La teoría de la frazada corta

La teoría de la frazada corta

El gobierno porteño dispuso la “fusión” de 96 cursos para cubrir puestos docentes en la Zona Sur. Los padres denuncian el desvío de fondos hacia el sector privado.

por Federico Poore
Debate, 24-05-2012

A poco de empezar las clases, mi hijo de siete años volvió de la escuela muy angustiado. Me pidió que fuera a ver qué pasaba porque querían sacarle a su maestra para cerrar el grado”. Así arranca el relato de Laura Heres, madre de un alumno de la Escuela N° 4 de Villa General Mitre. Su historia tiene puntos de contacto con otras que se multiplicaron a lo largo de la Ciudad de Buenos Aires tras la decisión del gobierno de Mauricio Macri de cerrar los cursos de primaria y secundaria que contaran con menos de un determinado número de chicos. La medida se había tomado el 29 de febrero, un día después del inicio de clases, sin previa consulta a los afectados. Se basaba en un decreto del entonces jefe de gobierno Fernando de la Rúa, el 1990/97, que en su anexo establecía el mínimo de alumnos necesarios para continuar un curso de acuerdo a cada nivel. Como consecuencia, el ministerio que conduce Esteban Bullrich anunció la fusión de 221 grados (144 de escuelas primarias, 52 en media y 25 en educación técnica) que no llegaban a estos pisos.
La reacción de la comunidad educativa fue inmediata: se organizaron clases públicas, abrazos a las escuelas afectadas, juntas de firmas y reuniones de asociaciones cooperadoras. Acompañando estas acciones, el colectivo Familias por la Escuela Pública -que ya tenía contactos en seis distritos- empezó a coordinar sus acciones en toda la Ciudad. Además, el gremio UTE-Ctera instaló una carpa blanca frente a la jefatura de gobierno y Ademys coordinó una movilización que culminó con la toma del ministerio.
Semanas más tarde, supervisores escolares de todos los distritos -los encargados de implementar la disposición- se sumaron al reclamo de padres y gremios docentes y enviaron por vía jerárquica una carta al ministro Bullrich caracterizando la medida “no como una salida administrativa a una situación aislada sino como una respuesta política de Estado frente a un problema de la educación pública que afecta el derecho social a la educación”. El cierre, aseguraron, se basó en un ordenamiento numérico sin criterios pedagógicos. Además, el equipo de 44 supervisores denunció haberse enterado de la medida el 2 de marzo, por medio de un correo electrónico, coincidiendo con el relato de los padres sobre un alto nivel de improvisación detrás de la comunicación de la medida.

UN FINAL POCO FELIZ
Luego de más de un mes de conflicto, el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Hugo Zuleta, avaló la medida mediante un oficio en el que entendió que la decisión no estaba “reñida con la normativa vigente”. Tras el fallo, el ministro 
Bullrich ratificó el cierre de cursos, pero redujo la cantidad a 96 grados. “Se logró en cierto sentido moderar la pretensión del gobierno, pero hay quienes creen que sólo se trató de una estrategia: amenazar con cerrar más y terminar cerrando menos para mostrar sensibilidad ante los reclamos”, explicó a esta revista un padre que pidió el anonimato.
Comenzando el 27 de abril, las divisiones con menos de quince o veinte alumnos fueron fusionadas con otros grados con igual o menor cantidad de chicos, siguiendo las órdenes del director general de Educación de Gestión Estatal, Maximiliano Gulmanelli. Los cierres continúan a la fecha.
El establecimiento más afectado por las medidas fue la Escuela Técnica N° 28, de Belgrano. Mabel Álvarez, madre de un alumno de sexto año, explicó por qué el curso de su hijo con nueve alumnos era “pedagógicamente adecuado” en el marco de la educación técnica. “En este sexto están los mejores promedios, el abanderado y el escolta son de esta división y los docentes reconocen que es el mejor grupo. Desde que ‘fusionaron’ la sección con otra, mi hijo ya no va con las mismas ganas al colegio”, relató. Además, Álvarez reveló otro caso que se vio en la escuela luego de la resolución: “En cuarto año no quedó otra opción que dividir un curso de doce alumnos a la mitad y fusionarlos con otros dos. Esto es terrible para los adolescentes, ya que su grupo de pertenencia es muy importante. Nunca analizaron pedagógicamente nada”.
Los padres destacan que si bien en varias escuelas se cerraron divisiones, otras con menos de quince alumnos no corrieron la misma suerte. Y no entienden con qué criterio algunos cursos cerraron y otros no. De acuerdo con fuentes sindicales, existen más de mil grados en la Ciudad con menos de quince alumnos, por lo que se teme que la “fusión” se reanude en 2013.

