El blanco murmullo del extremo

En Ushuaia conviven una belleza natural apabullante, el turismo extranjero y la insularidad de una ciudad cuyo pulso se dirime intramuros.

por Federico Poore
La Agenda, 25-01-2018

—En Tierra del Fuego tenemos tres plagas: castores, conejos y cordobeses.

Nuestra guía, una mujer joven de campera azul eléctrico, lanza su teoría de “las tres C” mientras el micro disminuye la marcha en los metros finales de la Ruta 3. Obedientes, los treinta turistas que componemos el tour matutino bajamos del colectivo para conocer Bahía Lapataia, el único fiordo argentino del Canal Beagle.

Lo sabremos más adelante: Tierra del Fuego es, ante todo, tierra de inmigrantes. El 62% de sus actuales pobladores nació fuera de la isla, y hay tantos cordobeses que la provincia hasta tuvo un gobernador nacido en Río Cuarto: el radical Jorge Colazo. También son fascinantes las historias de los animales de afuera. El conejo, por ejemplo, fue introducido por inmigrantes europeos en la década del treinta, pero las dos parejas originales se expandieron rápidamente gracias a los pastos cortos (que los ayudan a escapar de los cazadores). Pero la mayor pesadilla ecológica que enfrentan los fueguinos es el castor. Este simpático roedor llegó en 1946 de la mano del contraalmirante Fidel Anadón, que se proponía impulsar la industria peletera siguiendo un modelo exitoso en Alaska. Como en una mala película de contagios, el experimento salió mal. Escena uno: un hombre libera 25 parejas de castores de Canadá en las inmediaciones del lago Fagnano. Escena dos: los castores se adaptan fácilmente a un medio sin osos ni lobos, sus predadores naturales, y aprovechan los cursos de agua para extender sus dominios a toda la isla. Escena tres: ya son 100.000 y el fenómeno, completamente fuera de control, deriva en un acuerdo binacional entre Argentina y Chile para erradicarlos.

Es una mañana fresca y nublada de diciembre en el extremo austral de la Cordillera de los Andes. La vista es poco menos que increíble: el cielo plomizo y algunos islotes en el horizonte tejen una amalgama de tonos grises, azules, celestes. De regreso al micro, atravesamos un bosque de lengas y coihues por un camino de ripio. Los demás integrantes del tour tienen entre treinta y setenta años, camperas alpinas y botitas de trekking. Tres parejas de Barcelona, otra de Málaga, un matrimonio de viejitos japoneses. Hay minoría de argentinos, y eso que es un tour en español. Micrófono en mano, la guía intenta ganarle con su voz al rugido del motor del micro mientras nos explica la historia de la provincia, sus comienzos como puesto de avanzada, los conflictos limítrofes.

—Eso sí, no hablemos mal de los chilenos que nuestro chofer es de Chile —dice, y lo señala con el dedo.

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Habíamos llegado al Parque Nacional Tierra del Fuego a bordo del Tren del Fin del Mundo, formación que recrea los últimos kilómetros del recorrido del “tren de los presos” que transportaba a los detenidos desde el antiguo Penal de Ushuaia. Subimos al vagón bajo una tormenta de aguanieve y tratamos de acomodarnos de la mejor manera, porque al ser un tren de trocha muy angosta los pasillos son prácticamente inexistentes. Detrás nuestro, unos canadienses fornidos a punto de terminar su tour sudamericano (últimas fechas: El Calafate y la ciudad que nos ocupa). Delante, tres alemanes jóvenes y otro grupete hablando en francés: una verdadera torre de Babel. Tras un silbato, el tren comenzó a avanzar a paso lento a través del Cañadón del Toro, el río Pipo y la cascada La Macarena, pero nuestra relativa soledad argentina disparó la pregunta: ¿Por qué uno de los lugares más preciosos del hemisferio sur, a tres horas de avión de Aeroparque, recibe más turistas europeos y norteamericanos que argentinos? Para la joven recepcionista de una hostería de la calle Gobernador Paz, una posible explicación está en los altos precios, los cuales a su vez son el resultado de vivir en una isla donde casi todo llega en barco o en avión. Mariano no cree que sea tan así. “Los empresarios te quieren cargar el flete y por eso le aplican un 40 por ciento al precio final. Para mí no debería ser más del cinco por ciento”, se queja.

 Mariano tiene 52 años y un negocio de ropa en la San Martín, la avenida principal de Ushuaia. Nació en Mar del Plata pero hace veinte años se vino al Sur, cansado de la falta de horizontes bonaerenses. El hombre conoce bien los rubros “remarcados” del fin del mundo: comer afuera (1.500 pesos una cena para dos, calcula), la carne, la fruta. “Y encima la fruta acá es peor porque tiene que viajar cinco días en camión. No puedo pretender tener un durazno como vos en Buenos Aires”, se resigna. ¿Cómo hacen los fueguinos para hacerle frente a este tipo de gastos?

—Los sueldos acá son altos, a mí un empleado me sale 53 mil pesos por mes y se llevan de mano 30 mil —explica. En efecto, muchos trabajadores (en especial los estatales y los empleados en fábricas, en comercio y en transporte) cobran un plus por “zona inhóspita” que compensa las distancias y el costo de vida. Mariano dice que ya no es tan inhóspita.

—No tenés verano, pero te acostumbrás.

 Guido es fotógrafo, hace seis años que vive en Ushuaia y dice que el invierno se banca. Eso sí: lo tira abajo la oscuridad.

—Lo más significativo es el tema de la luz. Amanece a las nueve y media de la mañana y oscurece a las cinco y media de la tarde. Se vuelve un poco deprimente.

