Una estrella que está en declive

BAJARON UN 40 POR CIENTO LOS INGRESANTES A LA CARRERA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA UBA
Una estrella que está en declive

por Federico Poore
Página/12, 23-07-2010

Los ingresantes a la UBA decrecieron en promedio un 22,4 por ciento en los últimos cinco años. En el caso de Comunicación esa merma casi se duplicó y contrasta con el estallido de hace quince años, cuando superaba todas las expectativas.

Alguna vez supo ser la estrella de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Sin embargo, cada vez menos jóvenes se inscriben a la carrera de Ciencias de la Comunicación: en los últimos cinco años, el número de estudiantes que ingresaron en el CBC para Comunicación bajó un 40 por ciento, según datos de la propia universidad. Desde la UBA aclaran que hubo una merma en todas las facultades, alrededor de 22,4 por ciento en promedio, y la explican a partir del repunte económico y la aparición de carreras parecidas en otras universidades. De todos modos, el director de la carrera de Ciencias de la Comunicación, Glenn Postolski, admite que también influye la extensión de la cursada.

“Es el fin de la explosión, un reacomodamiento”, explica la subsecretaria de Planificación del CBC, Marta Hughes. “Hace quince años, Comunicación fue un boom y recibió una bestialidad de inscripciones. Ahora se amesetó”, ilustra Hughes, apoyándose en un gráfico que indica cómo de 2004 a 2009 los anotados a Comunicación pasaron de ser 2700 a poco más de 1600, un número similar al que se observaba antes del boom de mediados de los ’90. Para la funcionaria del Ciclo Básico Común, “son modas, parte de un fenómeno que se repitió en varias carreras como Diseño de Indumentaria”.

Glenn Postolski, flamante director de la carrera de Ciencias de la Comunicación, elegido para el período 2010-2012, reconoce la merma de estudiantes y analiza varias causas. Algunas exceden a la propia facultad, como el cuestionamiento social a la figura del comunicador. “Hay una crisis del campo profesional que repercute en el imaginario del estudiante”, expresa Postolski, que como graduado de la carrera recuerda que “en algún momento hubo un auge de ingresantes vinculado con las dificultades económicas que atravesaba el país. Con la recuperación económica, es posible que una porción de ellos se haya volcado hacia las universidades privadas”.

Hughes suscribe a esa hipótesis. La funcionaria cuenta que, en los años inmediatamente posteriores a 2001, carreras como Comunicación “sonaban atractivas para todos aquellos jóvenes que no querían meterse en una carrera muy larga, cuya profesión necesitara un título habilitante, como Medicina o Derecho”.

La caída en la inscripción también puede explicarse a partir del surgimiento y desarrollo de las carreras de Periodismo y Comunicación Social en las universidades públicas del conurbano, como la de Quilmes o la de General Sarmiento. Para Postolski, la principal competencia que hoy enfrenta la UBA no son las carreras privadas de periodismo, sino las de producción de contenidos o entretenimiento. “La comunicación se volvió un campo mucho más complejo y necesitamos ir generando ofertas específicas sobre conocimientos que hoy están vacantes”, señala.

Así, la menor cantidad de ingresantes también permite lecturas relacionadas con la propia oferta académica. “Nuestra carrera es demasiado extensa –admite el director–. La tasa media de cursada de nuestros egresados es de siete años y esto es algo que debemos resolver: cómo adaptar nuestros contenidos, que son muy ricos, a una carrera de grado que no dé un título oficial recién a los siete, ocho años”, ilustra.

La necesidad de una reforma al plan de estudios cobra más fuerza si se piensa que el programa es prácticamente el mismo desde 1985, cuando se fundó la carrera. Hubo diversos intentos de modificarlo a lo largo de los años, pero nunca prosperaron. ¿Existen motivos para entusiasmarse esta vez? “Ahora armamos un espacio de discusión semanal que va a funcionar a partir de mediados de agosto”, cuenta Postolski. Su intención es llegar a las Jornadas de Comunicación, previstas para noviembre, con posibles soluciones a los dos principales problemas de Comunicación: la excesiva extensión de la cursada y la gran cantidad de materias obligatorias.

La propuesta de Postolski es que la carrera tenga la mayor cantidad posible de materias cuatrimestrales, para acercarla a una duración real de cinco años. También pretende reducir el número de asignaturas obligatorias (unas veintiséis conforman el tronco común) y aumentar las optativas, para que haya “mayor flexibilidad en el recorrido de los estudiantes”. No será un proceso fácil y ya se anticipan algunas resistencias. “Es difícil que alguien que hoy está con una materia obligatoria que se propone como electiva vaya a estar contento –evalúa–. Pero también es posible que la modalidad de las optativas, que se dictan un cuatrimestre sí y otro no, permita generar otra forma de trabajar al interior de las cátedras y que resulte beneficioso para docentes e investigadores.”