EDUCACIÓN PÚBLICA EN RETROCESO
El análisis del conflicto no puede obviar que el número de secciones en escuelas primarias estatales es prácticamente el mismo que en 1990, pero con una matrícula que desde entonces se redujo significativamente. De manera que, a primera vista, “no sería cuestionable, desde una perspectiva general, el mentado cierre de cursos”, explica Carlos Holubica, asesor de gabinete de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.
El argumento de la Ciudad es que en los establecimientos afectados existen cursos con pocos alumnos y que en muchos colegios de la Zona Sur ocurre exactamente lo contrario. “La idea es que los docentes que dejen un curso trabajen en la Zona Sur, en donde nos faltan maestros”, sostuvo Esteban Bullrich. ¿Se trata entonces de un problema de docentes que sobran en un lugar y faltan en otro -acaso una variante de la teoría de la “frazada corta”- y que las aulas hoy alcanzan? Holubica se permite relativizar esta hipótesis al recordar que durante los cuatro años del primer gobierno de Mauricio Macri el promedio de ejecución del presupuesto de Infraestructura y Equipamiento en Educación fue del 61,74 por ciento. “En un contexto de carencias edilicias acuciantes en el área educativa, el gobierno porteño se dio el lujo de no utilizar 668 millones de pesos”, explica en un informe escrito junto a la ex auditora porteña Josefa Prada. Este nivel de subejecución presupuestaria tiene lugar en un contexto en el que las condiciones edilicias no son las óptimas. “Sólo en un colegio, y en forma provisoria, los estudiantes tendrán clase en una sala de música y en una biblioteca”, admitió Bullrich en declaraciones radiales, y agregó: “Estamos construyendo dos escuelas para chicos que viven desde el Este de Lugano hasta Parque Patricios”. Al sugerir que aún no existen aulas suficientes para desdoblar los cursos superpoblados, el discurso se contradice con la explicación de que las deficiencias educativas en el Sur se deben únicamente a la falta de maestros.
El Reglamento Escolar vigente establece que el número de alumnos por aula deberá fijarse de manera tal que, por cada niño, haya al menos 1,35 metros cuadrados de superficie y de cuatro a cinco metros cúbicos de capacidad. “Las escuelas que no alcancen tal situación están en condiciones de hacinamiento”, destaca un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que agrega que la decisión de albergar en una sola aula a la matrícula de dos cursos puede impactar fuertemente sobre los niveles de hacinamiento de cada una de las secciones fusionadas.
Para Nancy Montes, investigadora del Área Educación de Flacso, la Ciudad no presenta un aumento general de las generaciones más jóvenes, aunque la Zona Sur “todavía tiene amplios territorios a los que no llegó el piso mínimo de la educación necesaria”. La especialista recuerda que desde hace tiempo la Defensoría del Pueblo de la Ciudad viene señalando la falta de vacantes en muchos distritos y que, a un mes del inicio del ciclo lectivo, unos 350 alumnos de los distritos 19 y 21 (que comprenden los barrios de Villa Soldati, Pompeya, Bajo Flores, Villa Lugano y Villa Riachuelo) no empezaron las clases por falta de vacantes.
El gobierno porteño no niega el problema y asegura que sus esfuerzos están puestos en “profundizar la calidad educativa en el Sur a partir de la incorporación de un segundo docente o desdoblando cursos en aquellas clases con más de 35 alumnos”. Es decir, una política similar a la que lleva adelante la provincia de Buenos Aires. Además, el Ministerio de Educación porteño sostiene que durante este año se abrirán 228 secciones y planean inaugurar 13 edificios escolares nuevos, “la mayoría en Zona Sur”.
Pero existe un problema mayor: la disminución constante de la cantidad de alumnos de escuelas estatales en la Ciudad. En este marco, señala Holubica, la fusión de cursos “no hace otra cosa que acompañar el retroceso de la educación de gestión estatal que se acentuó durante la gestión de Mauricio Macri”. Datos de la propia Dirección de Investigación y Estadística del Ministerio de Educación porteño muestran que entre 2007 y 2010, la caída anual promedio de la matrícula estatal fue del 1,14 por ciento, la más alta de todo el período 1990-2010. Parte de este éxodo se explica por la alicaída infraestructura del sistema educativo público de la Ciudad, para lo cual el gobierno porteño destinó cifras millonarias pero insuficientes.
La Auditoría porteña subraya que desde 2007 hubo una caída en la participación del sistema público en el presupuesto educativo, que pasó del 61,91 por ciento en 2007 al 58,12 en este año. Como contraparte, los subsidios a la educación privada tuvieron un leve aumento, del 15,04 al 15,61 por ciento (con picos de cerca del veinte por ciento en 2009). La lectura que Holubica hace de estas cifras es desalentadora. “Si en cercanía de una escuela estatal de escolaridad simple sin actividades extracurriculares formativas y recreativas -tales como computación, artes plásticas, deportes- el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires subsidia a un colegio privado que ofrece esas prestaciones, se produce una competencia que podría llamarse desleal para la educación estatal”.
Los números dan cuenta de esta política: mientras que desde 2007 las partidas a la educación privada en la Ciudad aumentaron un 317 por ciento, los subsidios a la Escuela Técnica N° 28, en la que cursa el hijo de Mabel Álvarez, se redujeron a casi la mitad.