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Un taxi de 160 pesos nos deja al pie del monte Martial, uno de los picos nevados que rodean la ciudad. No hay grandes multitudes ni carteles fastuosos: apenas un camino empinado y un puñado de puentes de madera que salvan los arroyos y el sonido del viento. El objetivo declarado es llegar al glaciar Martial, aunque si nos ponemos en chantas Zen podemos decir que en realidad la meta es el camino: al poco de ir subiendo uno puede darse vuelta y llenarse los ojos con las mejores vistas de la ciudad y el canal. O juntar en una botellita el agua purísima que baja desde el glaciar. O sacarse fotos en la base de la aerosilla abandonada mientras empieza a nevar y el camino empedrado se cubre de blanco. Completa la jornada un chocolate caliente en la casita de té ubicada en la base del monte, un lugar tan acogedor y pintoresco que avergonzaría al mismísimo Wes Anderson. La cuenta no supera a la de una merienda en la zona del Botánico porteño y, de quererlo, estaríamos a tiempo de caminar al aeropuerto para tomar el último avión a Buenos Aires. Va tomando forma la teoría sobre la falta de compatriotas: no está en el radar porque parece más caro de lo que es y más lejos de lo que queda. A contramano del fenómeno del turismo masivo, Ushuaia es una joya subexplotada.

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El regreso a la ciudad nos recuerda que Ushuaia también es una ciudad en crisis, con una amenaza latente: el cierre de las fábricas que producen televisores, microondas y equipos de aire acondicionado (esos miles de aparatos con la etiqueta naranja y azul y el albatros blanco: la bandera de la provincia). Si bien buena parte de los centros de producción están ubicados en Río Grande, todos en la isla temen el impacto económico de un recorte en la producción. El dilema es conocido: el gobierno nacional quiere bajar el impuesto interno para beneficiar a los consumidores, pero al costo de volver redundante buena parte de la producción industrial en la isla. “La aprobación de este proyecto significaría la disolución territorial de nuestra Provincia”, exclamó la gobernadora Rosana Bertone. A cambio de frenar los despidos y las suspensiones, el principal sindicato acaba de aceptar congelar los sueldos hasta 2020.

En Tierra del Fuego hay una máquina tragamonedas cada 101 habitantes, una cifra más cercana a las de Nevada o New Jersey que al promedio nacional. La principal sala de juego de Ushuaia, el Casino Club de Cristóbal López, es un edificio futurista de tres plantas que desentona con el resto del arquitectura del lugar y que desde su inauguración en 2010 (con recitales de Patricia Sosa y Ricky Maravilla) ofrece unas pocas mesas de paño: el resto, todo maquinitas. Los otros dos casinos de la ciudad están a menos de ocho cuadras de distancia y ya ni se preocupan en disimular su carácter de sala 100% tragamonedas. La timba es un problema social y hace siete años la capital fueguina se convirtió en la primera ciudad argentina en implementar un programa preventivo de ludopatía.

En Tierra del Fuego hay una máquina tragamonedas cada 101 habitantes, una cifra más cercana a las de Nevada o New Jersey que al promedio nacional. La principal sala de juego de Ushuaia, el Casino Club de Cristóbal López, es un edificio futurista de tres plantas que desentona con el resto del arquitectura del lugar y que desde su inauguración en 2010 (con recitales de Patricia Sosa y Ricky Maravilla) ofrece unas pocas mesas de paño: el resto, todo maquinitas. Los otros dos casinos de la ciudad están a menos de ocho cuadras de distancia y ya ni se preocupan en disimular su carácter de sala 100% tragamonedas. La timba es un problema social y hace siete años la capital fueguina se convirtió en la primera ciudad argentina en implementar un programa preventivo de ludopatía.

Después está la prostitución. En la década del noventa, cabarets como Tropicana, El Sheik, Black & White funcionaban en pleno centro, tolerados como un “servicio” al turista o a los hombres que bajaban de los barcos. Pero hace una década las denuncias contra los burdeles y las whisquerías comenzaron a tomar fuerza y en 2012 una serie de allanamientos terminaron con ese modelo de negocio. Algunos proxenetas recibieron condenas de prisión y a la municipalidad se le ordenó indemnizar a una de las víctimas de trata por su complicidad con estos locales, que contaban con protección policial y habilitaciones oficiales de la Dirección de Comercio. Así y todo, los fiscales que investigan los delitos de trata de personas aseguran que el negocio no desapareció sino que mutó hacia los “privados”.

Lección de los males subyacentes: Ushuaia es una ciudad segura para el turista porque muchos de sus problemas se expresan entre cuatro paredes.

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La hoja A4 está pegada sobre el vidrio de un bar en la avenida San Martín. “CREW AVAILABLE”, reza el título, seguido por una foto en escala de grises de Magda (35) y Przemek (36).

“Somos pareja (sic) de Polonia y buscamos oportunidad para trabajar o ayudar en un barco que vaya a la ANTÁRTIDA”, dice el texto, escrito en un inglés tipo Borat.

 La propuesta es bien directa. Los muchachos se mueren de ganas de conocer el continente blanco pero no tienen los cinco mil dólares per cápita que sale la excursión. A cambio del aventón antártico, Magda y Przemek detallan el tipo de laburos que podrían hacer: mozo, recepcionista, asistente de cocina, bartender. “Estamos abiertos a CUALQUIER TIPO DE PROPUESTAS”, insisten, y dejan un número de celular. ¿Ushuaia, fin del mundo? Los polacos recién están entrando en calor.