Para intentar modificar este panorama, el actual director apuesta a la serie de charlas que comenzarán el próximo mes y que estarán abiertas a toda la comunidad educativa. “Queremos ir construyendo consensos a medida que armamos la propuesta.”

Solito y solo

TODOS LOS BLOQUES OPOSITORES PORTEÑOS VOTARON POR INVESTIGAR AL JEFE DE GOBIERNO, PERO EL PRO BLOQUEO LA INICIATIVA
Más solo que Macri en el Día del Amigo

por Federico Poore
Página/12, 21-07-2010

La oposición buscó en la Legislatura porteña crear una comisión investigadora, citar a declarar a Macri y hasta obligarlo a que se tome licencia. El macrismo pudo postergar la movida y ahora los proyectos seguirán su trámite normal.

A duras penas, el macrismo pudo frenar ayer la creación de una comisión investigadora sobre las escuchas ilegales, luego de una ardua discusión en la Legislatura acerca de las responsabilidades penales y políticas del procesado jefe de Gobierno, Mauricio Macri. En una votación que se hizo sobre tablas y que requería al menos 40 votos para prosperar, el PRO impuso sus veinte bancas y bloqueó las iniciativas opositoras, incluyendo una citación a Macri para que declare en el recinto y otra solicitud para que se tome licencia. Lo llamativo fue que todos los bloques opositores votaron en contra de los deseos del jefe de Gobierno, que debió ser sostenido por su propia tropa. Tanto esfuerzo macrista servirá para poco: los proyectos ahora pasarán a comisión y al volver al recinto podrán aprobarse con mayoría simple.

Al término de la sesión especial, todo el arco opositor difundió un comunicado en el que repudió la actitud macrista de no aceptar “ni siquiera pedir el expediente” para contar con las pruebas utilizadas por la Justicia. “El gobierno, frente a la crisis, prefiere las conferencias de prensa y hablar a través de Internet y las redes sociales en lugar de respaldarse en el funcionamiento institucional”, aseguraron. El texto llevó las firmas de los bloques kirchneristas, Proyecto Sur, la Coalición Cívica, UCR, Nuevo Encuentro y numerosos monobloques, incluyendo al ex PRO Daniel Amoroso, actualmente en las filas de Francisco de Narváez.

La sesión, originalmente citada para las 15, arrancó con casi dos horas de retraso por negociaciones de último momento entre el vicepresidente primero de la Legislatura, Oscar Moscariello, y los titulares de los distintos bloques, que discutieron sobre el formato del encuentro. Finalmente se acordó que cada fuerza hablaría brevemente en el recinto y luego se haría, sobre tablas, la votación de las diferentes iniciativas opositoras. Sabiendo que había varias ausencias y al menos veinte macristas (en una sesión que comenzó con 49 legisladores), los opositores entraron al recinto con el resultado puesto.

“No puedo creer que haya un solo diputado de este recinto que no quiera que se conozca la causa y que no esté interesado en investigar”, expresó Julio Raffo, de Proyecto Sur. “Esta crisis no se resuelve ocultándose en los medios de comunicación”, reclamó el titular de su bloque, Fabio Basteiro, que pidió una comisión investigadora que tenga como fin “no reemplazar la tarea de la Justicia”, sino analizar “el mal desempeño de las funciones públicas” del jefe de Gobierno.

El titular de la bancada de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez, defendió la posición opositora que tomó su fuerza al asegurar que “no se pueden leer segundas intenciones políticas ni ánimo de obstruir gestiones de gobierno. Ninguno de nosotros nombró al Fino Palacios ni a Ciro James”, lanzó.

Las coincidencias opositoras fueron en aumento. El peronista Diego Kravetz, autor del primer proyecto de comisión investigadora, aseguró que las charlas con los demás bloques resultaron en “propuestas superadoras” a su iniciativa “que podrían llevar a la apertura posterior de un juicio político”. “La Justicia va por un lado; nosotros tenemos que analizar las responsabilidades políticas –dijo Kravetz–. Es incomprensible que la mayoría no acompañe.” El kirchnerista Francisco “Tito” Nenna recordó a su turno que es la primera vez que un jefe de Gobierno procesado sigue en funciones y denunció que aquellos que no permitan la conformación de la comisión “serán cómplices de esta situación”.