Con el número perfecto

Con el número perfecto
¿Cuántos alumnos debe tener un curso para lograr un adecuado trabajo en clase? Clarín Educación consultó a especialistas, que ofrecen sus recomendaciones.

por Federico Poore
Clarín Educación, 16-05-2012

Juntos pero no amontonados. Palabras más, palabras menos, esta es la respuesta que los expertos brindan a una pregunta que surge habitualmente en los debates sobre calidad educativa: ¿cuál es el número ideal de estudiantes por curso?

Una primera respuesta la da Nancy Montes, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). “No existe un número ideal. Hay escuelas que tienen 38 estudiantes en una división y trabajan muy bien, participan en clase y la escuela tiene recursos para acompañar con otros profesionales las trayectorias educativas, pero hay otras con apenas 16 alumnos donde ninguna propuesta resulta atractiva”, dice Montes, y hace un poco de historia. “En los inicios de nuestro sistema escolar se consideraba normal que en un aula hubiera 80 estudiantes y hubo clases de 150 alumnos”.

Cecilia Veleda, coordinadora del programa de Educación del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), arriesga cifras más precisas. “Arriba de treinta chicos por aula es malo, por las dificultades para personalizar la enseñanza y atender preventivamente los problemas de aprendizaje; debajo de diez también, porque una mayor cantidad de alumnos permitiría mayores posibilidades pedagógicas, como el trabajo el grupo”, explica Veleda.

La especialista subraya la importancia de contar con un piso mínimo de alumnos dado que la escuela no sólo tiene la función de enseñar sino también de socializar. “Los grupos más grandes ofrecen mayor diversidad, en todo sentido; algo que es indispensable para la socialización”, dice Veleda.

En el mismo sentido, Alejandro Morduchowicz -docente de Financiamiento Educativo en la Universidad Torcuato Di Tella- sostiene que un buen parámetro para las escuelas de áreas urbanas es tener “veinticinco alumnos por aula en las escuelas de nivel primario y treinta, en los colegios del nivel medio”.

Cada jurisdicción educativa se encarga de establecer cuántos estudiantes debe tener un curso o división de acuerdo al nivel de enseñanza. Montes explica que estas reglas se definen teniendo en cuenta aspectos pedagógicos, así como la estructura de cargos en los distintos niveles. Aunque reconoce que el diseño puede sufrir cambios debido a limitaciones del espacio físico. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se prevé que si el número de estudiantes supera los treinta y cinco deberá haber dos maestros a cargo de la sección.


La Ciudad de Buenos Aires, eje de un debate reciente en torno al reordenamiento de cursos, revela escenarios muy diferentes de acuerdo al barrio donde está ubicada la escuela. Mientras que en la zona norte y centro, por ejemplo, la proporción de estudiantes por curso mantiene un nivel aceptable, los colegios ubicados en los barrios del sur de la Ciudad no alcanzan los niveles de infraestuctura y de número de alumnos por curso recomendados. Allí, dicen los expertos, lo ideal es sumar docentes.

“En cambio, en escuelas con pocos alumnos, es bueno fusionar secciones”, sostiene Veleda y advierte que la fusión de un curso debe llevarse adelante con mucho cuidado, estudiando caso por caso. “Siempre es una medida sensible para las escuelas”, dice la especialista del CIPPEC. Nancy Montes está de acuerdo: “Sería deseable que cualquier decisión por reorganizar la oferta educativa se realice con la planificación necesaria en términos de tiempos, información disponible y participación de aquellos que están involucrados directamente”. En esto coinciden todos los especialistas consultados para esta nota: siempre es mejor discutir cualquier fusión de cursos junto a los docentes y las familias involucradas.




El caso Español

Un ejemplo reciente sobre este debate ocurrió en España, que atraviesa una fuerte crisis económica cuyas consecuencias son aún imprevisibles. Semanas atrás, el gobierno español ordenó un recorte de más de 3.000 millones de euros en educación, lo que implica, entre otras cosas, el aumento del número máximo de alumnos por aula. Esta cifra, que hoy es de 27 estudiantes en primaria y de 33 en secundaria, podría aumentar en hasta un veinte por ciento, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Educación que conduce José Ignacio Wert. De acuerdo con los expertos, estas medidas alejan a España de las sugerencias internacionales (como los del informe de la UNESCO “Educación para todos”, más conocido como pronunciamiento de Tailandia) sobre la cantidad de alumnos que debe tener a cargo un maestro para garantizar condiciones mínimas de enseñanza de calidad.

Entrevista a Marco Enríquez-Ominami

"Chile ya no es el mejor alumno"
Marco Enríquez-Ominami, ex candidato presidencial chileno y líder del Partido Progresista, cuestiona a la dirigencia tradicional y propone alternativas al modelo económico del país.

por Cecilia Escudero y Federico Poore
Debate, 05-05-2012

Marco Enríquez-Ominami es una figura que desarma el tablero político chileno. “Emergente, rupturista, o como quieran llamarme. Pero siempre singularizado como algo distinto a la gerontocracia que gobierna Chile desde hace veinte años”, sostiene este filósofo y director de cine, que en 2008 dio un portazo a la, por entonces, gobernante Concertación para crear su propio espacio político. Al año siguiente, como candidato independiente y progresista, compitió en las presidenciales contra dos gigantes: la coalición de centroizquierda de Eduardo Frei y la alianza conservadora, que encabeza el presidente Sebastián Piñera. En esa elección, Enríquez-Ominami obtuvo un sorpresivo 20 por ciento de los votos, producto -según aclara- del “hambre feroz de alternativas políticas”. Con 39 años, el líder del Partido Progresista de Chile (PRO) habla sobre sus propuestas de cara al recambio presidencial de 2013, al tiempo que apoya la política argentina de expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF. Además, como hijo del fundador del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Miguel Enríquez, muerto por la dictadura pinochetista, e hijastro del histórico dirigente socialista Carlos Ominami, evalúa el peso de su propia ascendencia familiar.