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El 80% de los jugadores compulsivos en la provincia son adictos a las tragamonedas

Son datos del Instituto de Lotería bonaerense. En el territorio gobernado por María Eugenia Vidal solo hay diez centros asistenciales con este foco y los especialistas piden mayores recursos para tratar este tipo de adicciones.

por Federico Poore
Chequeado, 17-01-2018

Desde este verano, los apostadores bonaerenses contarán con menos opciones para jugar en la Costa atlántica. La semana pasada, la gobernadora María Eugenia Vidal anunció el cierre definitivo de tres casinos (los ubicados en Necochea, Mar de Ajó y Valeria del Mar) y del bingo de Temperley, a los que se decidió no renovarles la licencia para operar. En paralelo, autorizó un llamado a licitación pública para la explotación de máquinas tragamonedas en casinos de la provincia.

La decisión deja a la Provincia de Buenos Aires con nueve casinos y 45 bingos, la mayoría ubicados en el Conurbano y en la Costa. Desde hace tiempo, la consecuencia social de este estado de situación son miles de bonaerenses jugadores compulsivos que en ocho de cada diez casos son adictos a las diferentes variantes de las “maquinitas” (tragamonedas y ruleta electrónica).

Si bien la Gobernación aseguró que “reforzará la asistencia” a las personas que padecen ludopatía o adicción al juego, los especialistas consultados por Chequeado piden mayor cantidad de centros de atención.

Cómo funcionan los centros

En septiembre de 2005, bajo la gestión del entonces gobernador Felipe Solá, comenzó a funcionar en la Provincia el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo, formado por un equipo de profesionales en salud mental que ofrece asistencia a los jugadores y a sus familias.

De acuerdo con datos provistos por el Instituto de Lotería de la Provincia a este medio, el programa lleva atendidas 7.724 personas por cuestiones vinculadas al juego patológico. Esto es así a pesar de que solo existen diez Centros Asistenciales en toda la provincia, ubicados en Avellaneda, Bahía Blanca, La Plata, Mar del Plata, Morón, Necochea, Olavarría, Pergamino, Tandil y Vicente López. “Esa situación provoca que quien se quiera tratar tenga que recorrer largas distancias si no encuentra uno cerca”, explicó el diario La Nación en esta nota.

En mayo de 2017, el gobierno de Vidal sugirió que derivaría las consultas por ludopatía de los diez Centros Asistenciales hacia los Centros de Prevención de Adicciones (CPA), que se encuentran más extendidos en la provincia y que dependen del Ministerio de Salud bonaerense. “La idea es que los CPA vayan absorbiendo a los centros de ludopatía”, dijo por entonces Juan Martín Malcolm, vicepresidente del Instituto.

La medida fue resistida por los trabajadores de los centros, ya que los CPA “lamentablemente vienen con muchas falencias respecto a infraestructura y operatividad”, explicó Ezequiel Navarro, secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de General Pueyrredón. En el mismo sentido se expresó el Observatorio de Adicciones y Consultas Problemáticas de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, que en su informe de 2017 aseguró que los CPA se encuentran “desbordados, producto del crecimiento exponencial de adictos al paco y la pasta base, y otras sustancias tóxicas” y que “varias unidades (sedes) ni siquiera funcionan”.

Ante la consulta de Chequeado, Malcolm aseguró que “jamás se habló de cerrar los centros de atención” y que la idea, por el contrario, es “tener más bocas de atención en la Provincia”, logrando así una mayor cobertura territorial. En la misma línea se había expresado el presidente del Instituto, Matías Lanusse, durante la Tercer Clínica del Juego Compulsivo que se desarrolló en Buenos Aires en septiembre.

Malcolm explicó que el organismo incorporó información sobre ludopatía al programa “El estado en tu barrio” en Morón, La Plata y Mar del Plata, y que el Instituto se propone capacitar a los profesionales de los CPA para que también puedan atender a ludópatas. Además, se buscará ampliar el horario de atención de la línea de ayuda 0-800-444-4000, que actualmente funciona de 8 a 20 horas.

Para Walter Martello, defensor del Pueblo Adjunto bonaerense, estas medidas son insuficientes. “Teniendo en cuenta los altos porcentajes de consultas y las encuestas realizadas por instituciones y organismos públicos, deberían volcarse más recursos a la atención de la ludopatía”, dijo ante la consulta de este medio.

Martello también lamentó que las únicas estadísticas oficiales sobre juego compulsivo provengan de las personas que consultan la línea telefónica para ludópatas y, por extensión, la falta de relevamientos territoriales “que permitan determinar la complejidad del fenómeno, discriminando aspectos zonales, regionales y radios de influencia de las salas” (ver Recuadro II).

Débora Blanca, psicóloga especialista en ludopatía y autora del libro La adicción al juego, ¿no va más?, dijo a este medio que el programa de los Centros Asistenciales “funciona bien y es absolutamente necesario para muchos familiares (de adictos al juego), que si no tienen atención gratuita quedan muy complicados”, y que lo ideal es “propiciar lugares de tratamiento bien específicos” en lugar de hacer foco en centros asistenciales generales.

“El jugador compulsivo gracias si pide ayuda en un lugar específico de ludopatía, no va a ir nunca a un centro de adicciones en general porque no se identifica con el toxicómano”, ilustró.

El juego más adictivo: las máquinas tragamonedas

De acuerdo con datos del Instituto de Lotería bonaerense, el 65% de las personas asistidas entre 2005 y 2017 llegaron por problemas con las máquinas tragamonedas (5.022), cifra que asciende a más del 79% si se suman los adictos a la ruleta electrónica (1.050) y al hipódromo electrónico (64). Es decir que ocho de cada diez ludópatas bonaerenses son adictos a las diferentes variantes de las “maquinitas” y no a los juegos bancados como la ruleta o las cartas.