Los cachetazos opositores se sucedieron uno tras otro. Todos resaltaron la gravedad de la situación de Macri (se insistió sobre la existencia de una “crisis institucional” en la Ciudad) y terminaron pidiendo –según el caso– un juicio político, la comisión investigadora, un pedido de licencia o que el jefe de Gobierno declare en la Legislatura. Incluso el ex macrista Daniel Amoroso, actualmente en el bloque Unión Federal que responde a De Narváez, pidió que se conforme una investigación, al entender que era “el mejor ámbito para que el jefe de Gobierno brinde las explicaciones que le sean requeridas”.

La defensa

Los macristas se limitaron a repetir los argumentos de su jefe procesado. “Es difícil pensar que es una casualidad que el llamado que desató todo esto provino de los servicios de inteligencia”, expresó Martín Borrelli, que también habló de un “esquema de amedrentamiento, acomodamiento y apriete” del gobierno nacional que puso en su cargo a los camaristas que fallaron contra Macri. Borrelli vinculó el tema de las escuchas con la SIDE y pidió discutir el tema “en el Congreso Nacional”, reclamo que fue acompañado por su compañero de banca Helio Rebot. “Hay cosas que tendrían que ser dichas en otro lugar”, sugirió, eludiendo las acusaciones. “Nosotros no estamos para rechazar el debate”, completó Alvaro González.

No obstante, minutos después se sometieron a votación las distintas iniciativas opositoras y el PRO las rechazó en bloque. La creación de una comisión y la convocatoria al jefe de Gobierno para que declare consiguieron 31 votos a favor, mientras que el pedido directo de juicio político (17), la solicitud de licencia (20) y el pedido del expediente de la causa contra Macri (29) también quedaron lejos de los cuarenta votos. Cada iniciativa recibió el rechazo de la bancada macrista.

“Me parece que el PRO lo único que hizo fue ganar tiempo”, expresó a Página/12 Gonzalo Ruanova, de Nuevo Encuentro. “En una semana y media, a más tardar, se va a tener que tratar en comisión”, agregó. Marcelo Parrilli confirmó que “todo va a quedar para agosto”, dado que hay temas pendientes en otras comisiones y que se acerca el receso invernal. Al cierre de esta edición, los distintos espacios aún no sabían si habría sesión el jueves o si la Legislatura ya entró en un receso de dos semanas.

Los expedientes pasaron a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde el PRO tiene mayoría. Los opositores esperan que se vote un despacho de minoría que luego deberá ser aprobado en el recinto, donde alcanza con mayoría simple.

Entrevista a Daniel Filmus

DANIEL FILMUS Y EL DEBATE SOBRE EL PROYECTO DE PROTECCION DE GLACIARES
“La mayoría estaba de acuerdo”

por Federico Poore
Página/12, 18-07-2010

El senador asegura que gran parte del bloque oficialista de Diputados tenía voluntad de acompañar la iniciativa que él había acordado con Miguel Bonasso, pero se pidió la prórroga para “no llegar con una posición desunida”.

Daniel Filmus viene de una semana agitada. Entre la sanción de la ley de matrimonio para personas del mismo sexo y el extenso debate sobre la protección de glaciares, el senador kirchnerista pasó los últimos días defendiendo los proyectos impulsados por el bloque del Frente para la Victoria.

La discusión en Diputados sobre presupuestos mínimos para la protección de glaciares, que ya lleva tres años y que incluyó un veto presidencial en 2008, se relajó el martes a la noche cuando Filmus logró un acuerdo con el diputado opositor Miguel Bonasso. Ambos legisladores decidieron unificar el texto y presentar un proyecto consensuado, que la Cámara baja se encaminaba a aprobar hasta que el debate terminó en la madrugada del viernes por falta de quórum. Los representantes de las provincias mineras, en especial los de San Juan, reclamaron una prórroga que no les fue concedida, pero aprovecharon el retiro del macrismo para abandonar el recinto y dar por concluido el debate, que ahora continuará luego del receso invernal. “La mayor parte de los diputados del oficialismo acuerdan con este proyecto, pero no queríamos llegar a una posición desunida del bloque”, afirmó Filmus. “Es importante entender que ésta no es una ley sobre minería, sino una ley de medio ambiente”, expresó.

–¿Qué puntos de la ley de glaciares llegaron a ser aprobados?