¿Qué balance hace de los dos años de gobierno de la derecha en Chile, luego de las dos décadas de la Concertación?
Creo que la presidencia de Piñera es el quinto gobierno de la Concertación. Es una administración que potencia una sociedad donde la demanda y la libertad individual están más garantizadas que la oferta y la igualdad; donde existe una desconfianza radical hacia las instituciones y una confianza absoluta en el individuo. Entonces, es idéntico a lo que teníamos antes. Aunque ahora el panorama se agudice en razón de que el lenguaje político del gobierno es liberal o neoliberal en extremo. Pero en términos de políticas sustantivas, Piñera y la Concertación son lo mismo. Por este motivo, en Chile, hoy la izquierda y la derecha son puras etiquetas sin contenido. Vivimos en el país más desigual de la OCDE, en el continente más desigual del mundo y en el más sangriento sin guerras del globo. Los chilenos vivimos en una sociedad donde no hay universidades públicas y gratuitas. Me pregunto en qué momento gobernó la izquierda.

Los estudiantes dicen ser herederos de un modelo instaurado por la dictadura de Augusto Pinochet. ¿Coincide?
Totalmente. En 2009, propuse una reforma tributaria no sólo porque me parece justa, sino para financiar la educación pública. Piñera y la Concertación me acusaron de populista. Los estudiantes lo plantean bien, son muy lúcidos.

¿Puede decirse que el movimiento estudiantil puso sobre la mesa un debate sobre el legado de la dictadura que parecía cerrado en Chile?
Los estudiantes son fascinantes, tienen toda nuestra admiración y respaldo. Pero debemos ser cuidadosos de no establecer a Pinochet como un parteaguas. Ésa es la estrategia de la centroizquierda que gobernó 20 años en Chile, que dice que “Piñera es Pinochet”. Entonces, todos contra Pinochet. La Concertación pretende tener el monopolio de la moral. Da lo mismo si ellos son buenos o malos; lo importante es que los otros son pinochetistas. Con ese argumento ganamos durante dos décadas. En 2009, sentí que habíamos llegado a un punto en el que la figura de Pinochet ya no era el parteaguas suficiente. Por eso, me presenté como independiente. Y lo dice alguien que fue víctima directa del dictador. Creo tener alguna legitimidad en el tema. Pinochet es el gran responsable del diseño de país que hoy tenemos. Pero fueron 17 años de dictadura, luego vinieron 20 de democracia. Entonces, ¿herencia de quién es?

¿Por qué no se pudo avanzar con una agenda progresista?
Quizá porque no se quiso. Fui diputado entre 2006 y 2010. Durante tres de esos cuatro años formé parte de la Concertación. Y dos de esos tres años fuimos mayoría en la Cámara. Entonces, me pregunto, ¿por qué, en ese tiempo, no legislamos sobre educación pública, matrimonio igualitario, reforma tributaria, etcétera? Todo era “no”. Me decían, “no, Marco, lo que pasa es que tenemos que aparecer como socialistas responsables”.

Actitud que siempre cosechó elogios por el mundo…
Sí, como el mejor alumno de América Latina. Bueno, se acaba de caer el mejor alumno. Los estudiantes no fueron el único terremoto de Chile. De hecho, hubo un terremoto real a comienzos del mandato de Piñera que desnudó la pobreza en que vivía -y vive- la población del sur de Chile. A mí no me sorprendió ese hecho. Pero las elites chilenas, la prensa y la opinión pública se sorprendieron y se quedaron sin discurso. Decían, “cómo, ¿tan pobres éramos?”

La popularidad de Piñera cayó a niveles históricos, pero la Concertación también está deslegitimada. ¿Los planteos que usted hace tienen eco en la sociedad?
Todavía no logro construir una gran mayoría. Pero ése es mi desafío. Chile es un país clasista, de castas, y ofrece dos alternativas, la revolución o la vía electoral. Opté por el camino del Estado de Derecho. Fundé un partido de cero con 37 años. Ése ya es un mensaje. Por eso, soy considerado un rupturista, un independiente, o como quieran llamarlo. Pero siempre singularizado como una cosa distinta a los partidos convencionales, en la vereda de enfrente de una gerontocracia. Hasta ahora no me ha ido mal: veremos qué pasa en seis meses cuando haya elecciones locales. Además, debido a la reciente modificación de una ley, cerca de cuatro millones de jóvenes se incorporaron al universo electoral, por lo que se rejuveneció el padrón. Creo que tenemos una oportunidad gigantesca. Como en 2009, hay un hambre feroz de propuestas alternativas.