Por otra parte, el 90% de los jugadores compulsivos son empleados, el 5% jubilados y el 2% amas de casa. Siete de cada diez ludópatas tiene deudas y la mitad asiste diariamente a una sala de juego.

La Gobernadora cumplió hasta ahora con su promesa de no permitir ni una sola máquina más. No obstante, la semana pasada, al tiempo que promocionaba el cierre de cuatro salas, Vidal también anunciaba un llamado a licitación para que empresas privadas puedan continuar explotando el parque de tragamonedas en casinos bonaerenses por 20 años más, negocio que hoy se encuentra en manos de la empresa Boldt.

El pliego de condiciones que acompaña al Decreto Nº 944 firmado por Vidal incluso exige una cantidad mínima de máquinas tragamonedas por casino y establece que, “en caso de requerirse incrementar la cantidad de máquinas electrónicas de juegos de azar”, el adjudicatario “deberá contar con la previa conformidad del Instituto”. Según informó el Instituto, existen 22.400 máquinas tragamonedas en bingos y casinos de la provincia de de Buenos Aires, el doble de máquinas que en todo Chile.

Entrevista en Telefe Noticias



Entrevista en Telefe Noticias analizando los anuncios de la gobernadora María Eugenia Vidal, que ordenó no renovarle la licencia a tres casinos y un bingo en provincia de Buenos Aires.

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Time runs out for Cristóbal López

por Federico Poore
Buenos Aires Times, 23-12-2017

Gaming tzar Cristóbal López, one of the most feared businessmen in Argentina, is likely to spend Christmas in jail.

The 61-year-old business leader, who has close ties to former presidents Néstor and Cristina Fernández de Kirchner, turned himself to federal authorities on Thursday after a judge ordered his arrest on charges of fraud and tax evasion.

Hours earlier, his business partner Fabián de Sousa had also been arrested and jailed, while the former chief of the AFIP tax bureau, Ricardo Echegaray, was charged but not arrested.

According to Federal Judge Julián Ercolini, López and de Sousa set up a tax evasion structure that allowed them to forgo some eight billion pesos (some US$450 million) in debt owed to the state. The missing funds come from the ITC gas tax, which relates to their energy company, Oil SA.

The weeks building up to López’s arrest were marked by desperation. The tycoon had engaged in secret negotiations with President Mauricio Macri’s judicial operators in order to find an agreement, according to two sources familiar with the case.

When he failed, the businessman tried to sell off his stake in media companies — first to Orlando “Orly” Terranova, a man who once ran as a candidate for Macri’s political party, and then to Ignacio Rosner, a man who worked for the business group long owned by Franco Macri, the president’s father. But despite his best efforts, López could find no way out of the crisis. Time, it seems, had run out.

FIRST PATAGONIA, THEN THE (GAMBLING) WORLD
Cristóbal Manuel López was born in 1956 in Buenos Aires, but grew up in Rada Tilly, a dry and windy city in the southern province of Chubut. His parents owned Patagonia’s largest transport and forage company, but both died in a car accident when Cristóbal was only 18. “After my parents died I took over the family business. Working is all I’ve done ever since,” he said in a 2008 interview with Clarín.

In truth, he ran his businesses as a contractor for oil giant YPF and added new ones, most of them as a government contractor.

López’s career as a casino tycoon began in Chubut in the 1990s, when gambling activity regulations were decentralised and transferred to the provinces. Local governments started to promote the industry as a key source of revenue. López’s network of casinos and bingo halls soon expanded to La Pampa, Misiones and Mendoza, as his negotiations with political powers resulted in gaming licences, tax exemptions and other favours.

But his fortunes would improve even more after meeting Néstor Kirchner.

López said the first time he first met the former president was through Julio De Vido, the powerful ex-Planning minister who is now in jail on corruption charges. Kirchner, a Peronist leader from the southern Santa Cruz province, won the presidential elections in 2003, the same year López was awarded three casino licences in Santa Cruz.

By 2007, López had established himself as the country’s pre-eminent gaming mogul, as the head of the Argentine company Casino Club. He purchased a stake in the controversial floating casino of Puerto Madero and partnered with racetrack businessman Federico de Achával to operate 4,500 slot machines at Hipódromo de Palermo (as a comparison, the MGM Grand Casino, Las Vegas’ most popular gaming hall, has 3,700.)

The businessman’s ties with the president were paying off – it was Kirchner who signed a much-criticised decree allowing López to expand his gaming terminals just a week before handing power to his wife, Cristina Fernández de Kirchner. The decree also extended the business leader’s contract to exploit the Palermo racetrack until 2032. Needless to say, these decisions did not go down well with his immediate competitors.

“He’s not a businessman. He just manages privileges,” one of his rivals in the gambling industry said.

TO THE LIMIT
By the turn of the decade, López was at the top of his political game and, once again, he used his power to expand and push his business interests into other areas. In 2012, his Grupo Indalo company — the management of which has been mostly overseen by De Sousa — bought cable news channel C5N and Radio 10. He followed suit purchasing a number of popular FM stations, including Mega 98.3, Pop 101.5, Vale 97.5 and TKM 103.7, and signing an alliance with popular TV host Marcelo Tinelli.

A multimedia empire was born, perhaps too quickly for an executive with no experience with media outlets.

Expansion continued. Three years later, López’s group purchased a 60-percent stake in Grupo Ámbito, the publisher that owned Ámbito Financiero, the Buenos Aires Herald and the daily El Ciudadano of Rosario. He also bought El Argentino, a free-sheet, and the CN23 cable news channel from Kirchnerite media mogul Sergio Szpolski.

