicación “cuando se amenace la pluralidad o se alcancen niveles inaceptables de concentración” y detalló que la forma exacta de esa regulación “dependerá del tamaño y el nivel de desarrollo del mercado mediático nacional, regional o local al cual se aplica”.
En cuanto al segundo argumento (el Estado “rescindiendo” licencias que había otorgado antes), el Grupo jugó en la Justicia una carta más “política”: adujo que el mismo Estado que en 2005 prorrogó por diez años el cómputo de los plazos de las licencias gracias al decreto 527 fue el mismo que cuatro años más tarde impulsó la sanción de la actual ley, que las condiciona.
Sin embargo, en el oficialismo no creen que el episodio sea una violación de la seguridad jurídica. Que el Estado les haya prorrogado las licencias a todos los medios, sostienen, funciona como una suerte de “compensación económica” por la ley de medios audiovisuales: permite que los jugadores grandes -justamente aquéllos que deben desprenderse de sus excedentes- puedan venderlas a un mejor precio. “Si ofertás hoy, estás vendiendo una licencia que en algunos casos dura hasta 2018 o 2019”, ejemplifican en la Afsca, subrayando lo obvio: nadie compraría una licencia a la que sólo le quedan tres meses.
Otro de los argumentos de la Afsca es que el decreto 527 afecta la extensión de las licencias, no su propiedad. Para el organismo, la norma que aprobó el Congreso actúa sobre la propiedad de los medios y no sobre su duración. Arballo precisa esta definición: la nueva ley no supone de por sí la caducidad automática de ninguna licencia conferida en particular, sino la imposibilidad de seguir explotando conjuntamente un número equis de ellas. Aquél que compre una licencia excedente de Clarín también estará adquiriendo su prórroga, que no resulta afectada.
Un dato juega en contra de la empresa liderada por Héctor Magnetto: muchas de sus licencias (en especial las empresas de cable del interior del país que fue absorbiendo a lo largo de la década del noventa) nunca fueron aprobadas por el Comfer. A la compañía le resultará complicado defenderlas como propias ante la Justicia.
Posiblemente el punto más conflictivo sea el derecho de propiedad supuestamente afectado con la nueva legislación. La postura oficial es que las licencias no son equiparables a la propiedad “a secas” sino un privilegio temporal que el Estado le concede a un particular, prerrogativa que puede ser revisada en casos de interés público. En el Grupo Clarín, en cambio, sostienen que “toda la jurisprudencia que hemos leído las asocia a la propiedad en sentido estricto”.
Los especialistas dicen que por esa vía el Grupo cuenta con más chances, sobre todo cuando el último argumento -los perjuicios a la libertad de expresión- fue prácticamente desestimado por la Corte cuando aseguró, en el décimo considerando del fallo, que “no existen argumentos que relacionen directamente la norma de desinversión con la libertad de expresión”. El mensaje entrelíneas es que, al agitar un reclamo semejante, el Grupo debió haber probado de qué manera concreta la concentración de medios en sus manos garantiza la libertad de expresión y cómo la desinversión la afecta, algo que hasta el momento no sucedió y que, en cualquier caso, sería complejo demostrar.
Clarín insiste en que la libertad de expresión es un capítulo central de su demanda, y que en la cautelar el eje sólo estuvo puesto “en que la protección de los derechos constitucionales no llegue tarde, cuando las licencias ya hayan sido desconocidas”, según explica Etchevers. La empresa planea profundizar argumentos vinculados a la sustentabilidad de los medios privados, remarcando que durante los años posteriores a la sanción de la ley las principales compras del mercado estuvieron vinculadas a medios afines al gobierno nacional. El punto a probar por los abogados del Grupo es que la “fragmentación” supuestamente propugnada por la ley es la que genera una “prensa dependiente” y, con ello, una menor libertad. Resulta difícil saber de qué manera Clarín puede llenar esta denuncia con pruebas concretas, más cuando esté obligado a vincular este panorama a la acción puntual de la Ley de Medios.