Su espacio parece ofrecer una suerte de disputa simbólica respecto de qué es ser progresista en Chile. ¿Es así? ¿Cómo es la situación del PRO hoy?
Sí, claro, está en disputa. Hay varias definiciones de progresismo. Desde una óptica más emocional, el progresismo es empujar las líneas de una sociedad, es progreso. En mi caso, por ejemplo, cuando hablo del aborto, lo hago porque pienso que quien es incapaz de hablar de este tema es incapaz también de derrotar la pobreza. Para hablar de aborto, en un país católico como Chile, hay que tener coraje. En mi caso, tengo la convicción de que la mujer tiene derecho a decidir, pero también plantear esto es mi manera de sacudir el tablero. Si resolvemos esa controversia, estaremos juntos para otras discusiones. El progresismo que nosotros defendemos es la unión de dos agendas, que siempre estuvieron separadas. La de los ecologistas, que plantean la sustentabilidad del sistema, y la de la izquierda, que se centra en la distribución de la riqueza. Temas para nada menores en países como los nuestros, que son productores y exportadores de materias primas.

¿Cuál es el modelo de desarrollo que plantea su plataforma política?
La derecha avergüenza cuando intenta invisibilizar al Estado, cuando no entiende que la esfera pública subsume a la esfera privada, que no es lo mismo Estado y mercado. También es otra ignominia cuando la izquierda no pronuncia la palabra mercado y luego, cuando gobierna, cómodamente trata con él. Creo que hay que tener una posición sobre el mercado. Nosotros proponemos una economía mixta, donde el Estado sea más fuerte en algunas áreas, como en recursos naturales, previsión, vivienda, salud, educación y transporte. En al menos esas seis áreas de nuestra economía quisiera un Estado más fuerte.

¿Cuál es su opinión respecto de la reciente decisión del gobierno argentino de expropiar parcialmente YPF?
Fuimos la única fuerza política del país que se pronunció en respaldo a la medida. Me parece que la defensa sobre los recursos naturales es completamente legítima. Chile es el caso inverso. No somos dueños de nuestras aguas, por ejemplo. El 70 por ciento está en manos de una empresa privada italiana. Sobre YPF, acuerdo con el presidente uruguayo, José Mujica, que dijo que el error no se da ahora, sino que el error fue haber privatizado.

Un eventual gobierno suyo, ¿intentaría recuperar los recursos que perdió Chile?
Por supuesto. Los que sean considerados estratégicos, sí. Para mí, el Estado es el brazo y el mercado, la herramienta. Entonces, quiero una regulación sobre el mercado, que, al mismo tiempo, no sea una mala palabra. Chávez en el Orinoco está asociado con el mercado. YPF integra a privados. La cuestión es cuál es la estrategia gubernamental para proteger y gestionar esos recursos. También estoy abierto a la discusión sobre la existencia de un Estado regulador con medios públicos. Me parece bien que haya medios públicos y privados. Y la televisión pública nuestra es completamente insuficiente. Se trata de una televisión que tiene el mismo modelo de la universidad, que debe autofinanciarse.

En Chile, las concesiones para transmitir televisión se otorgaron de manera indefinida.
¡Eso es un escándalo! Soy el único que lo ha denunciado. Pero el asunto es aún más grave. Hay una licencia indefinida que la Iglesia Católica obtuvo gratuitamente en los años 60. Y cuando llegó la TV digital, con la posibilidad de revisar la duración de las concesiones, se obstruyó el debate.

¿Cómo fue aquel episodio?
Era diputado por el Partido Socialista, el de Salvador Allende, se supone que laico, ¿no? Entonces, en el marco de la discusión por la TV digital en el Parlamento, pregunté por qué los socialistas íbamos a pasar a la historia como los imbéciles que volvieron a entregar el espectro indefinido al Vaticano. Ahí ya estaba defendiendo la república laica. ¡Lo mínimo! Pero quien impulsaba esta política, el ministro de Telecomunicaciones de Chile, René Cortázar Sanz, del gobierno de Michelle Bachelet, me decía que no fuera ingenuo, que debíamos llevarnos bien con el arzobispo, con la Iglesia. Dos cosas tremendas ocurrieron después, que yo mismo había advertido en su momento. Primero, la Iglesia vendió el 62 por ciento de su concesión a un privado, es decir, lucró con algo público. Segundo, al día siguiente de que Cortázar Sanz dejara el cargo de ministro, comenzó a trabajar en el canal católico por el que había peleado la concesión.

En 2013, entonces, ¿peleará por la presidencia de país?
Sí, los progresistas estaremos presentes en las elecciones de 2012 y 2013.