–Esta semana se votaron los tres primeros artículos, incluyendo el segundo, que define el perímetro protegido. El proyecto original de (la ex legisladora del ARI Marta) Maffei se limitaba a la zona de alta montaña, pero lo que nosotros planteamos es que América latina y la Argentina tienen zonas a nivel del mar por debajo de los cero grado de térmica. El glaciar Perito Moreno, por ejemplo, está a 180 metros de altura, y esto no estaba protegido. A nuestro entender, la definición original de “zona periglaciar” no tenía sentido. Esta cuestión del periglaciar fue la única que quedó en una posición intermedia, incorporando la idea de media montaña.

–¿Cuáles considera que son las debilidades del proyecto que impulsa Miguel Bonasso?

–En primer lugar, aquella propuesta tenía un objetivo limitado. Nosotros, en cambio, especificamos ya en el primer artículo por qué preservamos estas reservas estratégicas: como reservas de agua para el consumo humano, para la agricultura, para la protección de la biodiversidad, como atractivo turístico... También agregamos una cláusula muy importante en el último apartado, estableciendo sesenta días –en lugar de los 180 originales– para que comience el armado del inventario allí donde las mineras ya estén operando. Por último, definimos los glaciares como bienes públicos, agregamos una instancia de participación ciudadana y contemplamos la intervención de la Cancillería en la zona de alta montaña, donde tenemos temas limítrofes pendientes con Chile.

–¿Usted plantea que el otro dictamen era más generalista?

–Exactamente. Nuestro proyecto se trabajó durante todo un año y mejoró varios aspectos sobre la base de una buena ley, que era la de Maffei. Creo que hemos avanzado y discutido con el acuerdo de las partes. Ahora bien: no es que este proyecto enriqueció al de Bonasso, sino que fue un proyecto único acordado sobre los puntos que más pueden proteger nuestros recursos naturales. Lo importante es que a través del diálogo y de la discusión, bajando los decibeles y los gritos, se está yendo hacia un objetivo común.

–La discusión de la ley va a ser retomada por Diputados durante la primera semana de agosto. ¿Qué se discutirá hasta entonces en el interior del bloque oficialista?

–Algunos diputados pidieron quince días más para estudiar el texto, dado que el proyecto por el cual llegamos a un acuerdo se resolvió recién el martes a última hora. Ahora bien, no es cierto que la mayor parte de los diputados disienta con el nuevo dictamen: la mayoría estaba de acuerdo, pero no queríamos llegar al recinto con una posición desunida del bloque. Por ejemplo, el diputado (Carlos) Cejas, vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente, sacó un comunicado diciendo que acuerda totalmente con el nuevo dictamen.

–Bonasso sostiene que la prórroga se relaciona con la necesidad del oficialismo de ganar tiempo para que las legislaturas de las provincias aprueben su propia legislación.

–Si alguna provincia quisiera sacar una ley así, lo podía hacer en un día, o la hubiese sacado hace dos semanas. De hecho, si esta ley que ahora consensuamos se aprobaba esta semana, iba a volver al Senado, que ahora entra en receso, y en donde tenía que discutirse en comisión. O sea que de todas formas hubiera transcurrido un mes.

–El jefe del bloque de diputados del FpV, Agustín Rossi, explicó que, vote lo que se vote, la Presidenta no vetará esta ley. ¿Qué cambió?

–Ahora se contemplan y especifican temas como la autoridad de los Parques Nacionales y las obligaciones del Sector Antártico, que en su momento fueron algunos de los fundamentos de aquel veto. Es importante destacar que Cristina Kirchner, en numerosas ocasiones, dijo que el desarrollo minero de ninguna manera puede implicar el deterioro de los recursos naturales, en particular el del agua. Y esta ley es mucho más protectora.

Los dueños de la tierra cuyana

DISPUTA JUDICIAL ENTRE LA UNCU Y EL GRUPO VILA POR 32 HECTAREAS
Los dueños de la tierra cuyana

por Federico Poore
Página/12, 02-07-2010

Autoridades, profesores y estudiantes reclaman que se respete la propiedad del terreno, cedido por el Estado a la Universidad Nacional de Cuyo. Una empresa del Grupo Vila pretende ampliar sus negocios inmobiliarios. La demanda llegó a la Corte Suprema.