Amid widespread fears of job cuts, Francisco “Paco” Mármol, Grupo Indalo’s institutional director, promised journalists that the purchases was made with the intention of “empowering” those media outlets. But by 2017, less than two years after López’s allies in the Casa Rosada had made way for President Mauricio Macri’s administration, El Ciudadano and the Buenos Aires Herald — a newspaper with 141 years of publishing history — were shut down at very short notice, and dozens of reporters lost their jobs overnight.

It was just the beginning. Grupo Indalo then closed El Argentino and almost CN23. Reporters at Ámbito Financiero began to face lengthy delays in payments of wages. Those laid off at firms across the group saw their severance payments inexplicably cut off.

It was terrible management of a huge media empire: a constant disdain for journalism, with executives yielding to political pressure — and editors, reporters, photographers, designers having to cope with it day after day.

THE FALL
In a wide-ranging interview months with Perfil before his own arrest, De Sousa told journalist Jorge Fontevecchia that the media expansion of the business conglomerate was funded, at least partially, through the money it “saved” by kicking taxes down the road. It was a public acknowledgement of the charges levelled against López and his business partner.

“It could be said that part of the financing we used to pay for Ideas del Sur and (...) Ámbito Financiero [was] the deferment of payment of one our taxes,” said De Sousa.

This “deferment” was, according to Judge Ercolini, an outright fraud orchestrated by López with the consent of the AFIP tax bureau.

The case that brought Cristóbal López down goes as follows: Oil Combustibles, one of the tycoon’s many energy companies, owns 300 petrol stations across the country. By law, 26 percent of all petrol sales are destined for the AFIP. Oetrol stations act as intermediaries to collect the tax.

The judge in charge of investigating the case has said AFIP officials from the Cristina Fernández de Kirchner administration — including its chief, Echegaray — “failed to do things so that those funds were withheld, refinanced or given another purpose, but were not paid to the AFIP.”

López, it seems, read the writing on the wall. Of late, many of his movements have been seen as a flight forward, an awareness of the terrain shifting below his feet. In 2015, Grupo Indalo had become a majority stakeholder in the Finansur Bank, but López later tried to sell it back to a small-sized financing firm called Grupo Fiorito, a move that was ultimately rejected by the Central Bank. This strange manoeuvre was followed by him reportedly moving away from the casinos.

Two unsuccessful attempts to sell his media companies to businessmen close to Mauricio Macri came next, as the group’s workers faced rising uncertainty over their own futures. Like a scene out of The Sopranos or Goodfellas, the race against the clock for this obsessive and ruthless businessman has ended in a federal penitentiary. Cristóbal López, the millionaire who turned billionaire thanks to the favours he received from Kirchnerite politicians, is now behind bars. And he has a lot of explaining to do.


Radiografía de las armas en Argentina

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó la prórroga del Programa de Entrega Voluntaria de Armas hasta 2019. ¿Cuántas armas legales hay, quiénes las tienen y cuáles son las falencias del sistema?

por Federico Poore
Chequeado, 23-11-2017

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó hoy la ley que establece la prórroga del Programa de Entrega Voluntaria de Armas hasta el 31 de diciembre de 2019. La iniciativa permite la entrega anónima de armas a cambio de una suma de dinero (alrededor de $1000) y tiene como objetivo desarmar a la sociedad.

Pero, ¿cuál es la situación de las armas hoy en la Argentina?

En nuestro país rige desde 1973 la Ley Nacional de Armas y Explosivos. Allí se detallan las diferentes categorías de armas de fuego, que pueden ser utilizadas con ciertos permisos, y se prohíben las automáticas para el uso de civiles. La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) -un ente descentralizado que funciona desde 2015 enel ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, también conocido como el ex RENAR- se encarga de aplicar y fiscalizar el cumplimiento de esta ley.

Actualmente existen en nuestro país 1.562.332 armas registradas ante la ANMaC, de las cuales el 84% pertenecen a civiles, según datos oficiales. No existen estadísticas sobre la cantidad de armas ilegales que circulan, pero -según una investigación publicada por Chequeado– la propia Agencia estima que en el mercado negro hay otro millón y medio de armas. Evaluaciones del sector civil dicen que hay cuatro millones.

De acuerdo con un trabajo del politólogo Diego Sanjurjo, investigador predoctoral del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, el arsenal civil de armas pequeñas en la Argentina asciende a 3.600.000 armas de fuego, lo cual da una tasa de posesión civil de 8,8 armas cada 100 habitantes, superior a la de Brasil (8,6) y Bolivia (2,5) aunque sorprendentemente inferior a la de Uruguay (32,6) y Chile (10,2).

¿Quiénes manejan estas armas?

Para poder tener un arma de manera legal se debe tramitar ante la ANMaC la Credencial de Legítimo Usuario (CLU), una suerte de carnet. El costo de este trámite arranca en los $800: la licencia demora entre 60 y 90 días y tiene una validez de cinco años. La credencial es obligatoria para aquellos que realicen actividades vinculadas con disciplinas de tiro (deportivo o de caza) y para todas aquellas personas que, aún sin poseer un arma propia, manejen armas de terceros.

Para obtener la CLU, se debe cumplir con los siguientes requisitos: no tener antecedentes penales, acreditar un medio lícito de vida, presentar un certificado de aptitud de tiro, otro de aptitud física y obtener un certificado de aptitud psicológica.