Wiki Media Leaks: medios y secretos

“Las elites mediáticas no parecen comprender este momento histórico”
Martín Becerra y Sebastián Lacunza, autores de Wiki Media Leaks, explican la relación entre los gobiernos de América Latina y los dueños de los medios, a la luz de los cables del Departamento de Estado.

por Federico Poore
Debate, 05-05-2012

Un año y medio después de la filtración de unos 250 mil cables entre el Departamento de Estado norteamericano y las embajadas en todo el mundo, aún queda mucha tela para cortar. Una de las historias menos contadas, al menos de manera sistemática, es la vinculación entre los gobiernos latinoamericanos y los medios de comunicación a partir de las revelaciones de los cables diplomáticos de Wikileaks, que incluyen reuniones con empresarios, encuentros con opositores y fomentos a ONG de dudosas credenciales. De esto trata Wiki Media Leaks (Ediciones B), un libro recién editado que analiza las relaciones entre los dueños de los medios y algunos editores influyentes con la Casa Blanca. Sus autores, el especialista en medios Martín Becerra y el periodista de Ámbito Financiero Sebastián Lacunza, conversaron con Debate sobre las estrategias de la Embajada en los distintos países de la región y explicaron por qué a partir de los despachos puede concluirse que los diarios argentinos no blanquean sus intereses comerciales.

¿De dónde surgió la idea para el libro?
Lacunza: Veníamos siguiendo de cerca el fenómeno Wikileaks, cada uno en su métier, y comenzamos a intercambiar mails con los cables más interesantes. Cuando liberaron todos los despachos, vimos que había corpus suficiente para analizar una época, buena parte de la cual no estaba saliendo en los medios.

¿Qué les llamó más la atención?
Becerra: Que los medios sean tan poco abiertos a la hora de brindar información sobre sí mismos. Es algo que uno sospecha y estudia, pero nos sorprendemos ante cada nueva evidencia. El cable sobre Saguier, por ejemplo (ndr: un despacho de la Embajada de 2008 que narra la “conversación informal” del CEO de La Nación, Julio Saguier, con el entonces embajador Earl Anthony Wayne). A nadie le va a sorprender lo que allí se dijo, porque es coherente con la línea editorial del diario. Pero es extraño que no lo publiquen. Es una cuestión de transparencia acerca de los intereses de las empresas, algo que sí existe en otras partes del mundo.

¿Quiere decir que hay temas en los cables que nunca fueron publicados por aquéllos que tuvieron acceso privilegiado?
B: En un momento polarizado como el actual, uno podría suponer que hay situaciones que unos no publican y que otros sí. La lectura de los cables de Wikileaks revela que hay temas que no publica nadie. Es curioso: hace falta ir a los libros para encontrar información sobre los medios; es decir, necesitamos una industria del siglo diecisiete para enterarnos de lo que hacen los protagonistas de las industrias de los siglos veinte o veintiuno.
L: El cono del silencio que los medios argentinos imponen sobre sí mismos es extraordinario. Al parecer, resulta cuestionable contarles a mis lectores que acudí a un medio extranjero para convencerlo de las cuestiones “horrorosas” que suceden en la Argentina.

¿Qué lectura hacen de Wikileaks en relación con el periodismo? Por un lado, aparece esta idea de que la filtración de cables es una fuerza democratizadora, pero al mismo tiempo este torrente de información sigue necesitando a los medios “clásicos” para ordenar y jerarquizar. ¿Cómo describirían esta tensión?
B: El caso de Wikileaks revela la necesidad de intermediación del material en bruto: la labor periodística, la edición. Julian Assange filtró 250 mil cables, pero antes venía goteando información sensible y midiendo su impacto. Esto lo condujo a hacer una alianza con cinco grandes medios de Occidente, que queda trunca al poco tiempo de andar. Estamos frente a un momento bisagra, donde los medios tradicionales siguen teniendo una labor performativa, troqueladora de la opinión pública. No quiero soslayar la importancia del material en bruto (que permite que alguna vez un periodista lo recupere o un político se inspire en él para prevenirse), pero lo cierto es que sin la intermediación no tiene el impacto que soñó Assange.

¿Qué revelan los cables de Wikileaks sobre la relación de la embajada norteamericana con los países de América Latina?
B: Lo primero es que América Latina no aparece como una región uniforme desde el punto de vista de la política exterior. Hay matices importantes entre lo que sucede en países como la Argentina, Brasil y México, y lo que pasa en países más “alineados” como Chile o Colombia.
L: Por otro lado, una vez que la Embajada califica a un país de chavista o “en riesgo de chavización”, no le hace asco a nada. En Honduras, primero escriben un cable que bien podría haber sido un análisis del Partido Obrero sobre la elite mediática del país. Pero cuando llega Manuel Zelaya, comienzan a hacerse eco de las denuncias de esos mismos medios, aunque esa alianza empieza a ser un problema. El mediodía en que se produjo el golpe contra Zelaya, la Embajada no ocultaba su malestar. En los cables siguientes, incluso, se preguntaban cómo sacarse de encima a los golpistas, que eran directamente talibanes.

En muchos casos, contrariamente a lo que podría esperarse, la Embajada no es abiertamente destituyente, sino que en muchos casos este rol les cabe a las elites. ¿Cómo se explica este fenómeno?
B: La lectura de los cables revela que las elites latinoamericanas son mucho más agresivas, en todo sentido, de lo que es la política exterior norteamericana. Por supuesto, a lo largo de la historia no siempre fue así. En el golpe contra Salvador Allende, la embajada fue un dinamizador del proceso. La elite chilena estaba a favor del golpe, pero ese sentimiento en estado germinal madura gracias a la articulación de la embajada estadounidense, algo diferente de lo que sucede hoy si vemos los cables, con la salvedad del caso venezolano.