UN TEMA DE PLATA
Según los expertos, Clarín debería ceñirse al derecho de propiedad, ya que así lo entendió el máximo tribunal cuando dijo que la línea inicial de defensa del Grupo fue exclusivamente patrimonialista. “La Corte define, muy acertadamente a mi juicio, el artículo 161 como una ‘norma de regulación de la competencia’”, explica Luis Lozano, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. “Más allá de algún ornamento, la Corte le dijo que ‘para ustedes es un caso de plata’, y en ese sentido está ubicada fatalmente la cuestión”, confirma Arballo.
Por esta vía se vislumbran posibles soluciones. Clarín dirá que si se lo obliga a desprenderse de sus licencias en un año está condenado a malvender: el Estado podrá pedirle que lo cuantifique y pagarle ese valor, en una vena similar a la disputa que el Estado mantiene con Repsol tras la expropiación de la petrolera. De producirse este caso, incluso los jueces de la Corte más cercanos a la defensa del derecho de propiedad podrán decir que tal derecho se preservó, porque se tradujo en una compensación justa.
La chance más fuerte del Grupo ante los Tribunales -que explicaría, además, el cambio de estrategia comunicacional- es probar que el Gobierno está ejerciendo una discriminación económica en contra de sus medios. Sus abogados denuncian que la ley contiene “normas abusivas” que nada tienen que ver con mejorar la competencia y que ciertas cláusulas están puestas “con nombre y apellido” para perjudicarlos. Las páginas del matutino aprovecharon para destacar que el enojo de la Corte también alcanzó a la Afsca por no haberse mostrado “demasiado apresurada en el proceso de implementación de la normativa”, lectura sobre la que se apoyará la empresa para argumentar que la norma no se está aplicando de manera pareja.
Consultado sobre por qué los demás grupos se vieron beneficiados con dos prórrogas, López dijo que la Afsca recurrió al mecanismo “para que la ley sea pareja para todos”. “Si no, obligaba a desinvertir a todos menos al grupo más grande”, explicó. Los especialistas creen que la autoridad de aplicación deberá dar señales claras de celeridad y profesionalismo, intimando por igual a todos los grupos excedidos, especialmente ahora que el mayor jugador dejó de estar exento del cumplimiento de la ley. Becerra recuerda que la Afsca aún no se expidió sobre la transferencia de Radio 10, C5N y cuatro FM del Grupo Hadad a Cristóbal López ni resolvió la venta de las radios del holding mexicano CIE a Matías Garfunkel y Raúl Moneta. El jueves pasado, Cristina Kirchner dio una fuerte señal en ese sentido al advertir que “el 7 de diciembre todos deberán cumplir la desinversión que dispone la Ley de Medios”.

TRES ESCENARIOS
Los analistas sostienen que, bajo circunstancias normales y en vistas a que cae la cautelar, Clarín debería sentarse con el Gobierno a negociar un plan de adecuación para desprenderse de sus licencias excedentes. Claro que para que esto suceda la empresa debería desistir de una demanda que -según entiende- recién ahora le está siendo atendida, algo que a esta altura resulta idílico. “Clarín no va a desistir de la demanda, el Estado tampoco: esto es una controversia sin mediación”, sintetiza Arballo.
Becerra cree que Clarín viene desarrollando una mala estrategia corporativa. “Esta historia de no estar acostumbrados a perder nunca los encegueció de tal manera que no vieron cosas que el común de los mortales ya entiende, que es tiempo de nuevas regulaciones”, dice, y arriesga un cambio de actitud para la nueva etapa de su batalla contra el Estado: “Este baño de realidad que aún le falta al Grupo va a empezar a producírsele de manera violenta de acá a diciembre. Estoy seguro de que van a ir a la Corte por vías informales y van a empezar a rebotar”.
¿Cómo sigue la historia? Ante todo, la Afsca buscará que la causa pase de la Cámara Civil y Comercial al fuero contencioso administrativo. El Gobierno lleva las de perder, pero tiene motivos para intentarlo: “El Contencioso no es favorable al Estado, pero al menos entiende la lógica de los actos administrativos: en Civil les hablo de licencias y piensan que hablo de casas”, define una fuente con varios años en el organismo.
Hasta el momento, la decisión sobre la constitucionalidad o no del artículo 161 está en manos del Juzgado N° 1, vacante tras la renuncia de Edmundo Carbone. Las autoridades de la Cámara creen que una decisión tan importante no puede quedar en manos de un juez temporal, que se ocupe del expediente apenas una semana al mes, pero aún no encontraron un candidato para ocupar el juzgado. Cuando esto suceda, pueden pasar tres cosas:

Primer escenario: no hay un fallo en primera instancia sobre la inconstitucionalidad del 161 antes del 7 de diciembre. Es tal vez la situación más probable, en cuyo caso, ni bien caiga la demanda se podrá intimar a Clarín a que se adecúe mediante simple resolución. La empresa podría entonces pedir cautelares que protejan la situación de cada una de las licencias. ¿Prosperará esa vía? “No necesariamente, pero tampoco imagino un escenario en el que el Grupo Clarín quede desmantelado el 8 de diciembre”, analiza Arballo. En tal caso, la responsabilidad de la Afsca será tener a mano un adecuado censo de medios, incluyendo las licencias que Clarín hoy explota de hecho, sin aprobación estatal.
De no mediar un fallo, Clarín puede arriesgarse a pedir una prórroga de la cautelar que hoy tiene. No le será fácil, dado que la Corte precisó los límites específicos de esa medida y amonestó a la empresa por demostrar “un interés más centrado en lo provisional que en la resolución definitiva del pleito”.

Segundo escenario: el juez de primera instancia falla antes de diciembre y confirma la constitucionalidad del 161. Aquí las aguas se dividen. Hay quienes sostienen que de llegar a esta instancia Clarín comenzaría a perder el juicio, por lo que le costaría conseguir una nueva cautelar con el solo argumento de la apelación. Otros, en cambio, dicen que -de acuerdo con la jurisprudencia- un fallo así recién quedaría firme con la confirmación de la Cámara. La duda no es si llegará o no a la Corte (algo que se da por descontado) sino en qué momento el Estado tendrá las manos libres para comenzar a exigir la desinversión.

Tercer escenario: la Justicia declara que el artículo es anticonstitucional dentro de los próximos seis meses. En la Afsca dicen que, de producirse una situación semejante (incluso suponiendo que luego de varias apelaciones la propia Corte se pronuncie en contra del 161), Clarín continuaría rigiéndose según la nueva Ley de Medios, pero con la cantidad de licencias que permitía la vieja norma y sus modificaciones (veinticuatro), sin poder tramitar ninguna nueva licencia. En el organismo entienden que este Frankenstein jurídico, una “muerte lenta y dolorosa” del grupo de medios, sería directamente absurdo. “¿Cómo vas a tener una norma antimonopólica sin cláusula de desmonopolización?”, argumentan.
La lectura aquí excede lo jurídico. “Incluso asumiendo que la Corte se cargara el 161, la única manera en la que Clarín ‘gane’ es que cambie bruscamente la política, que Cristina renuncie y venga otro Duhalde que anule la ley”, opinan en la Afsca. Aquéllos que dicen que la empresa sólo busca ganar tiempo creen que éste es el objetivo de máxima del grupo: llegar a 2015 y esperar que para entonces gobierne alguien más favorable a sus intereses.

Volviendo a lo probable, el fallo permite pensar en soluciones intermedias. “Atento a la historia de esta causa, el juez de primera instancia podría optar por una solución salomónica y darle a Clarín un plazo razonable para vender”, arriesga Arballo. Así, Clarín deberá desconcentrarse, pero se le pediría al Estado que maneje de buena fe el proceso de desinversión. Otra opción es que los jueces digan -a tono con la intención antimonopólica de la norma- que no existe ningún problema con el número de licencias de cable que maneja la empresa pero sí con sus procesos de integración vertical. Las posibilidades son infinitas.

¿QUÉ VA A HACER CLARÍN?
Esto no significa que Clarín haya perdido el principio de litigar, se apura a aclarar Arballo. “En algún caso podrá tener razón o conseguir alguna suspensión, pero empieza un nuevo proceso que, si se quiere, es el más aburrido, con menos mística, pero donde se resuelve si vamos a tener un cambio real o meramente formal en la propiedad de los medios”. De acuerdo con el jurista, la modificación más importante que se produjo en los últimos treinta meses es que Clarín “ha pasado de buscar una nulificación in totum de la ley a una política de control de daños”. Ahora, el objetivo del holding será buscar que la exposición a las desinversiones sea lo menos traumática posible.
Dispuestos a ensayar posibles alternativas económicas, los especialistas en medios creen que Clarín debería privilegiar el cable, al que consideran su “vaca lechera”. Los ingresos provenientes de Cablevisión-Fibertel superan hoy con creces a los del resto de sus productos: en el primer semestre de 2011, el cable y la banda ancha facturaron casi tres mil millones de pesos, cuando las ventas de todo el holding durante el mismo período fueron de 4.430 millones. De ahí la recomendación de Becerra. “Si fuera ellos, me quedaría con el cable de Gran Buenos Aires y parte de Rosario, así como las emisoras abiertas de Capital Federal, de manera tal de seguir dando Fibertel”. Así, evitaría las superposiciones prohibidas por la 26.522 (ver aparte). No obstante, cabe recordar que tanto la presentación contra Fibertel como la fusión entre Cablevisión y Multicanal se encuentran hoy en la Justicia, pendientes de sentencia definitiva.
En suma, el futuro de la empresa se pondrá en juego en la próxima etapa con el fallo en primera instancia, una situación impensada para aquéllos que impulsaron la ley desde 2004. “Una arquitectura legal construida a lo largo de casi tres décadas, a medida de las necesidades de quienes debían ser controlados por el Estado, refuerza ese diagnóstico y alcanza para demostrar la magnitud de los intereses que enfrentó y deberá enfrentar la democratización de las comunicaciones en la Argentina”, sintetiza Luis Lozano. La contienda principal aún deberá librarse, pero el Grupo Clarín está un poco más comprometido.