En 2016, según los últimos datos oficiales disponibles, había en la Argentina 989.993 usuarios legalmente registrados. Se trata de un aumento del 2% con respecto a 2015, mientras que en los dos períodos anteriores (2015-2014 y 2014-2013) la suba había sido aún mayor, de 14 y 9%, respectivamente.

“Somos muy restrictivos”, dijo a Chequeado Natalia Gambaro, directora ejecutiva de la ANMaC desde que Mauricio Macri llegó a la Presidencia. “En 2016 se emitieron 73 permisos de portación de armas de fuego que tienen un año de vigencia, es decir, una vez finalizado, si quien solicita la portación quiere renovar la autorización debe presentar nuevamente ante la Comisión de portaciones los motivos que justifican que tenga la habilitación para portar un arma”. En años anteriores, según cifras oficiales de la ANMaC, se habían emitido cifras mucho mayores.

Vale la pena destacar que, a diferencia de la tenencia, los permisos de portación permiten “disponer, en un lugar público o de acceso público, de un arma de fuego cargada, en condiciones de uso inmediato”, de allí que este tipo de autorizaciones sean de carácter restrictivo.


En lo que va de 2017, y según datos del Portal de Datos Abiertos del Gobierno nacional, la ANMaC recibió 28.533 solicitudes de autorización de portación. El mes con menos solicitudes fue febrero (1.865 pedidos), mientras que el máximo se registró en agosto (4.202). No existen datos oficiales de este tipo para los años anteriores.

Gambaro agregó que se puede denunciar en forma anónima los motivos por los cuales un solicitante no debería recibir la autorización (llamando al 0-800-666-4378) y precisó que existen convenios con los Ministerios Públicos Fiscales de varias provincias para restringir el acceso a las armas a aquellas personas involucradas en procesos penales relacionados con violencia de género.

“La afirmación de que los requisitos para ser legítimo usuario, tenedor o portador, de armas de fuego es bastante restrictivo es relativa a con qué se la compare”, explicó a Chequeado Tobías Schleider, investigador de la Universidad Nacional de Mar del Plata y del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED). “En nuestra región, los requisitos deberían ser aún más restrictivos por varias razones. La principal, porque la primera fuente de aumento de la porción ilegal del mercado de armas es la porción legal: la casi totalidad de las armas de fuego tienen un origen dentro de las normas y una parte de ese conjunto se desvía a la ilegalidad por negligencia, corrupción o contrabando”.

Psicofísicos

En mayo de este año, efectivos de la Policía Bonaerense y de la Ciudad allanaron la lujosa casa en Nordelta de Alejandro Radetic, un piloto que había corrido picadas a 240 kilómetros por hora por la Avenida 9 de Julio. Como en el caso del arsenal encontrado en un supermercado del empresario Alfredo Coto en Caballito o en el ex director de Inspecciones del Municipio de Malvinas Argentinas, Néstor Berardozzi -quien fue detenido luego de que se le encontraran más de 90 armas en la casa de su madre-, el operativo derivó en el hallazgo de pistolas, fusiles y hasta réplicas de ametralladoras. El dato más alarmante fue que todas estaban inscriptas de manera legal. ¿Cómo? En 2006, un deportólogo (sic) había certificado su aptitud psicológica para manejar armas.

Tras detectar “una enorme cantidad de irregularidades que incluyeron denuncias penales
y certificados apócrifos”, la ANMaC anunció que avanzaría con un nuevo sistema en el que las únicas instituciones a cargo de los estudios psicológicos sean empresas de medicina laboral autorizadas por el Estado nacional. El sistema también prevé la identificación biométrica del postulante y la creación de un registro de inaptitud, con inhabilitación para volver a tomar el examen por seis meses a quienes no lo hayan superado.

“El Sistema Único de Emisión de Certificados Psicofísicos ya se encuentra funcionando en Capital, en la Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, las provincias con mayor cantidad de usuarios y armas”, dijo a este medio Gambaro, y agregó: “La implementación se continuará haciendo de forma progresiva hasta tener total cobertura geográfica nacional a fines de este año”.

Schleider, quien además es consultor internacional en seguridad ciudadana, sostuvo que incluso si el apto médico no se falseara en ningún caso, los controles actuales distan de ser suficientes. “En los sistemas comparados más serios, los requisitos son mucho más estrictos, porque se entiende que tener un arma (aún para los miembros de las fuerzas de seguridad) es una facultad extraordinaria que sólo en casos excepcionales puede concederse a ciertas personas que justifiquen su necesidad y su capacidad especial a esos efectos”, concluyó.

Kirchnerites, the Judiciary and the balance of power

Over the past 18 months, a number of high-profile officials from Kirchnerite administrations have found themselves passing through the doors of the Comodoro Py federal courthouse. Warrants and arrest orders now being issued by the dozens, often on cases that have laid dormant for years. But why is the Judiciary only picking up the pace now? Why has it taken so long? And what does this say about Argentina’s justice system?