¿Cómo es el proceso?
B: La elite local le pide a la Embajada que intervenga más, que lo haga más públicamente, que sea más radical. Luego de la charla, la Embajada escribe: “No vemos que aquí esté en juego la libertad de expresión” o “nos parece que este interlocutor está exagerando un poco”. Pasa en Brasil, pasa en la Argentina. Si uno lo piensa desapasionadamente, lo que hace la Embajada es lógico: defiende los intereses de las empresas estadounidenses e intenta conducir las cosas en el plano del entendimiento, que es donde Estados Unidos puede sacar un mejor partido. Cuando las convierte en enfrentamiento, restringe el marco de negocio.
L: En ese sentido, un detalle no menor es que la actitud hacia los países “peligrosos” depende mucho de si los halcones están o no en la Casa Blanca. En los cables que analizamos se nota el pasaje de la era Bush a la administración Obama.

¿Cuál es la particularidad del caso venezolano?
L: Luego de haber quemado todas las naves con el golpe de Estado de 2002, la Embajada traza un plan de acción con diferentes ONG, lo que pone en cuestión el papel de estas organizaciones que luchan “por la libertad de expresión”. Pero su plan de acción consiste en deslegitimar gobiernos.

EL MONOPOLIO DE LOS MEDIOS
¿Washington critica la concentración mediática en Latinoamérica?

B: No en todos lados. En México y Colombia, sí. Pensemos que México forma parte de la misma área geográfica y política, es un mercado de cien millones de habitantes y que, al mismo tiempo, su sistema mediático es uno de los más concentrados de la región. Esto explica la labor sistemática de Estados Unidos para que se abra el mercado monopólico de telecomunicaciones que controla Telmex, el mercado de telefonía que también controla Carlos Slim y el duopolio televisivo que controlan Televisa y Azteca TV. Algo parecido pasa con la televisión en Colombia, donde también hay un duopolio y la histórica promesa de abrir una tercera cadena está en pañales desde siempre. Allí también se juega una fuerte presencia estadounidense. Distinto es el caso de Chile, donde los pocos párrafos sobre medios son absolutamente elogiosos de la diversidad de un sistema que es igual de duopólico.
L: Creo que en los casos de conflicto cero, donde no hay un interés norteamericano, los diplomáticos pierden la lucidez y la capacidad de análisis.
B: Una lección para el debate argentino es que no todo es política, que la economía es un factor explicativo. Si no, no se explica que México, que en este siglo ha tenido gobiernos tan aliados y funcionales a Estados Unidos, reciba tantas críticas en los cables.

¿Cómo explican el fenómeno de “endogamia informativa” entre la Embajada y los grandes medios?
L: Un ejemplo reciente. Cuando leemos los disparates que salen en los medios españoles con respecto a Axel Kicillof, vemos que parten de la columna de Carlos Pagni donde dice que Kicillof es marxista. Es decir, que googlean, básicamente. O tienen acceso a fuentes de bajísima calidad: en algunos casos, para hablar de los Kirchner consultan al “ceciliapandismo”... Existe una circularidad en las consultas frecuentes a algunas fuentes que, a su vez, los influyen. Luego escriben a partir de una versión de prensa agradable a su mirada, lo que tamiza la lucidez del diplomático. Esto sirve para pensar sobre la endogamia en general, tan extendida en el periodismo deportivo, donde Caruso Lombardi va al programa de Alejandro Fantino y se “entera” de cosas que le dijo Caruso, un show que con Fantino logra un resultado muy entretenido, pero que en el periodismo parlamentario o económico es un problema.

¿Cuál fue el rol de la Embajada frente a la sanción de la Ley de Medios Audiovisuales?
L: Hasta 2007, la Embajada mencionaba todo el tiempo la alianza entre Clarín y el Gobierno. A partir de ese momento comienzan a notar que la relación se enturbió, pero se lo adjudican a que el Grupo está revisando sus finanzas, lo cual revela mucho sobre lo que la Embajada piensa sobre Clarín. Luego llega el conflicto desatado, lo que lo obliga a Earl Anthony Wayne a ser mucho más preciso. Hay cables de cuatrocientas líneas explicando qué tenía la ley de medios de la dictadura, cuáles eran sus defectos, qué situaciones había alentado… Un muy buen análisis.

¿Allí comienzan las visitas de políticos y empresarios en torno al proyecto de ley?
L: Ahí empieza la avalancha de visitas, desde Gabriel Mariotto hasta Julio Saguier, pasando por Jorge Lanata y todos los ejecutivos de Clarín. La prioridad de la Embajada comienza a ser el interés de las empresas norteamericanas y la desmonopolización del cable. Mariotto, en una jugada hábil, va a la Embajada, donde le plantean como una gran oportunidad que la ley de medios no les ponga un cupo a los canales de cable. Luego, cuando Mariotto viaja a Estados Unidos, le facilitan una agenda de encuentros con las autoridades de la FCC (ndr: la Comisión Federal de Comunicaciones norteamericana). Esto es lo que lleva a la Embajada a decir, en más de una ocasión, que la norma no ponía en riesgo la libertad de expresión.