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CÓMO SE LLEGÓ A ESTA SITUACIÓN
La resolución de la Corte fue el final provisorio de un camino que comenzó en octubre de 2009, cuando Clarín solicitó una cautelar para evitar que la Ley de Medios se discutiera en el Congreso, aduciendo “irregularidades y transgresiones reglamentarias”. Ya en primera instancia, la Justicia descartó el planteo al afirmar que de hacerse lugar a la pretensión se estaría avanzando “en desmedro de las facultades de otro poder”, lo que supondría “la mayor gravedad para la armonía constitucional”. Aprobada la ley, Clarín cambió su estrategia y buscó que todo el Grupo quedara a salvo del plazo de desinversión. Para ello, solicitó que se dictara una medida de “no innovar” pidiendo la suspensión de los artículos 41 (que prohíbe la transferencia de licencias) y 161 (el plazo de un año para desprenderse de las licencias excedentes), medida que le fue concedida por el juez Edmundo Carbone; el Estado apeló y la Cámara confirmó parcialmente la cautelar, manteniendo la suspensión del 161. En octubre de 2010, el Estado interpuso un recurso extraordinario que la Corte desestimó por falta de sentencia definitiva, no sin antes observar que la cautelar debía tener “un plazo razonable”. Carbone, hoy jubilado, se negó a fijar una fecha, tarea que recayó en la Cámara, que en mayo del año pasado impuso un plazo de 36 meses para la cautelar, a contar desde que el Estado fuera notificado. Finalmente, en diciembre, el ex procurador general de la Nación Esteban Righi propuso al máximo tribunal que objetara de plano la cautelar, basándose en el “interés público de la ley”. La respuesta a ese recurso fue el fallo del 22 de mayo.


Martín Etchevers, gerente de Comunicaciones Externas del Grupo Clarín
“HAREMOS TODO LO POSIBLE PARA QUE EL JUICIO DE FONDO AVANCE SIN DEMORAS”

¿Qué lectura hace Clarín del fallo de la Corte Suprema en torno a las medidas cautelares contra el artículo 161 de la ley de medios?
La Corte ha reiterado su postura de que las cautelares no pueden reemplazar a los juicios de fondo y que son medidas temporales, pensadas para resguardar los derechos mientras se debate la legalidad de su afectación. En nuestro caso, la cautelar fue pedida no de manera autónoma, sino justamente para acompañar la demanda de fondo, que es la inconstitucionalidad de determinados artículos de la ley de medios. Ése es el juicio central y se encuentra en pleno trámite.

La Corte indica una situación de demora por parte del Estado, pero también señala que Clarín obtuvo una medida cautelar el 7 de diciembre de 2009, demandó el 4 de febrero de 2010 y recién notificó el 17 de octubre, lo que mostraría “un interés más centrado en lo provisorio”. ¿Coincide con esta lectura?
No, Clarín siempre impulsó activamente la causa. Si uno compulsa el expediente se observa claramente que el transcurso de ese tiempo obedece exclusivamente a conductas dilatorias del Estado. El 17 de febrero de 2010 el Estado pidió que no se tenga por interpuesta la demanda, y este recurso demoró el trámite de la causa por cuatro meses. Luego planteó un recurso de queja que atrasó la notificación por tres meses más. O sea que ese año el expediente estuvo en Cámara durante más de siete meses por culpa del Estado. 