por Federico Poore
Buenos Aires Times, 18-11-2017


The picture of a nine-storey building sums it all up. The federal courthouse, located on Comodoro Py Avenue near the port area of Buenos Aires, is for many the symbol of impunity and shady dealings.
Over the last year and a half, a number of high-profile officials from the Kirchnerite administrations that ruled the country for 12 years have found themselves passing through its doors. Some of them – including vice-president Amado Boudou and Julio De Vido, the powerful Federal Planning minister from 2003 to 2015 — have been arrested on corruption and embezzlement charges.
Many of the cases that have brought these figures before the courts had laid dormant for years, however. So why are they only picking up speed now? With arrest orders against officials and figures linked to former president Cristina Fernández de Kirchner being issued by the dozens, the obvious question emerges: is the Judiciary only rolling into gear because of the new political winds of Argentina?
“The Comodoro Py courthouse has always moved against officials who had already left their posts,” Natalia Volosin, a J.S.D. candidate at Yale Law School, told the Buenos Aires Times. “They do so because they lack institutional incentives to act otherwise.” Volosin sees problems in the system that sparks such actions. “The way judges and prosecutors are appointed, the way they’re removed from their posts, the lack of real-time control — none of this encourages them to investigate powerful politicians and business leaders,” she said.
At the moment, there are almost no open cases against officials of the ruling Cambiemos (Let’s Change) coalition. In April, Federal Judge Sebastián Casanello closed the money-laundering investigation derived from the Panama Papers revelations into President Mauricio Macri. A month later, an appeals court cleared the head of the Federal Intelligence Agency (AFI), Gustavo Arribas, from all charges after he was accused of having received some US$600,000 via middlemen linked to the disgraced Brazilian construction firm Odebrecht.
A study by fact-check website Chequeado, based on 59 corruption cases involving government officials who served from 1995 to 2016, revealed that almost 60 percent had been indicted or sentenced. But in an overwhelming majority of cases (91 percent), a sentence was imposed only after the official has left his position.
The report was based on informationby the Centre for Judicial Information (CIJ) and the Civil Association for Equality and Justice (ACIJ). The latter last year launched an “Observatory for Corruption Cases” that helps to point out the “lack of progress in the Judiciary” regarding cases of misconduct and fraud.
Fernando Bracaccini, who coordinates the Strengthening of Democratic Institutions area at ACIJ, said there is evidence of “collusion between political power and federal judges,” a relationship mediated by the shadowy world of the intelligence services.

THE WHEAT FROM THE CHAFF
Gustavo Arballo, a constitutional law professor at the University of La Pampa, told the Times that judges are not always to blame for this situation.
“Judges can only move forward once they receive a complaint or that evidence shows up, and sometimes these accusations appear only once the person has stepped down from office,” he said.
But even when a magistrate is undoubtedly acting to adapt to the new political landscape, one needs to determine which kind of “error” is it.
“A ‘false positive’ mistake would imply that judges are now wrong because they’re deciding on cases without sufficient evidence, a move we would typically call a ‘witch hunt,’” Arballo said. “On the other hand, a ‘false negative’ would imply that judges were wrong before, when they failed to move forward with cases despite strong evidence, but that now they’re simply doing the right thing.”
Of course, it is possible that both mistakes can be present at the same time: deliberate delays in order not to take on a powerful government, followed by overreactions to make up for those omissions. “In this sense, today’s hyperactivity can be the consequence of yesterday’s inaction,” he added.
His definition seems like an accurate description of how Comodoro Py works. A prime example is what happened with Boudou: the case against him was opened in 2012, but there were no major developments over five years until this month Judge Ariel Lijo suddenly decided the former official was a flight risk and ordered his arrest.
That same week, the conservative City Bar Association (CACBA) had accused Lijo of “excessive delays” in his cases.

SOURCE OF THE BRIBES
A second issue, as important as the first, has to do with the fact that while several former Kirchnerite officials are being arrested for corruption, little is being said about the business people who bribed them.
“There are tools set by law to take action against corrupt companies but they are not taken into account,” Volosin points out.
The expert, who specialises in political corruption, gave the example of asset recovery. “In cases of drug-trafficking or money-laundering, the Penal Code allows judges to forfeit property linked to crime that benefits a company linked to the person being prosecuted. But judges aren’t keen on adopting such measures,” she said. “They simply act as if the law didn’t exist.”
Arballo concedes that the private sector’s motivations for corruption is under less scrutiny and that the question of who paid for the bribes is often left unanswered. But he finds structural reasons that help to explain the fixation on the officials accused of wrongdoing.
“In some corruption schemes, a case is opened under illicit enrichment (enriquecimiento ilícito), which focuses on an increase in the wealth of a public official and not on the illicit origin of those funds,” the lawyer said. “It may seem practical and convenient to avoid investigating the person who paid the bribe and to focus on the official who received it.”
There are cases, however, in which businessmen have sat in the dock or were sentenced to prison (apart from the case of public works tycoon Lázaro Báez, a staunch Kirchnerite). In late 2015, Claudio Cirigliano, the businessman who used to run the concession for Trenes de Buenos Aires (TBA), was sentenced to nine years in jail in the trial for the 2012 Once railway station tragedy that killed 50 people and a pregnant woman. Last month, Roberto Dromi, a former Carlos Menem-era official, was called in for questioning for his role as business consultant in a case that investigates illegal maneouvres for the importing of natural gas.
Also this year, executives of Brazilian giants Odebrecht and Camargo Correa as well as representatives of Argentine construction firms Roggio, Esuco, Supercemento and Cartellone Construcciones were called to give testimony before Judge Casanello in a fraud case involving the expansion of a water treatment plant and the construction of a water purifying plant in Greater Buenos Aires. The scandal is one of the reverberations from the Lava Jato investigation that began in Brazil, where the rewards for whistleblowing include sharply reduced the prison sentences for businessmen.
Last year, the Argentine Congress approved a law which allows a sentence reduction negotiated by the prosecutor with the “repentant” individual in exchange for relevant information regarding corruption cases.
While the “repentant” figure already existed in some statutes for a few crimes, the law — a nod to the OECD, which the country wants to join — made it a part of the Criminal Code and extended it to corruption related offences such as bribery.
Since its entry into force is still very recent, the value of this law is yet to be seen.
Be that as it may, the system still needs a reform.
“It’s not that we have bad judges and prosecutors. The problem is that under this model, not even the independence of ‘honest’ magistrates is guaranteed,” Volosin concluded.