¿Podemos decir que la Embajada tuvo una de cal y una de arena? Por un lado, negoció cuestiones que terminaron beneficiando a Estados Unidos, pero por el otro no consiguió que se aprobara la norma estadounidense de televisión digital.
B: Sin dudas, aunque acá también aparece la cuestión de la endogamia. ¿En qué se basó José Antonio Aranda, vicepresidente del Grupo Clarín, para asegurarle a la Embajada que la Argentina iba a adoptar la norma estadounidense? La realpolitik del embajador Wayne es interesante, porque no compra el paquete y relativiza lo que plantean sus fuentes. Pero los que van de visita a la Embajada salen muy convencidos de que ésta es la realidad. Y a los seis meses sale exactamente lo opuesto. Toman decisiones en base a información errada. En términos de eficacia sistémica, es un desastre.
L: El proyecto de ley de medios encuentra en la Embajada a Vilma Socorro Martínez, que retoma más claramente las críticas a la ley. Hasta poco antes decía que no iba a salir, mientras Aranda se reía de la gira de Mariotto por el interior del país. Cuando se aprueba en Diputados, Joaquín Morales Solá dice que la norma es un desastre, mientras Vilma plantea que el kirchnerismo está acabado y que la ley no tiene ninguna chance. Luego se aprueba en Senadores. El título del cable es: “¿Resurge el kirchnerismo?”. Su capacidad de análisis no funcionó.

¿Cuál es el principal aporte de su investigación?
L: Dar a conocer cables “censurados”, algo que ya de por sí tiene valor periodístico. Pero, sobre todo, el análisis de una época compleja, con muchos subdebates. Más allá de los matices entre países, algunos muy importantes, el libro deja en claro que las elites mediáticas parecen no haber comprendido el momento histórico en que se puso en juego el sitial del que venían gozando por décadas. Como factor común, hay una sobreactuación que termina conspirando contra sus intereses, lo que se ve agravado por acciones paralelas non sanctas que deslegitimaban aún más sus argumentos, algunos quizás atendibles. Da la sensación de que muchos empresarios de medios se creyeron el cuento de que la sociedad los amaba y le tenían un agradecimiento eterno por luchar por la libertad. En los textos queda claro que la estrategia para dar la batalla por parte de las elites mediáticas fue, en la mayoría de los casos, fallida.


LAS LEYES DE MEDIOS EN LA REGIÓN
¿Cuál fue la visión de la embajada estadounidense frente a otras leyes de radiodifusión en la región?

L: Hay párrafos muy críticos del sistema de medios que desmonta Rafael Correa y de la figura de Roberto Isaías, dueño de dos canales de televisión al que Correa suele llamar “banquero corrupto”. Isaías estaba prófugo en Estados Unidos desde 1999 y hay cables desesperados pidiendo su extradición. En los casos de Venezuela y Bolivia, la indignación es hacia nuevas regulaciones que se meten con contenidos.
Más allá de las críticas, atendibles en cuanto a que estas normas avanzan sobre los contenidos, ¿cuán real fue su aplicación?
L: A pesar de las polémicas desatadas por la Ley Antirracismo o la legislación sobre medios de Hugo Chávez, hasta ahora no hubo prácticamente aplicación penal o procesal contra algún periodista. Diría que estos cambios tuvieron efectos más bien acotados.
B: En el caso de Venezuela, la famosa Ley Resorte de 2004 sí tuvo consecuencias en el fortalecimiento del aparato gubernamental de medios. A diferencia de la ley argentina, la venezolana hace que el concepto de radiodifusión comunitario termine estando muy ligado al aparato del gobierno.

CLARÍN Y LA RED GLOBO
¿Qué tan concentrada es la estructura de medios argentina en comparación con otros países de la región?

B: El sistema de medios argentino es comercial y concentrado. Podemos decir que la propiedad televisiva es más concentrada que la de Chile, pero menos que la de México. En términos generales, la concentración es alta en toda América Latina. En alguna industria, la Argentina estará mejor que otros, pero tampoco es un consuelo.
L: Por ejemplo, Televisa es más grande que el tramo audiovisual de Clarín. La red Globo es más importante que la de radio Mitre. El Mercurio es más que Clarín. Lo que hace único a Clarín es la franja.
B: Junto a Globo, diría yo. La concentración conglomeral de Clarín es única, pero Globo ejerce una total tutela de la opinión pública.
L: Si vivís en San Pablo, tu diario no pasa ni de cerca por Globo, y estamos hablando de la principal ciudad de Brasil. Pero el peso de la televisión es tremendo y el Jornal Nacional tiene un poder único de orientar la opinión o una elección.
B: Además, es de las pocas cosas que los brasileños tienen en común. ¿Cómo hacés para cohesionar ese país? Una de las cosas que hacés es Globo.