Casi 32 hectáreas de tierra mendocina son el centro de una extensa disputa entre el Grupo Vila y la Universidad Nacional de Cuyo, un conflicto que lleva más de veinte años y que ahora está en manos de la Corte Suprema. La demanda, iniciada por el fallecido Alfredo Vila, sostiene que el empresario hizo mejoras en una porción de los terrenos cedidos por el Estado a la UNCu en 1980 y que, por ende, las tierras le pertenecen. Las autoridades y los estudiantes de la universidad argumentan que la figura se aplica en derecho privado y no en terrenos públicos y que la verdadera intención del dueño del multimedio es expandir su negocio inmobiliario.

Las tierras en disputa están ubicadas en la capital de Mendoza, al oeste de la avenida Champagnat y lindan con el barrio privado Dalvian, perteneciente a Daniel Vila, cuyo padre se presentó en 1986 ante la Justicia, reclamando la propiedad del terreno. El empresario aseguró haber ocupado los terrenos donde antes funcionaba el Polígono de Tiro –ubicados a cinco minutos del centro de la ciudad– de manera efectiva durante más de veinte años y que lo hizo en forma continua, pacífica e ininterrumpida.

“Ellos dicen que hicieron ‘actos posesorios’, pero nosotros pensamos que su interés es la expansión de su barrio privado”, expresó el vicerrector de la UNCu, Gustavo Kent, en diálogo con Página/12. “Estamos hablando de terrenos de dominio público, que tenían un fin público y que son inembargables. El único que puede desafectar los bienes es el propio Estado nacional por medio de una ley”, explicó.

En 1999, una sentencia del Tribunal Federal de Mendoza firmada por el juez José Manuel Rodríguez benefició al Grupo Vila. La UNCu apeló y la Cámara de Apelaciones de esa provincia –uno de cuyos miembros, Julio Petra, vive en el country Dalvian– confirmó el fallo, haciendo lugar a la demanda por usucapión (adquisición por el uso) presentada inicialmente por el empresario.

Frente a estos reveses judiciales, la UNCu presentó en 2007 un recurso de queja y luego un recurso extraordinario junto al Estado nacional, hasta que finalmente la Corte Suprema aceptó tomar el caso. Mientras tanto, el máximo tribunal estableció una medida de no innovar que el propio Vila violó un año más tarde, cuando en los terrenos en disputa aparecieron máquinas retroexcavadoras, camiones de Dalvian y una decena de obreros que comenzaron a hacer un acueducto, tal como denunciara la entonces rectora de la casa de estudios, María Victoria Gómez de Enrique. Las máquinas se fueron, pero la polémica sigue abierta y la Corte deberá expedirse en los próximos meses.

La postura de la universidad, que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) apoyó mediante una declaración, es que los terrenos que Vila pretende “están afectados al dominio público para servicios educativos, y en consecuencia no pueden ser adquiridos por prescripción”, dado que son de uso común, excepcional e inalienable. El pronunciamiento agrega que, de acuerdo con el expediente, Vila nunca pagó un impuesto que corresponda a los terrenos. “Esta es la clave de por qué la universidad sigue con el litigio y por qué la Corte acepta nuestro recurso”, argumentó Alberto Molina, organizador de la primera movilización de los estudiantes de la UNCu por este tema. “La figura de la usucapión se aplica únicamente al derecho privado: yo dejo un lote, no lo ocupo, viene otra persona, lo mejora. Pero eso no se aplica al patrimonio público”, agregó Molina, que al momento del segundo fallo se desempeñaba como miembro del Consejo Universitario.

La semana pasada, varios estudiantes realizaron una nueva protesta marchando hasta la falda de la montaña junto al actual rector, Arturo Somoza, profesores y otras autoridades de la casa de estudios. “Aquí está en juego no sólo la restitución de terrenos a la UNCu –señaló entonces Somoza–, sino que este caso constituye un caso testigo acerca de la defensa del patrimonio público.”

Este diario se contactó con el Conjunto Residencial Dalvian para conocer la postura de la empresa ante el conflicto, pero sus representantes dijeron que se trataba de “información confidencial” y que debían consultar el tema con el directorio.

Fundado por Alfredo Vila en 1970, Dalvian fue uno de los primeros barrios cerrados mendocinos. Es promocionado como “el único emprendimiento urbano integral de Mendoza” y exhibe sus trescientas hectáreas como “una zona de privilegio, planificada sólo para residentes de nivel”. Algunos de sus vecinos ilustres son el vicepresidente Julio Cobos –de acuerdo con su declaración jurada, uno de sus ingresos proviene del alquiler de una vivienda en Dalvian– y la jueza Olga Pura de Arrabal, que en los últimos tiempos adquirió notoriedad por suspender la aplicación nacional de la ley de medios audiovisuales a través de una medida cautelar.