El negocio de vender comida a clientes preocupados por precio y salud

Comida saludable y barata es el lema de la disputa entre Unilever, Nestlé y Mondelez.

por Federico Poore
Revista Noticias, 17-11-2017

Que la reactivación no llegó a todos los sectores es algo sabido en los círculos empresarios. Sin embargo, el desafío es particularmente agudo para las grandes empresas de alimentos, que desde hace un año y medio están lidiando con uno de las categorías que más cayó desde la llegada de Mauricio Macri a la presidencia: el consumo masivo.

El quiebre de tendencia parece haber sido entre agosto y septiembre pasados. Según datos de la consultora Kantar WorldPanel, los supermercados y autoservicios cerraron el tercer trimestre del año con una suba del 1%, lo que desaceleró la caída en las cifras de consumo masivo que se ubicó en torno al 2% en los primeros nueve meses del año. ¿Los motivos? Un combo de mejores expectativas económicas, desaceleración de los precios (aunque en estado de alerta tras las preocupantes cifras de inflación de septiembre y octubre) y acciones fuertes por parte de supermercados y marcas.

“Empezamos a ver, dependiendo de las categorías, un quiebre de tendencia en la segunda mitad del año”, explica Jorgelina Racciatti, vicepresidente de marketing de alimentos y bebidas de Unilever para el Cono Sur. “En nuestros negocios tomamos los cambios en el consumo como una oportunidad para hacer relevantes nuestros portfolios de marcas para estimular el consumo en los diferentes segmentos”.

La empresa angloholandesa detrás de marcas como Hellmann’s, Knorr, Lipton, Savora y Cica no la tiene fácil: enfrente tiene a un nuevo perfil de consumidor argentino “hiperracional, que compra lo estrictamente necesario, prioriza el precio, no desperdicia, camina, compara, adquiere nuevas marcas si son más económicas y no se deja engañar por ofertas”, según definió en septiembre pasado la consultora BACanal en un informe privado.

Pero Raciatti no se deja asustar: “Tenemos varias crisis en nuestro haber, entre ellas, la más profunda, en 2001. Nuestra estrategia frente a los contextos complicados para los consumidores es la de adaptarnos muy rápido, y utilizar el portfolio completo de marcas con las que Unilever cuenta en cada categoría, para poder estimular el consumo en las distintas partes de la pirámide”. Unilever no ceja en atender las necesidades del consumidor en los segmentos donde el precio es una variable sensible y dice tener la habilidad para ecualizar cada una de las marcas para salir más fortalecidos de los momentos de nivel bajo de consumo como el actual.

Mondelez, compañía norteamericana responsable de marcas como Milka, Oreo, Cerealitas y Club Social, también viene siguiendo de cerca este nuevo perfil de compradores. “Somos conscientes de que el consumidor es más racional y no por eso cambia las marcas que eligió toda la vida, sino que, por el contrario, exige más de ellas”, dice Sebastián Delgui, director de asuntos corporativos y gubernamentales de Mondelez para el Cono Sur. “Ante esta tendencia, desde Mondelez International nos enfocamos en potenciar la fortaleza de nuestras marcas para que los consumidores nos sigan eligiendo, más allá de las promociones, ofertas o segundas marcas”, detalla.

La empresa con sede en Illinois, que el año pasado facturó 660 millones de dólares en el Cono Sur, también empieza a ver la luz al final del túnel recesivo en el consumo argentino. “En la segunda mitad del año hemos identificado un repunte general de las ventas que está repercutiendo positivamente”, dice Delgui.

En la suiza Nestlé son aún más optimistas. Leandro Bel, gerente de comunicaciones externas y asuntos públicos, cree que si bien algunas categorías presentan un mayor crecimiento que otras, en líneas generales la empresa está transitando “un buen 2017” y aumentando market share a nivel nacional en un mercado que en buena parte se reparten gigantes como las locales Arcor y Molinos, Unilever, Nestlé y Mondelez.

Vida sana
Incluso en contextos de crisis, la competencia entre marcas no es solo por mejores precios. En el caso de este sector, asegura Bel, parte de las nuevas exigencias del consumidor tienen que ver con la buena alimentación. “Hay tendencias claras como mirar cada vez más las etiquetas y estar atento a los ingredientes que componen el producto”, dice el representante de Nestlé. “Este año lanzamos Nesquik 25% menos azúcar, barras de cereal Nesfit, con cereal integral como primer ingrediente, y Nido deslactosada, la primera propuesta 0% lactosa, un segmento en pleno crecimiento.”

La gran apuesta para 2018 es desarrollar un portfolio sustentable, algo que está en los planes de muchos de los gigantes de la alimentación. “Estamos introduciendo los caldos Knorr con 25% de reducción de sodio, algo que requirió un gran desarrollo de la receta para no afectar el sabor”, explica Raciatti, y agrega: “Es un paso más en un camino sustentable que venimos transitando desde 2009”.

Por medio de estas estrategias, Unilever espera tener un año “establemente positivo” en la Argentina con un ojo puesto en la frecuencia en el uso de los productos, mientras que en Mondelez se muestran optimistas de que los niveles de consumo sigan mejorando como en la segunda mitad de 2017. Para Nestlé, se trata de un contexto cada vez más desafiante, a tono con el informe de BACanal que detalla un consumidor argentino que “hace cuentas, prueba marcas, anota los gastos de manera minuciosa y se considera mejor administrador por buscar la opinión y la recomendación de otros”.