En su fallo, la Corte dijo que hasta ahora “no existen argumentos que relacionen directamente la norma de desinversión con la libertad de expresión”. ¿Van a incorporarse en futuras demandas o Clarín abandonará esa estrategia para concentrarse en los daños patrimoniales?
La Corte se refirió a la medida cautelar, no a la demanda de fondo que aún no llegó a la Corte. En la cautelar, como medida provisoria, el eje está puesto en el peligro en la demora, o sea en que la protección de los derechos constitucionales no llegue tarde, cuando las licencias ya hayan sido desconocidas. En la demanda de fondo, la libertad de expresión es uno de los ejes principales, junto con otros derechos constitucionales. Está muy fundamentada en los puntos cuatro y cinco de la demanda. Si el Estado les quita sustentabilidad a los medios privados, desconociéndoles licencias legalmente otorgadas, los medios quedarán a merced de la publicidad oficial, de negocios extraperiodísticos, como concesiones estatales, o de transacciones regulatorias. Esto restringe la pluralidad y la libertad de expresión, como lo demuestra la enorme colonización oficial de medios de los últimos dos años.

¿En qué consistiría, para Clarín, la inconstitucionalidad del artículo 161?
Hemos analizado exhaustivamente la legislación y la jurisprudencia internacional sobre medios y en ningún caso hemos hallado un desconocimiento retroactivo de licencias otorgadas por el Estado, en muchos casos pocos meses antes. Ese desconocimiento no sólo al derecho de propiedad, sino incluso a la teoría de los propios actos, es claramente inconstitucional. Pero además, no se trata de normas de regulación de mercado ni de competencia, sino de vulneración de principios generales del derecho con un objetivo muy claro: ahogar a los medios no dependientes del poder político, debilitar el rol de la prensa en la democracia, reducir los espacios de libertad. Es obvio, por otra parte, que las regulaciones de mercado no pueden ser arbitrarias, discriminatorias, ni tampoco desconocer derechos, como sucede con el artículo 161 y numerosos puntos del artículo 45.

¿Cuántas licencias maneja hoy el Grupo Clarín?
El Grupo posee once licencias de radiodifusión, de las cuales cuatro son de televisión abierta y siete de radio, menos que gran parte de los grupos que hoy deberían adecuarse a la ley. Éstas son las únicas licencias que usan un bien limitado, como el espectro radioeléctrico. El cable no es radiodifusión porque no usa espectro. Las licencias de cable no tienen restricciones físicas y cualquiera puede acceder a ellas. Cablevisión brinda servicio a través de 158 licencias en doce provincias, muchas menos que DirecTV o Telefónica-Telecom, por ejemplo, que llegan a 2.200 localidades en las 24 provincias, con televisión, telefonía e Internet en paquetes combinados, que a nosotros no nos permiten. Y lo hacen con una sola licencia nacional, lo que resulta discriminatorio. En el mundo, tanto el cable como Internet tienen licencias nacionales.

El subsecretario general de la presidencia, Gustavo López, sostuvo que 2012 es “el año clave”. ¿Clarín maneja tiempos parecidos o augura un escenario de mayores litigios en el futuro? ¿Cuándo cree que puede resolverse la cuestión de fondo?
El Grupo hará todo lo posible, como lo viene haciendo, para que el juicio de fondo avance sin demoras, pese a las trabas del Estado. Los tiempos no dependen de nosotros.


LOS NÚMEROS DEL GRUPO
En un comunicado enviado a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires a mediados de marzo, el Grupo Clarín informó una ganancia de casi 522,3 millones de pesos durante el último año, similar al ejercicio 2010, en el que ganó 533,7 millones. El directorio de la empresa destinó 135 millones de pesos al pago de dividendos en efectivo y creó una reserva para futuros dividendos tasada en más de trescientos millones de pesos.
El conglomerado comprende el diario homónimo y los matutinos La Voz del Interior (Córdoba), Día a día (Córdoba), Los Andes (Mendoza), el deportivo Olé, el gratuito La Razón y Muy. Es socio en la impresión y distribución de El Litoral (Santa Fe), Época (Corrientes) y posee, entre otras, las revistas Genios, Ñ, Elle y Pymes. En televisión es dueña de Canal 13, Canal 12 (Córdoba), Canal 7 (Bahía Blanca), Canal 6 (Bariloche) y representa a los canales 10 (Tucumán), 10 (Mar del Plata), 9 (Santa Fe), 9 (Resistencia) y 10 (Río Negro). Opera Radio Mitre, Mitre Mendoza, Mitre Córdoba, Mía y FM 100, así como las señales de cable TN, Metro, Quiero, Volver, entre otras. Tiene una participación en TyC Sports y un porcentaje de las productoras Pol-ka, Ideas del Sur y Carburando, según los datos que manejan Martín Becerra y Sebastián Lacunza en el libro Wiki Media Leaks.
De acuerdo a su propia presentación ante la Bolsa, Clarín posee el 56 por ciento del mercado del cable, cuando el máximo es el 35. Su número de licencias -ya sean las 169 que reconoce Etchevers o las más de 270 que calcula la Afsca- supera holgadamente el máximo permitido tanto por la nueva ley (diez) como por la anterior (24). Según la legislación, en aquellas localidades en las que posea una licencia de cable y un canal de aire, deberá optar por una (por ejemplo, no podrá quedarse con Cablevisión y Canal 13). Además, podrá conservar una sola señal de cable y no deberá repetir en el resto de sus radios la programación generada por la emisora de cabecera.


OTROS CONGLOMERADOS
Más allá de la situación de Clarín, existen otros grupos de medios que han crecido desmedidamente al amparo de los decretos modificatorios de la vieja ley de radiodifusión, fortaleciendo una situación de hecho que, en muchos casos, fue convalidado por sucesivas legislaciones. Si a esto se le suma que algunas ventas y adquisiciones jamás fueron notificadas o aprobadas por el Comfer (hoy Afsca), hoy se asiste a un mapa mediático que incluye, entre otros, a los siguientes jugadores:
Grupo Vila-Manzano: Posee total o parcialmente de los diarios Uno de Mendoza, La Capital de Rosario, Uno de Santa Fe y Uno de Entre Ríos, así como las radios Nihuil, La Red, Rosario y Cerealista. Tiene el canal de televisión abierta América y la empresa de cable Supercanal, con cerca de 500 mil abonados. “Para ajustarse a derecho tiene que vender al menos una AM en Rosario, una AM en Entre Ríos, un canal en Mendoza, las repetidoras mendocinas y los cables de la Patagonia, para luego ver en qué otros lugares tiene conflicto por Supercanal”, explica Claudio Andrés De Luca, fundador de la radio Aire Libre de Rosario. Días atrás, el propio Daniel Vila reconoció que está fuera de la ley. “Tengo 70 ó 90 licencias en todo el país”, admitió, aunque aclaró que “hoy lo único que queda es cumplir la ley, nos guste o no nos guste”. Vila argumenta que pronto su participación accionaria en Supercanal, hoy en concurso de acreedores, se reducirá al mínimo. En la Afsca sostienen que, para cumplir con la ley, deberá salir por completo de la empresa de cable.
Grupo Telefónica: posee los canales de TV abierta Telefé, Canal 5 (Rosario), Canal 7 (Neuquén), Teleocho (Córdoba), Canal 8 (Mar del Plata), Canal 8 (Tucumán), Canal 9 (Bahía Blanca), Canal 11 (Salta), Canal 13 (Santa Fe), más 57 repetidoras en el resto del país. La transferencia de los canales de TV abierta nunca fue resuelta por la autoridad de aplicación, que ahora deberá limitar la presencia de sus distintas operadoras a 24 localidades y desarrollar contenidos locales acordes a cada uno de los distritos donde hoy posee una repetidora.
Grupo Prisa: Maneja Radio Continental, FM Imaginaria, FM 40 principales y una red de radios en el Interior del país. El organismo de aplicación podrá intimarla a no repetir la programación de una de sus radios en el resto.
Grupo Moneta-Garfunkel: tras la adquisición de las radios de CIE, hoy maneja en Capital las AM Splendid y Belgrano y las FM Rock & Pop, Blue y Metro. Para cumplir con el nuevo tope, deberá vender una de las AM y una de las FM, y evitar repetir programación en su red de radios en el interior.
Grupo Cristóbal López: posee el Canal 9 de Comodoro Rivadavia, C5N y las radios TKM, Vale, Pop, La Mega y Radio 10 (todas en Capital Federal) más Radio del Mar. Para cumplir con el tope exigido, deberá vender al menos dos licencias de FM.